Tribuna
Clarin
Se necesita algo más para desalojar al dictador
Maduro. Pero las consecuencias domésticas e internacionales de una
invasión militar a territorio venezolano serían imprevisibles.
22/09/2018
·
Opinión
Ya nadie duda que Venezuela se encuentra bajo una
dictadura militar, presidida por Nicolás Maduro. Los devastadores informes de
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y de la Comisión Inter-Americana de
Derechos Humanos (CIDH) han confirmado extensamente el desmantelamiento del
orden democrático, la violación de los derechos humanos, la represión,
persecución, encarcelamiento y asesinato de miembros de la oposición y de la
prensa libre. También han expuesto la calamitosa crisis humanitaria que azota
el país, por falta de medicinas, alimentos y servicios elementales, que ha
producido un desgarrador éxodo de más de 2 millones de venezolanos --resultante
ello del colapso económico y financiero del estado venezolano. Tampoco es un
secreto que el fallido estado está copado por el narcotráfico, la corrupción y
el lavado de dinero, y que al régimen lo sostiene la inteligencia cubana, el
apoyo militar y financiero geo-estratégico de China y Rusia, y, por supuesto,
la cúpula militar insertada por todo el régimen.
En el frente diplomático, gracias al liderazgo del grupo
de Lima (los 14 países más importantes de América Latina) y del Secretario
General de la OEA, se ha observado una importante demostración de
no-indiferencia con la trágica situación en Venezuela y de solidaridad con su
pueblo. En junio pasado, en la Asamblea General de la OEA, la mayoría de los
Estados miembros adoptó una Resolución que le recuerda a Maduro que su elección
de 2017 carece de legitimidad y que ha alterado el orden democrático; que llama
al diálogo nacional para celebrar elecciones legítimas; y que, en una señal de
impaciencia diplomática inusual, exhorta a los Estados miembros a “implementar…
las medidas que estimen conveniente a nivel político, económico y financiero
para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.” EEUU,
Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea ya han impuesto sanciones financieras
contra individuos vinculados al régimen madurista; pero la presión NO ha sido
suficiente para restaurar la democracia y la observancia de los derechos
humanos. Además las propuestas de buenos oficios y ayuda humanitaria han sido
rechazadas. Es obvio que se necesita algo más para desalojar al dictador
Maduro.
Una opción es aumentar las sanciones unilaterales y
multilaterales, incluyendo suspensión de los organismos internacionales,
congelamiento de cuentas y bienes, cese de relaciones diplomáticas y/o
comerciales, como las importaciones norteamericanas de petróleo venezolano o de
sus exportaciones de derivados y gasolina a Venezuela.
Pero una intervención militar, como lo sugirió el
Presidente Trump, es un camino demasiado arriesgado e inseguro. Las
consecuencias domésticas e internacionales de una invasión militar a territorio
venezolano son imprevisibles. Aunque su propósito fuese detener una calamidad
humanitaria, nadie sabe cómo ni cuándo terminaría, ni cuál sería su costo en
sangre y dinero. La probabilidad de un consenso en la OEA o en la ONU para
autorizar una fuerza multilateral es casi nula; y pocos o nadie apoyaría una
invasión unilateral de Estados Unidos. Ver la Declaración del Grupo de Lima
sobre el tema (15-9-2018).
Por otro lado, la historia del hemisferio exhibe ejemplos
de opciones “militares” anti-dictatoriales que no implicaron invasión militar
directa. En la década de los 50 y 60 gobiernos democráticos apoyaron fuerzas
irregulares (la Legión del Caribe) que pretendían derrocar las dictaduras de
Somoza, Trujillo, Batista, Duvalier. En la década de los 80 Estados Unidos
respaldó rebeldes anti-sandinistas (los “Contras”) que forzaron a la dictadura
Sandinista a convocar elecciones. También invadió República Dominicana en 1965
y Grenada en 1983 para prevenir el control castro/comunista, y Panamá en 1989
para extirpar al dictador y narcotraficante Manuel Noriega y restaurar la
democracia; y apoyó rebeldes anti-comunistas para derrocar gobiernos
democráticos de izquierda (Guatemala en 1954 y Chile en 1973), o para derrocar
a Castro incluyendo un bloqueo naval; mientras que la alianza
soviética/castrista apoyaba guerrillas rurales y urbanas para derrocar
gobiernos militares y/o democráticos por todas las Américas.
Dada la experiencia histórica y la militarización y
radicalización de la dictadura madurista, la opción militar siempre estará
presente, particularmente si el régimen se convierte en una amenaza real para
la seguridad de los vecinos --como ya parece serlo. ¿Quién duda que el
narcotráfico, la calamidad humanitaria y migratoria, y el apoyo a la guerrillas
colombiana no es una amenaza para la estabilidad regional?
Por ejemplo, en caso de una agresión militar del régimen
contra un vecino (para desviar atención de la catástrofe interna), o de
verificarse el apoyo a las guerrillas colombianas, no es descartable la
invocación del Tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca, como se hizo en
situaciones de esa naturaleza en las décadas de los 50 y 60. En ese contexto,
tampoco es de ignorar la posibilidad de un embargo de armas, un bloqueo
aéreo/naval, o el apoyo militar (inteligencia, logística, comunicaciones,
armas), para respaldar o proteger una rebelión armada cívico/militar o un nuevo
gobierno que haya destituido a Maduro. Es de recordar que el artículo 350 de la
Constitución Bolivariana autoriza a sus ciudadanos a desconocer “cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y
garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
La opción militar para derrocar una tiranía atrincherada
es la menos deseable y la más riesgosa, pero siempre estará presente cuando
todas las otras opciones diplomáticas, cívicas y democráticas se hayan
clausurado.
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