El NO-Intervencionismo es anacrónico
ha sido superado por la promoción y defensa de democracia
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El anacronismo del no-intervencionismo
28-3-2021
Por Rubén M. Perina
El principio de no-intervención se instaló en las Américas en el siglo XIX (doctrinas de Calvo y Drago) para proteger (en vano) a los nuevos Estados del retorno del colonialismo/imperialismo europeo y del intervencionismo norteamericano. Pero hoy día, junto con la soberanía absoluta, su validez ha caducado.
La interdependencia entre estados-naciones es tal que no hay temas ni eventos significativos que se circunscriban sólo a las fronteras de un país. Lo que ocurre en un país inevitablemente afecta a otros países y requiere una respuesta colectiva. Así lo exigen los fenómenos intermésticos (parte domésticos y parte internacionales) como el terrorismo, la proliferación nuclear, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, el cambio climático, las pandemias, las guerras arancelarias y tantos otros. La destrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos en un país( no solo contravienen la dignidad humana) sino que resultan en autocracias y tiranías ( que)amenazan la seguridad y el bienestar del mundo democrático.
En las Américas (y la Unión Europea), el principio de no-intervención ha sido superado por el compromiso de los Estados del hemisferio (excepto Cuba) de promover y defender la democracia representativa, así como por el derecho de los pueblos a la democracia y por la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla —preceptos establecidos en la Carta de la OEA (1985), en su Carta Democrática (2001) y en el Tratado del Mercosur y su protocolo de 1998. La evolución de estos compromisos y derechos en el sistema interamericano, sintetizados en el principio de la “promoción y defensa de la democracia”, se constata en los trabajos de Mauricio Alice, Jean M. Arrighi, Tom Farer, Heraldo Muñoz, Fernando Tesón, el Comité Jurídico Interamericano y en mi libro The Organization of American States as the Advocate and Guardian of Democracy. La cristalización de este principio ha sido un logro Latinoamericano, no una imposición de Estados Unidos. Hoy es una obligación y compromiso colectivo y el valor supremo del hemisferio.
Al principio de no-intervención lo han usado dictadores para ocultar su tiranía y abusos de poder, su fraude electoral, sus violaciones a los derechos humanos y políticos y sus crímenes de lesa humanidad. Así lo ha hecho el régimen chavista por 20 años y el régimen castrista por 60 años.
Pero lo que es “intervención” para unos es salvación para otros. Estudiantes, periodistas, políticos y ciudadanos venezolanos que denuncian la tiranía chavista claman por la “intervención” de la comunidad internacional. Para ellos, el verdadero “intervencionismo” proviene de los servicios de inteligencia castristas y de las autocracias china y rusa que sostienen al régimen —amenazando, además, la estabilidad de la región—. En la década de 1970, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “intervino” en Argentina y salvó la vida de opositores al régimen militar y expuso al mundo su terrorismo de Estado.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra allegados al régimen chavista se intensificaron a partir de 2017 debido a su continuo fraude electoral para permanecer en el poder, al aumento de su represión y a su negación a convocar elecciones democráticas y permitir la ayuda humanitaria. Las sanciones coinciden con las condenas al régimen de la mayoría de los miembros de la OEA, del TIAR y del Grupo de Lima, que determinó que el régimen chavista es una amenaza para la democracia, la paz y la seguridad de la región, acordando “implementar las medidas políticas, económicas y financieras que se estimen convenientes para restablecer el orden democrático…”. El Mercosur también suspendió a Maduro en 2017 y la Cumbre de las Américas lo excluyó en 2018.
Hoy día, “intervenir” a favor de la democracia para defenderla y restaurarla, no constituye injerencia indebida en los asuntos internos de un Estado-parte de los compromisos interamericanos. Éstos se han utilizado desde 1991 para prevenir la ruptura del orden democrático o contribuir a restaurarlo en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. La vigencia de la democracia y el respeto por los derechos humanos son la prioridad y los valores supremos del continente; no el anacrónico principio de no-intervención.
https://www.clarin.com/opinion/crisis-venezolano-principio-intervencion-limites_0_Hg9JjlOYO.html
Crisis venezolana: el principio de la no intervención tiene sus límites
Ha sido superado por el compromiso de promover y defender la democracia representativa.
El principio de la no-intervención con frecuencia ha sido utilizado por dictadores para ocultar y proteger su tiranía, su abuso de poder, sus atrocidades humanitarias y violaciones a los derechos humanos y políticos de sus oponentes, incluyendo sus crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que ha hecho el régimen chavista por más de 20 años y el régimen castrista por más de 60 años.
En el mundo actual, por lo menos en las Américas (y en la Unión Europea), el principio de no-intervención ha sido superado por el compromiso de promover y defender la democracia representativa, así como por el derecho de los pueblos a la democracia y la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla – principios y derechos establecidos en la Carta de la OEA (1985), en su Carta Democrática Interamericana (2001) y en el Tratado del Mercosur (compromiso democrático de Ushuaia de 1998).
La evolución del principio de la “promoción y defensa de la democracia” en el sistema interamericano se puede constar en los trabajos de Mauricio Alice, Michel Arrighi, Tom Farer, Heraldo Muñoz, Fernando Tesón, el Comité Jurídico Interamericano, y en mi libro “The Organization of American States as the Advocate and Guardian of Democracy”.
Este desarrollo no ha sido por imposición de Estados Unidos; representa la cristalización de una histórica aspiración de los demócratas de las Américas.
La vigencia de la democracia y los derechos humanos hoy día son prioritarios y de mayor relevancia que el principio de la no-intervención, al menos en el mundo democrático y liberal, que compite con las nuevas autocracias y dictaduras del globo. No ser indiferente a las violaciones a los derechos humanos y la destrucción del orden democrático e involucrarse en su protección y restauración es una obligación y un compromiso de las democracias contemporáneas.
La imposición de sanciones diplomáticas, comerciales y financieras en las relaciones internacionales actuales es un instrumento más de política exterior para defender y promover la democracia; y parece anacrónico argüir, como lo hace una reciente columna en este medio, que las sanciones contra la dictadura de Maduro en Venezuela son una violación del principio de la no-intervención.
A partir de 2017, la administración Trump específicamente sancionó a más de 180 individuos allegados al régimen y unas 27 compañías venezolanas utilizadas por la dictadura, incluyendo la petrolera estatal PdVSA (principal fuente de divisas).
Las sanciones resultan también de la preocupación por la creciente injerencia e influencia en Venezuela y la región de China, Cuba, Irán, Rusia que sostienen al régimen con ayuda financiera, tecnológica, económica, militar, lavado de dinero, contrabando y servicios de inteligencia y seguridad. Sus actividades además se perciben como una amenaza a la estabilidad y seguridad de la región.
Las sanciones impuestas (que la administración Biden continuará), no constituyen un antojo ni un intervencionismo unilateral norteamericano; coinciden con varias resoluciones de condena y repudio al régimen por parte de las democracias del hemisferio y de la Unión Europea --particularmente a partir de 2016.
La mayoría de los Estados miembros de la OEA y del TIAR han establecido que el régimen chavista es ilegítimo y constituye una amenaza para la democracia, la paz y la seguridad de la región, y han acordado, en el marco de la Asamblea General de OEA, del Grupo de Lima y de los Estados Partes del TIAR…“implementar las medidas políticas, económicas y financieras que estimen conveniente, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático…” en Venezuela.También suspendieron a Maduro del Mercosur en 2017 y lo excluyeron de la Cumbre de las Américas en 2018.
Las sanciones más duras (2019-20) comenzaron después del colapso económico y las calamidad humanitaria y migratoria producidas por el régimen; no son la causa de la tragedia venezolana. Su verdadera causa son las nefastas políticas populistas del régimen, su corrupción e incompetencia. Imposible absolver al régimen de su responsabilidad por la calamidad venezolana.
Las sanciones aumentaron porque el diálogo prometido por Chávez y Maduro, acogido y hasta facilitado por la comunidad internacional desde 2002, fue una farsa, una distracción para no convocar elecciones democráticas y mantenerse en el poder; y porque el chavismo continuó con su fraude electoral y siguió persiguiendo, exiliando, encarcelando, torturando y asesinando a sus opositores, con el apoyo y complicidad de la dictadura castrista, las autocracias china y rusa y la teocracia iraní. Lo único que falta ahora es pretender que las sanciones son la causa de la continua tiranía del régimen.
Es entendible que los demócratas del mundo insistan en una solución negociada como la impulsada del Grupo Internacional de Contacto (GIC). El llamado a la negociación es de rigor. Pero no se puede ignorar las múltiples negociaciones que el régimen ha saboteado por más de 20 años para permanecer en el poder. El régimen sabe que no puede competir en elecciones íntegras, porque sabe que las pierde y con ello pierde el poder y la inmunidad e impunidad que protege a sus miembros de ser enjuiciados por los crímenes cometidos. Los chavistas como los castristas no están dispuestos a competir en elecciones limpias.
Pero si el objetivo es contener la tragedia humanitaria venezolana, lo más efectivo sería exigir a Maduro que convoque a elecciones democráticas y observadas internacionalmente. Con la convocatoria, las sanciones se levantarían inmediatamente, se terminaría la violación a los derechos humanos y políticos y se restauraría la democracia en Venezuela.
NOTA: La interdependencia entre estados-naciones es tal que no hay temas ni eventos significativos que se circunscriban sólo a las fronteras de un país. Lo que ocurre en un país inevitablemente afecta a otros países y requiere una respuesta colectiva. Así lo exigen los fenómenos intermésticos (parte domésticos y parte internacionales) como el terrorismo, la proliferación nuclear, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, el cambio climático, las pandemias, las guerras arancelarias y tantos otros. La destrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos en un país( no solo contravienen la dignidad humana) sino que resultan en autocracias y tiranías ( que)amenazan la seguridad y el bienestar del mundo democrático.
