Friday, September 27, 2019


Las recurrentes crisis argentinas

Politicos economistas: en 1988, Guido DiTella, Domingo Cavallo y Alvaro Alsogaray.
Politicos economistas: en 1988, Guido DiTella, Domingo Cavallo y Alvaro Alsogaray.

25 de septiembre de 2019
La presente incertidumbre financiera y política de la Argentina no es nada nuevo: forma parte de un patrón de círculos viciosos recurrentes. Una revisión rápida de la historia contemporánea argentina nos revela la cruda realidad de una república con una dirigencia política que periódicamente conduce el país a situaciones de crisis económica/financiera y política.
Desde 1952 ha habido ocho de ellas (1958/9, 1967, 1975/6, 1985, 1989, 2001 y 2018), con el colapso de la moneda argentina y la pérdida de ahorros y del valor de inversiones, activos e ingresos.
Todas relacionadas a déficit fiscales imprudentes, balanza de pagos negativa, emisión monetaria y endeudamiento excesivo, inflación y devaluación exorbitantes, corralitos y recesión económica. Como causa y/o efecto de ello, el país ha padecido golpes de estado, dramáticas renuncias y rápidas sucesiones presidenciales, tanto bajo regímenes militares como democráticos, y ahora una profunda polarización sociopolítica.
¿Cómo explicar este fenómeno perverso, en un país que hace 100 años poseía una de las 5 o 6 economías mas dinámicas del mundo? Una explicación hipotética quizás la encontramos en ciertos rasgos de la cultura política (valores, actitudes y prácticas políticas), que parecen prevalecer en una porción significativa de la ciudadanía y la dirigencia política argentina:
1. La inclinación autoritaria, que se refleja en los golpes de estado y las dictaduras militares, frecuentes en la historia argentina, y hasta en gobiernos electos, con transgresiones a libertades fundamentales, persecución política, represión estatal y violaciones a los derechos humanos. Este rasgo está asociado también al abuso de poder, al excesivo intervencionismo estatal en la vida económica, al control de precios y de cambio, a la manipulación de estadísticas y al proteccionismo.
2. El extremismo o ceguera política de derecha e izquierda, a pesar del retorno de la democracia en 1983, incluyendo la incapacidad de negociar y construir consensos sostenibles de gobernanza democrática, que frecuentemente conduce a la inestabilidad política o crisis de gobernabilidad, con su consecuente inseguridad financiera y cambiaria, estancamiento y recesión económica. Surge probablemente de este rasgo la llamada grieta, reflejada en la división y enfrentamiento entre populistas autoritarios y republicanos democráticos, entre sectores de menos recursos y los más pudientes, entre el campo agro-ganadero y la metrópolis tecno-industrial y burocrática, entre Buenos Aires y el Interior y entre piqueteros y ciudadanos ocupados. 
3. La tentación populista, demagógica y clientelista para ganar elecciones y permanecer en control del Estado. Ello abarca el ofrecimiento, y una vez en el poder, la provisión de subsidios para electricidad, transporte, agua, educación, salud y otros, de transferencias monetarias a familias en situación de pobreza (30%), de puestos estatales para políticos y el empoderamiento de dirigentes sociales (punteros y piqueteros de sindicatos y cooperativas) para movilizar el apoyo callejero y electoral --generando dependencia económica y sumisión política.
4. La adicción de la dirigencia política al déficit fiscal excesivo, para cubrir los costos del populismo y sostener un electoradodependiente y clientelista. Imprudencia fiscal que resulta en deuda, inflación, devaluación y default -que inevitablemente perjudica más a sectores de menos recursos, que sin embargo se mantienen disciplinados políticamente por los subsidios y los planes sociales. Los gastos del Estado incluyen transferencias a partidos políticos y sus dirigentes para actividades partidarias y electorales, así como pautas publicitarias para medios afines al gobierno. Unos 9 millones de contribuyentes cubren los gastos con sus tributos, mientras que 19 millones se benefician de ellos.
5. La prevalencia de la corrupción, por obsesión con el poder o por el deseo de enriquecimiento. Ello involucra a funcionarios públicos, individuos o corporaciones del sector privado que se enriquecen indebidamente, vía soborno, prebendas, lavado de dinero, fraude, todo cubierto con una dudosa legalidad que garantiza la impunidad. Su omnipresencia la revelan diariamente los medios y las causas judiciales. La corrupción y la impunidad socavan las instituciones republicanas, incluyendo el sistema de pesos y contrapesos, la Justicia, el sistema electoral y además sustraen del Estado recursos para servicios sociales. Con frecuencia acompaña a la corrupción la ineptitud/improvisación de la dirigencia política,  erosionádose así la confianza en la democracia.
¿Cómo evitar estas recurrentes crisis estructurales? No hay medidas mágicas para producir de un día para otro un cambio transformador en la cultura política e instaurar una normalidad republicana y democrática.
El cambio no resultará tampoco de una reforma del Estado o de nuevas leyes (aunque la dolarización de la economía podría atenuar la adicción al déficit y la tentación populista). Sólo se logrará fortaleciendo la cultura política republicana y democrática a través de un largo proceso de enseñanza y aprendizaje de valores y prácticas cívicas y democráticas como tolerancia, probidad, transparencia, rendición de cuenta, diálogo, moderación y prudencia, confianza mutua y respeto por la libertad y la igualdad, la diversidad y el pluralismo, etc. Valores y prácticas que se socializan a través del hogar, el sistema educativo, los clubes, los partidos políticos y los líderes sociales, entre otros. “Es la educación, estúpido”, diría Sarmiento.
Rubén M. Perina es Analista político, ex funcionario de la OEA y profesor de la George Washington University.


Tuesday, September 17, 2019


Venezuela y la vigencia del TIAR

Setiembre 2019
Debate

Ofrece el marco jurídico que justificaría la acci{on colectiva y coercitiva de sus miembros para eliminar la amenaza regional que representa la dictadura de Maduro.



09/09/2019 - 16:36
·       Crisis En Venezuela
·       Latinoamérica
La reciente decisión de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela de reincorporar el país al Tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca (TIAR) obliga a hacer un repaso de su naturaleza y propósitos. El TIAR es un instrumento jurídico inter-americano pactado en 1947, en los albores de la Guerra Fría, por todos los países latinoamericanos más Estados Unidos y Trinidad y Tobago, 22 en total, menos Cuba ahora. Los firmantes se comprometieron a “resolver pacíficamente las controversias entre si…” (Art. 2); así como a la defensa mutua en caso de un ataque o agresión de un Estado (miembro o no) contra un Estado parte, o en caso de un “…un hecho grave que pueda poner en peligro la paz de América….” (Art.5).  Con su firma se concretó una histórica aspiración Latinoamericana, desde mediados de siglo XIX, para unirse en contra del intento de la monarquía española de recuperar sus colonias, contra el intervencionismo norteamericano y luego contra la agresión comunista/castrista.

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Ha sido utilizado más de 20 veces en conflictos entre sus miembros: Entre otros para impedir el agravamiento de hostilidades fronterizas o ideológicas entre Nicaragua y Costa Rica, entre la República Dominicana y Venezuela, entre Haití y República Dominicana; para contrarrestar la agresión soviético/castrista contra Colombia, Venezuela y otros países y suspender por ello a Cuba de la OEA; o para restaurar la paz entre El Salvador y Honduras. Como se ve, NO es un instrumento anacrónico, ni obsoleto, ni diseñado sólo a conveniencia de EEUU para contener la expansión del comunismo internacional propagado por la ex Unión Soviética, como sus detractores arguyen. Al parecer, no se conocen su origen ni su razón de ser. Por ello o por su ceguera ideológica, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela lo denunciaron en la Asamblea General de la OEA de 2012 (México lo hizo en 2002). Adujeron además que el TIAR no funcionó para prevenir o contrarrestar la agresión británica de las Islas Malvinas en 1982. En realidad, en el marco del TIAR, se convocó la XX Reunión de Consulta, pero, aunque hubo expresiones de solidaridad con Argentina, no hubo consenso para una acción de defensa colectiva continental contra la Armada británica. (La guerra empezó con la desesperada y temeraria invasión militar de las islas por la dictadura militar argentina –dictadura represiva y a punto de caer. La triste y anunciada derrota produjo su colapso abrupto y el retorno de la democracia).
El TIAR ofrece el marco jurídico que justificaría la acción colectiva y coercitiva de sus miembros para eliminar la amenaza regional que representa la dictadura de Maduro, así como para restaurar la democracia en Venezuela.
La tragedia y la tiranía madurista han sido denunciadas ampliamente en la OEA por su Secretario General, su Consejo Permanente, su Asamblea General, su Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de Lima y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más de 50 democracias desconocen la legitimidad de Maduro y reconocen a Juan Guaido, presidente de la AN, como presidente interino de Venezuela. El régimen chavista, sustentado por Cuba, Rusia y China, ha desmantelado las instituciones democráticas, ha provocado una crisis humanitaria y migratoria (4 millores de refugiados) sin precedentes, ha cometido innumerables violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y ampara a narcotraficantes y a las guerrillas colombianas ELN y FARC. El régimen pretende ahora disolver la AN. Todo ello en violación de la Carta Democrática Inter-Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta constitutiva de la OEA. La Carta establece que la paz y la seguridad del continente “requieren...el ejercicio efectivo de la democracia representativa,” principio basado en la convicción de que las dictaduras son belicosas y agresivas, mientras quelas democracias por lo general cooperan y no se agreden entre sí.
En vista que la dictadura madurista es un“hecho grave” que amenaza la paz y la seguridad de sus vecinos, Colombia y Brasil, y de la región en general, la cuestión es ahora quién invocael Tratado y solicita una Reunión de Consulta, para tomar medidas colectivas de respuesta atal amenaza. Existen dos posibilidades: Una, que lo haga el presidente (e) Guaido,argumentandoque Maduro ha usurpado el poder legítimo y democrático del estado venezolano, y su alianza con los gobiernos anti-democráticos de Cuba, Rusia y China, más la presencia y sus relaciones con el ELN, las FARCS y el narcotráfico, son una verdadera amenaza para “la independencia y soberanía política de Venezuela” y por lo tanto para la paz y seguridad de las democracias del hemisferio. La otra, que lo invoquen los gobiernos de Brasil y Colombia, amenazados por la agresividad de Maduro, la avalancha migratoria y los santuarios de guerrilleros y narcotraficantes en Venezuela.

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La Reunión de Consulta puede tomar medidas colectivas coercitivas (Art. 8) que van de la ruptura o suspensión de relaciones, a sanciones/bloqueos financieros, económicos y comerciales, hasta acciones militares de cualquier tipo. También puede autorizar a sus miembros a tomar medidas colectivas o individuales, que consideren necesarias. Así, con el TIAR, los Estados partes podrán ayudar a revertir la tragedia humanitaria, restaurar la democracia en Venezuela y asegurar la paz y seguridad de la región. Por lo contrario, la inacción multilateral o colectiva de los miembros del TIAR allana el camino a la acción unilateral de los países poderosos.
Ruben M. Perina es Analista político, ex funcionario de la OEA y profesor de la George Washington University