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iniciativas en la lucha anticorrupción
La
corrupción es un cáncer que amenaza la propia existencia de la democracia. Involucra
a funcionarios públicos, por un lado, y a individuos o corporaciones del sector
privado, por otro. El enriquecimiento indebido de éstos resulta de actos
ilícitos como soborno, lavado de dinero, fraude, malversación de fondos
públicos. Todo disfrazado con ropaje de legalidad que garantiza la impunidad.
La
corrupción erosiona los valores y las prácticas republicanas e infecta sus
instituciones, incluyendo la división de poderes y el sistema de pesos y
contrapesos, la administración de justicia y el sistema electoral, y le quita
recursos al Estado para promover el desarrollo económico y reducir la pobreza.
En
algunos países, la corrupción también amenaza la libertad de prensa y la
independencia judicial, y viola los derechos humanos de los que la investigan
-como periodistas, políticos de oposición y jueces-.
En
la Argentina, los medios de comunicación y las redes sociales revelan casi
diariamente su omnipresencia. Investigaciones periodísticas y numerosas causas
judiciales han develado múltiples redes y prácticas corruptas, así como
complejas maniobras ilícitas de sectores políticos/electorales, judiciales,
empresariales, financieros y comerciales, deportivos, sindicales, militares,
servicios de inteligencia y seguridad, y hasta de entidades religiosas. Inclusive
hasta el crimen organizado y el terrorismo internacional se encuentran
involucrados.
Para
peor, la impunidad alcanza a un extraordinario: 90% de los casos que llegan a
la Justicia.
La
corrupción es un problema complejo de cultura cívica/política (conjunto de
valores, actitudes y prácticas de la sociedad y la política). En la lucha
contra ella, no hay soluciones mágicas que surjan de una sola decisión y
produzcan un cambio definitivo de un día para otro. Su erradicación requiere de
un largo proceso de enseñanza y aprendizaje de valores y prácticas como la
responsabilidad, la ética, la probidad, la transparencia, la rendición de
cuenta, socializados a través del hogar y la familia, el sistema educativo, la
iglesia, los clubes sociales y deportivos y los partidos políticos y otros.
A
mediano y corto plazo, más allá, obviamente, de la aplicación de la ley
existente, del nombramiento del jueces y fiscales probos, de la aprobación de
nuevas leyes o de derogación de otras como el fuero legislativo, es de considerar
nuevas formas alternativas de lucha contra la corrupción, más radicales, más
audaces, con el apoyo de organismos internacionales, como lo han hecho
Guatemala y Honduras.
En
Guatemala, en 2006, se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad y
Corrupción (CICIG) tras un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno,
ratificado por la Corte de Constitucionalidad y el Congreso Nacional. Su
propósito es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras
instituciones de la Justicia en la investigación de cuerpos ilegales de
seguridad y de los delitos cometidos por sus integrantes, y en la persecución
penal y desarticulación de tales grupos.
Según
su Informe (2017-2108) se judicializaron 16 casos en las áreas de Corrupción
en la Administración de Justicia, Corrupción en el Congreso y Financiamiento
Ilícito de Campañas. Quizás su más llamativo logro fue la desarticulación del
grupo criminal conocido como “La Línea”, que incluye al ex presidente Otto
Pérez y su vicepresidente, Roxana Baldetti, quienes tuvieron que renunciar y se
encuentran encarcelados.
En
enero de 2016, la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Honduras
constituyeron la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH-OEA). Sus objetivos incluyen: (1) apoyar al Estado hondureño
en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la Convención
interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción; (2) fortalecer y colaborar con las
instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar, y sancionar actos
de corrupción, como la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la
Impunidad del Ministerio Público; (3) contribuir a mejorar la coordinación
entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en la materia; (4)
proponer al gobierno reformas judiciales para fortalecer el combate a la
corrupción; y (5) contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de rendición
de cuentas de los órganos de Justicia del Estado. Sus informes señalan logros
en áreas delictivas como el fraude administrativo, el abuso de autoridad y la
violación de deberes de funcionarios públicos.
El
gobierno de Ecuador ha anunciado su intención de crear una Comisión similar a
la de Guatemala o Honduras, cuya función sería asesorar a los organismos
nacionales pertinentes para la detección, investigación y judicialización de
casos de corrupción.
En
este mundo cada vez más interdependiente y globalizado, la corrupción es un fenómeno,
como tantos otros, complejo e inter-méstico (parte internacional y parte
doméstico), con orígenes y destinos geográficos variados (ver la Convención
Interamericana contra la Corrupción, 1996). No es solamente un mal nacional que
socava las instituciones democráticas, el estado de derecho y los derechos
humanos, sino que también es transnacional y amenaza todas las democracias del
continente. Por ello, su disminución y erradicación requiere la cooperación
internacional; requiere de una solución alternativa, no convencional con la
colaboración de la comunidad internacional.
¿Tendrá
la dirigencia política argentina el coraje político para crear en el país una
Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad como las
mencionadas, para emprender una lucha efectiva contra la corrupción? ¿O
levantarán la bandera del principio de soberanía absoluta, hoy anacrónico, para
dejar las cosas como están?
Rubén
M. Perina es consultor internacional y ex funcionario de la OEA. Profesor en la George Washington University.
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