Sunday, January 27, 2013


El régimen chavista y su autogolpe


Diario ABC. Asunción, Paraguay  


http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-regimen-chavista-y-su-autogolpe-532251.html

Rubén M. Perina: El régimen chavista y su autogolpe

 0
 2
Hoy a Venezuela la gobierna un régimen autoritario populista/asistencialista, centralizado en el poder ejecutivo y personalizado en la figura del caudillo Hugo Chávez, el líder supremo y mesiánico de la “revolución bolivariana”. El régimen consiste en un conjunto de normas y comportamientos dictados por Chávez y acordados y ejecutados por la cúpula chavista y sus seguidores que lo idolatran. Se sustenta en una mayoría electoral estado-dependiente constante del 54% más o menos, que lo ha entronizado en el poder desde 1998. El régimen genera esta mayoría con un insostenible gasto y deuda pública que financia las llamadas misiones de asistencia social, y por medio de un ventajismo electoral que resulta del uso y abuso de los recursos del Estado, la propaganda oficial y el control y manipulación del sistema electoral.
El régimen controla todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la controlaría general y la defensoría del pueblo, el poder electoral, las fuerzas armadas, las empresas del estado, la mayoría de las gobernaciones, de los medios de comunicación y de las universidades del país. No hay independencia de poderes, todos siguen las pautas chavistas, reina el pensamiento único. Se acosa y persigue a la prensa libre y se denigra a la oposición política, a la que se la tilda de golpista y sirviente del “imperio”. Su propósito es mantener un control absoluto del Estado y del pseudodemocrático proceso político/electoral, en función de una supuesta revolución socialista y antiimperialista. (Son llamativas las similitudes con el régimen stronista del Paraguay –1954-1989–, con la diferencia de que a la oposición se la tildaba de “comunista”).
Pero ahora el régimen está en crisis porque el comandante no aparece; se encuentra operado de cáncer e internado bajo control médico en Cuba; no se sabe exactamente su estado de salud, solo que es muy delicado. Se desconoce cuándo o si podrá asumir la Presidencia. El régimen está acéfalo –aunque se pretende que Chávez se encuentra en “ejercicio de sus funciones” y que cuenta con un permiso de ausencia sin límites de la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello (un incondicional colega golpista). Ante la ausencia del Jefe, ¿cómo preservar el poder y el control del Estado?
El principal impedimento para ello es la misma Constitución bolivariana, que es muy clara sobre el procedimiento a seguir para el juramento del Presidente electo. Su artículo 231 establece que el Presidente electo “tomará posesión… el 10 de enero del primer año de su período constitucional…”, y el 233 señala que “será falta absoluta” del Presidente su “incapacidad física… certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia…”; y que cuando “se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección…”, y mientras “se elige y toma posesión el nuevo Presidente… se encargará de la Presidencia… el presidente de la Asamblea Nacional… y se procederá a una nueva elección… dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.
Para mantenerse en control del Estado, la plana mayor del chavismo, con el “apoyo” de los hermanos Castro, “convence” al Poder Judicial que emita una interpretación constitucional que garantice la continuidad y estabilidad del régimen, hasta que retorne Chávez, o hasta que se consolide en el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien Chávez nombró Vicepresidente Ejecutivo y sucesor político, pero todo antes del 10 de enero.
Para sorpresa de nadie, el 9 de enero la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, anunció que “a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión”, ya que Chávez es un “Presidente reelecto”. La juramentación es un mero “formalismo” y hay “continuidad administrativa” porque “el presidente no es un nuevo presidente” y su gestión fue “aprobada por el soberano”; ni es necesario conformar una junta médica para determinar su capacidad física. La decisión del TSJ ignora lo que establece la carta magna para darle un viso de legalidad a un comportamiento contrario a la Constitución.
De acuerdo a esa retorcida interpretación, el “Vicepresidente” podría gobernar indefinidamente mientras dure la falta del presidente no juramentado. Pero el problema es que Maduro no fue electo ni juramentado oficialmente por el presidente ausente. Su gobierno es ilegal e ilegítimo. El régimen no cumple con la Constitución, porque de hacerlo, Cabello tendría que asumir la Presidencia y llamar a elecciones en los próximos 30 días. Así, el régimen violenta el orden constitucional democrático, consuma su autogolpe y se mantiene en el poder, con el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
El autogolpe también viola las cláusulas democráticas de organismos regionales como el Mercosur y la Unasur, así como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de promover y defender colectivamente la democracia representativa. Y lo curioso es que estos han mostrado solo indiferencia y pasividad ante la transgresión chavista. Ausentes están las condenas de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay frente a los sucesos de Honduras (2009) y Paraguay (2012). Aunque ello no debería extrañar, porque sus gobiernos también ignoraron las violaciones constitucionales y a la Carta Democrática perpetrada por Zelaya, en Honduras, antes de su destitución; por el mismo Chávez y por Morales, de Bolivia y Ortega, de Nicaragua, para acceder a su reelección inmediata.
* Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington. Ex funcionario de la Organización de Estados Americanos


Hipocresía  en CELAC. Dictadura Cubana la dirige. Democracia Paraguaya excluida.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/castro-heraldo-de-la-democracia-y-los-ddhh-532305.html

ABC color, ASUNCION, PARAGUAY

27 DE ENERO DE 2013

Castro, heraldo de la democracia y los DD.HH.

Concluye hoy en Chile la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro que se dice depositario de valores tales como la promoción de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en la región. Al término del encuentro, Cuba recibirá la presidencia pro témpore del grupo. Parece un chiste, pero de ahora en más, el dictador Raúl Castro, que encabeza una de las dictaduras más antiguas del planeta, tendrá en sus manos la facultad de aplicar en Latinoamérica una cláusula democrática y medir el nivel de respeto a la dignidad humana en los países que componen el citado mecanismo de concertación política. Así, el mencionado tirano fungirá nada menos que de intérprete de las aspiraciones de esta parte del mundo y heraldo de los principios en torno a los cuales se pretende construir este espacio integrador.
Concluye hoy en Santiago de Chile la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro que se dice depositario de valores tales como la promoción de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en la región. Al término del encuentro, Cuba recibirá la presidencia pro témpore del grupo. Parece un chiste, pero de ahora en más el tirano Raúl Castro, que encabeza una de las dictaduras más antiguas del planeta, tendrá en sus manos la facultad de aplicar en Latinoamérica una cláusula democrática y medir el nivel de respeto a la dignidad humana en los países que componen el citado mecanismo de concertación política.
Fruto del odio y la persecución de que es objeto por la secta de países bolivarianos tras la destitución constitucional por “mal desempeño de sus funciones” de Fernando Lugo, el Paraguay volvió a estar ausente de un encuentro regional, en este caso la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que concluye hoy en Santiago de Chile.
Desde luego, es lamentable que el Paraguay haya perdido la ocasión de participar en esta oportunidad de la reunión de mandatarios de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se efectuó en el marco de la cumbre, y que reunió a unos 60 jefes de Estado y de Gobierno de uno y otro lado del Atlántico. Tal vez no tanto por las decisiones “trascendentes” que allí pudieron haberse adoptado, sino por el hecho de que nuestro país no merece ser objeto de un trato excluyente y denigratorio por parte de nadie. No obstante, existen otras consideraciones de fondo que es útil observar y considerar.
Como es bien sabido, desde el 22 de junio del año pasado –por instigación de algunos espacios ideológicamente radicalizados, como los constituidos por el eje de naciones bolivarianas– nuestro país es objeto de todo tipo de marginamientos y sanciones por haberse apartado de la “senda de la democracia”, sistema político del que ellos, no sin cierto dejo de ironía, se creen en el derecho de proclamarse auténticos intérpretes y defensores.
En este marco, es llamativo que países tan poco respetuosos de la institucionalidad democrática, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela –país que ostenta actualmente un gobierno trucho por haberse constituido y funcionar al margen de los preceptos constitucionales–, participen sin ningún inconveniente en cuanta cumbre presidencial exista, y que el Paraguay sea excluido de dichas reuniones.
En la fecha, Chile transmite a Cuba la presidencia pro témpore del bloque. La dictadura más antigua del continente se erigirá así en vocera de toda la región latinoamericana y caribeña, y el tirano Raúl Castro fungirá nada menos que de intérprete de las aspiraciones de esta parte del mundo y heraldo de los principios en torno a los cuales se pretende construir este espacio integrador.
Entre estos principios se destaca –¡oh ironía!– la promoción de la democracia. En efecto, la Celac suscribió en diciembre de 2011 una “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional”.
En el documento, los presidentes acordaron “adoptar una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del orden democrático (…), los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, ni objeto de ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas, y la libertad de opinión y expresión”.
Desde ya, y solo con la información que a diario es propalada por los medios de comunicación, nuestro amable lector está en condiciones de concluir si estos valores fundamentales de la democracia y la dignidad humana están vigentes en Cuba, país en el que hasta una simple bloguera como Yoani Sánchez es sistemáticamente perseguida por difundir verdades que molestan profundamente al siniestro gobierno que tiraniza la isla caribeña desde hace más de medio siglo.
Pero el sinsentido no termina allí. En caso de que en algún país miembro de la Celac se produjese una “ruptura del orden constitucional”, Cuba deberá convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para que se analice la situación y, de acuerdo a los resultados de la misma, “suspender al Estado en que se hubiese materializado la ruptura del orden constituido, o del Estado de Derecho, del derecho a participar en los órganos (…) de la Celac”.
Aquí es donde el cinismo que se ha apoderado de prácticamente toda la dirigencia política regional no tiene parangón. Durante todo el presente año, Cuba estará en condiciones legales de imponer sanciones a cualquier país de la región por apartarse de la senda de la democracia. El dictador Castro, con plenas facultades para definir cuáles naciones son plurales y abiertas y cuáles no; en cuáles de ellas se respetan los derechos humanos y en cuáles se violentan.
Nos preguntamos, ¿cómo es posible que se haya llegado a tal deterioro y decadencia en nuestra región? ¿Cuándo y por qué circunstancias la hipocresía se apoderó de forma tan perversa de las relaciones entre nuestros países? El Paraguay excluido de participar activamente en la comunidad internacional por un supuesto apartamiento de la legalidad constitucional, y Cuba entronizada en juez y árbitro de la democracia. ¡Para no creerlo!
A medida que el tiempo va pasando, los hechos confirman que se ha cometido una tremenda injusticia contra el Paraguay y los paraguayos. Un grupo de autoproclamados intérpretes de la verdadera democracia nos impuso sanciones arbitrarias en nombre de principios que no solo ellos mismos desconocen, sino que hasta desprecian, como lo revela fehacientemente ahora el hecho de proclamar al tirano Raúl Castro como custodio de un sistema de gobierno que es desde luego inexistente en la atribulada isla que él y su hermano sojuzgan desde hace ya más de cinco interminables décadas.

Saturday, January 26, 2013


Porqué Cuba no debe estar en la Cumbre

Rubén M. Perina, Ph.D.[1]

EL UNIVERSAL, Caracas Venezuela
Miércoles 11 de abril de 2012 12:00 AM


Si los Castro desean reintegrarse a las Cumbres de la OEA, bienvenidos, pero en democracia


Cuba no puede ni debe participar en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas (Cartagena, Colombia, el 14-15 de abril), porque no es una democracia,  y  porque sigue suspendida o auto excluida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inclusive a partir de 2009 cuando se  levantó formalmente su suspensión.

Para los que no recuerdan la historia,  Cuba fue suspendida de la OEA  en la reunión de  Cancilleres de 1962 (solicitada por Colombia con el apoyo de Perú),  y sancionada con la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales en la reunión de 1964 (convocada a solicitud de Venezuela tras los intentos castristas de derrocar al gobierno venezolano de Rómulo Betancourt). 

Cuba fue suspendida porque el marxismo-leninismo instalado por la fuerza en ese país se había convertido en una amenaza clara y directa para los países de la región --violando flagrantemente el principio de no-intervención en los asuntos internos  de  varios países.  Por nada Fidel Castro y el Che Guevara  anunciaron que la cordillera de los Andes sería la Sierra Maestra del continente, donde surgirán varias Vietnam. El intervencionismo cubano ocurrió en los años  sesenta en Bolivia (en cuyas selvas muere el Che),  Colombia,  Perú, República Dominicana  y Venezuela, y luego en los setenta y ochenta en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y  Grenada.

El castrismo apoyó la subversión y la insurrección rural y urbana para derrocar gobiernos, controlar el estado y transformar las sociedades. Para ello apuntaló a la guerrilla con  armamento, capacitación, propaganda y logística, e infiltró movimientos campesinos, estudiantiles y trabajadores  --todo en nombre de la revolución socialista,  y en alianza con la Unión Soviética. Para peor, ello produjo una reacción anticomunista que se materializó en los gobiernos militares más represivos que soportaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en los sesenta y setenta.

Sin embargo, tras el colapso de la Unión Soviética a fines de los ochenta,  Cuba, ya sin el apoyo de su patrón ideológico, “abandona” su militancia intervencionista y recompone sus relaciones diplomáticas y comerciales con la gran mayoría de los países de la región.

Por ello, en la Asamblea General de la OEA de 2009, en Honduras, los estados miembros derogaron la decisión de 1962.  Pero supeditaron su retorno a que éste sea en consonancia con “las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA” y a solicitud del gobierno de Cuba. Si los hermanos Castro desean reintegrarse a las Cumbres de la OEA,  bienvenidos,  pero en democracia. Hasta ahora no han dado señales de que lo quieran hacer en esas condiciones.

La  condición sine qua non de membrecía y participación en las actividades de la OEA y las Cumbres es ser un estado democrático. Así lo establecieron  los jefes de estados miembros de la de la OEA en la primera Cumbre de 1994, donde además reiteraron su  compromiso de ejercer, promover y defender la democracia representativa cuando ésta sea amenazada o interrumpida en cualquiera de sus miembros.  Compromiso que ya se había adquirido con los cambios a la carta constitutiva de la OEA en 1984 y 1992, y  con la famosa Resolución 1080, Democracia Representativa,  de  la Asamblea General de 1991.  

Hoy día, la vigencia de la democracia y la observancia de los derechos humanos están consagrados como los más altos valores del sistema interamericano en la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) aprobada  2001;  y junto al no-intervencionismo y la igualdad jurídica de los estados,  representan  logros históricos de la política y la diplomacia latinoamericana en el sistema interamericano  --no una imposición norteamericana.  Desde su nacimiento las naciones latinoamericanas han aspirado a vivir en libertad y democracia.  EEUU más bien,  con frecuencia, resistió su cristalización en los tratados, convenciones e instituciones que dan contenido y  regulan el sistema interamericano, incluyendo la misma OEA: su organismo central.   

Correa, Chávez, Ortega y compañía, que dicen que la exclusión de Cuba es anacrónica,  deberían saber que lo anacrónico, inmoral  e indigno en el mundo de hoy es la dictadura castrista; y que lo apropiado sería su desmantelamiento y la liberación de  la sociedad cubana de la opresión que hoy sufre.  En todo caso, lo que sí es anacrónico también es el bloqueo norteamericano, no sólo porque es inefectivo sino porque la dictadura lo usa para justificar su sistema represivo.

Desconcierta también que gobiernos “progresistas” que quieren a Cuba en la Cumbre, desconocen o ignoran sus compromisos asumidos en la Carta Democrática, particularmente en el sentido que “los pueblos tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (Art. 1),  como si el pueblo cubano no se mereciera ese derecho o como si su gobierno no fuese una dictadura. ¿Acaso no suspendieron de la OEA al gobierno de Honduras que derrocó al Presidente Zelaya?  Sí,  pero siguen tolerantes con el de Cuba.    

La democracia implica la vigencia de instituciones, valores y prácticas (ver la Carta Democrática), como elecciones libres, justas y transparentes, pluralismo político, separación y equilibrio de poderes, libertad de asociación y expresión, observancia de los derechos humanos, respeto al estado de derecho, a las minorías y la oposición, entre otros. En la Cuba de hoy  nada de esto está vigente;  su sociedad vive oprimida por un gobierno represivo de más de 50 años.  Por eso Cuba no puede ni debe ser invitada a la Cumbre de las Américas.

Washington, D.C.  8  de abril de 2012




[1] Argentino, profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington, y ex funcionario de OEA. 


Mala Imagen: Argentina en Washington


Por Rubén M. Perina, Ph.D.*
PERFIL, Buenos Aries, Argentina
Sábado 27 de octubre de 19112 | 11:20

La cátedra sobre Argentina en la Universidad de Georgetown, inaugurada por la presidenta Cristina Fernández, es una oportuna iniciativa. El país y su gobierno necesitan mejorar su imagen en Washington.
En los más importantes centros de estudios sobre América latina como el Wilson Center, el Diálogo Interamericano, la Brookings Institution, y las Universidades de Georgetown y George Washington, no se menciona a la Argentina como un modelo de desarrollo económico y democracia, como muchos argentinos creen que lo es, o como la Presidenta lo vende. Se lo señala como un país enigmático y contradictorio. Democrático electoralmente pero no gobernado con valores y prácticas democráticas, donde el poder está concentrado en la presidencia y en la capital. Con instituciones republicanas pero débiles y sometidas al Poder Ejecutivo.
Tampoco es halagador lo que se escucha de funcionarios del Banco Mundial, el FMI, el BID, el gobierno de Estados Unidos, o los comentaristas de CNN en español, o lo que se lee en influyentes periódicos como el Washington Post. La percepción generalizada es que su gobierno es poco transparente e intolerante y poco confiable con sus estadísticas sobre la inflación, déficit fiscal y cifras de desempleo; que intimida y discrimina a medios opositores y manipula los medios públicos para promover su políticas asistencialistas y clientelistas; que coarta la libertad de individuos para comprar moneda extranjera; que usa la agencia impositiva para perseguir a los que cuestionan sus políticas; que descalifica y agravia a los políticos, empresarios, periodistas o intelectuales que critican su actuación, y que muchos de sus funcionarios se han enriquecido inexplicablemente y son protegidos por jueces no independientes.
Circula también la impresión de que su gobierno es irrespetuoso de sus compromisos internacionales, que no paga sus deudas el BM y el FMI, con empresas y bonistas o con el Club de París; que pone trabas a las exportaciones e importaciones, dificulta la repatriación de ganancias, nacionaliza inversiones extranjeras y no ofrece seguridad jurídica para las inversiones extranjeras y las relaciones comerciales. Se destaca por ello la pésima ubicación argentina en los índices internacionales sobre libertad y competitividad económica. Muy similar a lo que se oye sobre la Venezuela de Chávez y lo contrario de lo que se escucha sobre Chile, México, Perú o Colombia.
Argentina no tiene muchos amigos en Washington. El año pasado, el Departamento del Tesoro vetó préstamos del BID y del BM para el país. Este año el influyente senador Lugar y el Washington Post, pidieron se excluyera al país del G20. El Departamento de Estado no tiene la menor intención de ayudar a Argentina en ni siquiera presionar a Gran Bretaña para que se siente a negociar sobre las Malvinas.
Lo anterior puede ser verdad o una distorsión de la realidad argentina, pero es lo prevaleciente en Washington, y se reflejó en las preguntas de los estudiantes de Georgetown (y luego de Harvard) después del discurso de la Presidenta. Su alocución, que anunció sería una comparación de la historia de ambos países, fue sólo una interpretación de la historia argentina que terminó con elogios para la gestión kirchnerista y el modelo argentino. Pero sorprendente fue su comentario que el general George Washington había ganado la Guerra de Secesión y su retorcida interpretación de ésta, así como su cuestionamiento de las cifras de la inflación estadounidense. Sus respuestas, sobradoras y defensivas, evadieron o no respondieron con altura las inconvenientes preguntas, y la Presidenta demostró, por ignorancia o conveniencia, no saber que el coronel Hugo Chávez había liderado el fracasado golpe de Estado contra el presidente Pérez en 1992, confundiendo el evento con el Caracazo de 1989. El asombro de los universitarios se notaba en sus caras y luego en sus comentarios (cuatro de ellos han sido mis estudiantes). Comienzo poco feliz de la cátedra.
La imagen de una Argentina contradictoria y descolocada, y distanciada de Washington (y de Europa), distorsionada o no, es bien conocida por diplomáticos y empresarios argentinos, y por eso han avanzado con la iniciativa de la cátedra. El proyecto merece aplauso y apoyo. Sus conferencias, seminarios, investigaciones, publicaciones, pueden ayudar a mejorar esa imagen en la capital norteamericana. Sin embargo, sus actividades no pueden ser un instrumento de propaganda nacionalista, sino en su conjunto un foro pluralista de intercambio y diálogo entre formadores de opinión de la academia, la política, el periodismo y el empresariado de ambos países. Su propósito debe ser la promoción de un mejor entendimiento de la realidad argentina en Estados Unidos, que además sirva como base para fortalecer las relaciones entre los pueblos y gobiernos de ambas naciones.
*Profesor de la Universidad de Georgetown y ex funcionario de OEA.



Organismos regionales y el Paraguay

EL PAIS INTERNACIONAL
MADRID, ESPAÑA
2 DE JULIO 2012


Washington2 JUL 2012 - 19:35 CET
RUBÉN M. PERINA ,  Washington 2 JUL 2012 - 19:35 CET44

El experto, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, analiza los mecanismos institucionales para restaurar el orden democrático


La comunidad inter-americana de democracias ha mostrado, desde la década de los ochenta, un firme compromiso con la defensa colectiva de la democracia a través de instrumentos como la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) de la OEA, o las cláusulas democráticas de Mercosur y Unasur. Se trata así de prevenir la ruptura del orden democrático o restaurarlo cuando se quiebre en uno de sus miembros, ya sea por golpe de estado militar, auto-golpe, o alteración del “orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” (Art. 19, CDIA). Ahora se pretende aplicarlos al Paraguay, luego de la destitución del presidente Lugo el pasado 22 de junio.
Estos instrumentos se activan después de un golpe o intento de, y por eso son de tipo reactivo y restaurativo. Han sido aplicados desde 1991 en Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Venezuela, con condenas del golpe, misiones de buenos oficios, sanciones diplomáticas (no reconocimiento, ruptura de relaciones), interrupción del comercio y la cooperación, congelamiento financiero y suspensión del organismo. También son preventivos, cuando se usan para evitar la interrupción del orden democrático como en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Sin embargo, los mismos se han diseñado por y para proteger exclusivamente a los ocupantes del poder ejecutivo. Reflejan los intereses de esa rama del poder y por ello ésta es la única que puede pedir ayuda para la preservación del orden democrático. Conforman así en los organismos intergubernamentales un club de mutua protección presidencial. Pero si el ejecutivo viola el orden constitucional democrático o sus principios, los otros poderes no tienen recurso a esos instrumentos, a pesar de que en democracia rige la independencia e igualdad de poderes.
En el Paraguay se ha destituido a un miembro del club, y varias cancillerías han calificado la destitución constitucional parlamentaria del presidente Lugo como golpe de estado, y la han calificado como ilegítima y violatoria del debido proceso y de los derechos humanos del ex presidente (Qué dirían los ex presidentes Bucaram y Gutierrez de Ecuador o Color de Melo de Brasil, Sánchez Lozada de Bolivia, o de la Rúa de Argentina?). También se suspenderá al nuevo gobierno de las actividades de los organismos mencionados.
Pero el problema es que la destitución no fue ni un golpe de estado ni una alteración del orden constitucional democrático. Fue un juicio político, no penal, resuelto por abrumadora mayoría, que respetó los preceptos de la constitución paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retiró su apoyo, Lugo aceptó el juicio y sus reglas, envió su abogado (que hizo un descargo dramático e inteligente por más de dos horas), reconoció su derrota política y dejó la presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y usa ahora espacios públicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo substituyó su vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado más tiempo, el resultado habría sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un período de inestabilidad política y violencia social.
Lo insólito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas autoridades, han venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos gobiernos de la región perpetran contra el orden democrático. Estos llegan al poder vía elecciones democráticas, pero una vez en control del Estado, lo ejercen para erosionar las instituciones, valores y prácticas democráticas consagradas en sus propias constituciones y la CDIA.
La erosión del orden democrático (“golpe en cámara lenta”) la consuman solapadamente. Se manipulan elecciones o referendos y mayorías transitorias en el poder legislativo o en el poder judicial y electoral, para modificar las reglas de juego y obtener superpoderes. Se destituyen o presionan a jueces no aliados y se ignoran decisiones de las cortes o legislación contraria a sus fines. Se socavan así la independencia de poderes, la libertad de prensa, el estado de derecho, las elecciones libres y justas y el respeto a las minorías, entre otros. La oposición es perseguida y tildada de conspirativa. El proceso culmina invariablemente en hiper-presidencias que acumulan y monopolizan el poder. Todo en nombre de la democracia “participativa,” la “inclusión social,” el socialismo y el anti-imperialismo.
La indiferencia a tales desarrollos y los ataques desmedidos de Venezuela y Nicaragua, en particular (véase sesión de OEA), más el intento de aislar al Paraguay parecen más una vendetta ideológica que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo para castigar al Congreso paraguayo por no ratificar su entrada al Mercosur. Hasta Cuba retiró su embajador porque se violó la democracia. Vaya desfachatez!
Surge entonces la urgencia y necesidad de que la comunidad democrática interamericana, a través de sus organismos regionales, se aboque a perfeccionar los mecanismos colectivos de defensa de la democracia. En ese sentido, parece impostergable una definición más afinada de lo que significa la “alteración del orden democrático,” con especial atención al fenómeno de la erosión de la democracia; y es imprescindible, para evitar su colapso en casos de crisis institucional, incluir en los mecanismos colectivos de análisis y prevención la voz de todos los poderes del estado involucrados en la pugna institucional, y no sólo el poder ejecutivo, como ocurre hasta ahora. Sólo así tales organismos podrán impulsar el diálogo necesario para la construcción de consensos que prevengan la ruptura del orden democrático. Si no, pasarán irremediablemente a la irrelevancia en la defensa de la democracia.


PARAGUAY: ENTRE MERCOSUR  Y LA OEA

Rubén M.  Perina, Ph.D.   
(Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington. Ex-funcionario de OEA)

Publicado en diario ABC, Asunción,  Paraguay
4 de julio 2012 

Algunos gobiernos de América Latina, entre ellos los de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela,  han condenado y  denunciado como golpe de estado la destitución  constitucional del ex-presidente Lugo del Paraguay  --en supuesta defensa de la democracia paraguaya. 

Pero lo irónico y absurdo  de  esto es que son ellos mismos los que están destruyendo lenta pero deliberadamente sus propias democracias (con “golpes en cámara lenta”),  utilizando elecciones democráticas para establecer “dictaduras constitucionales.”  Perpetran este golpe a través del control del  poder legislativo, judicial y electoral, el acoso a la prensa independiente,  la persecución de políticos opositores, la concentración del poder en la presidencia  y el abuso de los recursos del estado para imponer un modelo estatista, personalista, populista y clientelista  --en violación de la Carta Democrática Interamericana (CDIA).      

A ese juego  deshonesto  y retorcido, el MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), le agregaron la insólita decisión de suspender a Paraguay de ambos organismos. Los “mercosurianos” inclusive incorporaron  simultáneamente  a Venezuela --incorporación a la que se había opuesto tenaz y repetidamente el senado paraguayo.  Sin la participación de uno de sus miembros fundadores,  ello no es sólo poco democrático y violatorio de su tratado (e irónicamente del debido proceso), sino que parece más bien una burda venganza. Pero además se humilló gratuitamente a la delegación paraguaya cancelándole reservas de hotel y no permitiendo su presencia en la reunión, antes de la sanción. Algo inédito que perturbará por largo tiempo las relaciones diplomáticas  de la subregión.

Claro,  a los países del Mercosur les interesa el acceso al mercado venezolano (que importa casi todo lo que consume),  su petróleo subsidiado y los petrodólares que el caudillo Chávez distribuye personalmente a espaldas de su propio pueblo y sin control alguno. Lo lamentable e inexplicable de esto es que proviene de países democráticos (aunque unos más que otros), tradicionalmente respetuosos y defensores del principio de la no-intervención.  Y es peor aún porque a la vez ignoran los “golpes en cámara lenta” que se perpetran en otros países.  La democracia paraguaya y la legalidad y transparencia de las decisiones del Mercosur quedaron a un lado.  Mercantilismo mata democracia.

También buscaron la suspensión del Paraguay de la OEA, pero aquí hasta ahora ha triunfado la sensatez  --que resulta del diálogo, del  debate y la confrontación diplomática de diferentes perspectivas sobre una misma realidad, dentro de reglas institucionalizadas históricamente.  El 10 de julio pasado, el Consejo Permanente de la organización escuchó un conciso y objetivo informe del Secretario General sobre la situación en Paraguay.  También oyó una punzante alocución del embajador paraguayo.  En su informe el Secretario General advirtió que una exclusión del Paraguay, con elecciones ya programadas para abril de 2013, no contribuirá al fortalecimiento de la democracia en ese país, y propuso el envío de una Misión Especial para apoyar la gobernabilidad democrática y garantizar la realización de elecciones justas. Las  cancillerías y sus embajadores lo analizarán y lo debatirán en el Consejo Permanente, donde se decidirá qué hacer respecto a la situación del Paraguay.  Pero lo importante es que no ganó el pensamiento único, ni se excluyó sumariamente al Paraguay, como ocurrió con MERCOSUR y UNASUR.  Y es probable que el pluralismo “ideológico” existente en la organización no permita llegar al extremo de suspender al Paraguay.

De todas maneras, cabe recordar que  el ex - presidente Lugo no sólo decidió aceptar “hasta las últimas consecuencias” las reglas del juicio político aprobadas por el congreso,  sino que también decidió no invocar  la CDIA, como se lo sugirió su embajador ante la OEA y el mismo Secretario General.  Bolaños de Nicaragua, Morales de Bolivia y Correa de Ecuador así lo hicieron y  preservaron la institucionalidad democrática cuando ésta se veía amenazada.  Es posible que Lugo rehusase hacerlo porque creía que no lo destituirían (dudable), o porque recibió la presión (probable) de líderes sudamericanos que no querían involucrar a la OEA --para impedir la participación de Estados Unidos y Canadá en la solución de la crisis paraguaya.  Pero sí llamó a los cancilleres de UNASUR que llegaron apresuradamente para detener el juicio político, lo que fracasó por el rechazo contundente de senadores paraguayos. Y es público que el venezolano Nicolás Maduro instó a militares paraguayos salir a la calle para defender a Lugo --violando descaradamente el principio de la no intervención (todavía invocado anacrónicamente por Venezuela en contra de Estados Unidos).

Quizás se pudiese haber logrado un  juicio político menos expedito y con mayores garantías para  la defensa del ex-presidente (aunque el resultado no habría cambiado), si se hubiesen utilizado  los mecanismos institucionales existentes en la OEA. Como lo permite la CDIA, el Secretario General o un Estado Miembro podrían haber activado,  por lo menos una semana antes de la destitución, una Misión como la realizada por el Secretario General, o una reunión del Consejo Permanente para un análisis colectivo de la situación. De todas maneras, las sugerencias ofrecidas por el Secretario General en su informe parecen por ahora un instrumento práctico y útil para fortalecer y preservar la democracia paraguaya. Mucho mejor que la suspensión.

rmperina@gwu.edu


THE INTER-AMERICAN DEMOCRATIC CHARTER: 
AN ASSESSMENT AND WAYS TO STRENGTHEN IT

Rubén M. Perina, Ph.D., a former Organization of American States (OAS) official, teaches at Georgetown University and George Washington University.


The Brookings Institution  ❘  Latin America Initiative: The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas, 2012


Executive Summary
●● As the consensus on representative democracy and the commitment to exercise and protect it appear to be declining in many Latin American states, it is important to consider how best to strengthen the Inter-American Democratic Charter (IADC or “Charter”), the principal multilateral diplomatic instrument for the collective promotion and defense of democracy in the Western Hemisphere.
●● The IADC incorporates several democracy promotion instruments developed since the early 1990s, as part of a historical effort to return to democratic governance after a
long period of military rule.
●● This paper identifies some of the strengths and shortcomings of the IADC, assesses its effectiveness,
and proposes a series of measures to strengthen it.
These include specifying some of the terminology that remains unclear; allowing other branches of government (e.g., the legislature or the judiciary) to express before the Organization of American States (OAS) their views on violations of the Charter in their respective countries; setting up automatic invitation to electoral observation; enabling the secretary general to engage more proactively in member countries; installing an inter-American commission to observe compliance with the Charter; and finally, making the Charter legally binding and a part of the constitutional framework of member nations.
●● It concludes with the caveat that implementation of reforms, which requires consensus amongst the member states—and the leadership to build that consensus—is improbable in the short run because of existing political and ideological divisions in the hemisphere.

The Context
Strengthening democracy and respect for human rights throughout the Americas have become cardinal principles of the inter-American system. After decades of authoritarian rule in the hemisphere, at times aided and abetted by the United States, the region’s governments have adopted and continue to embrace a democracy and human rights vocation. This commitment has been translated into legal and political instruments that, in principle and in practice, have helped create an environment conducive to building and sustaining democratic institutions and the rule of law.

1.   The IADC and the American Convention on Human Rights,
with its Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), are the most visible manifestations of this commitment.
And yet, there is mounting evidence that the 10th anniversary of the IADC in September 2011 marked not only a celebration of progress but also a recognition that these commitments are increasingly threatened by steady erosion and even attack by several Latin American countries. Political will for collective action in the promotion and defense of democracy in all but the most obvious cases of democratic rupture is waning. A number of developments demonstrate
this trend and the resulting tension in the hemisphere:

●● The flagrant disruption of democratic governance in Honduras in 2009 revealed both the disregard for and violation of the rule of law and fundamental democratic values
and practices, as well as the strong rejection of such actions by all governments in the region. But it also unveiled their persistent inability to construct a useful mechanism to prevent such disruptions.

●● The unwillingness of the secretary general or member states to invoke Article 20 of the IADC to convene the Permanent Council to undertake a collective assessment of a situation that involves an unconstitutional alteration of the democratic order. One example is Nicaragua’s decision to allow the incumbent president to run for a third term in violation of the constitution.

●● The demand of some states to permit the unconditional return of Cuba as a member of the OAS, despite it not meeting the democratic criteria of the OAS Charter and the IADC.

●● The hostile actions by Brazil, Bolivia, Venezuela and Ecuador, among others, to reject decisions of the InterAmerican Court and the IACHR and to restrict its autonomy and independence. Venezuela and Ecuador are even considering withdrawing from the IACHR.

●● The unwillingness of countries such as Venezuela and Nicaragua to invite OAS observers to monitor elections (though Nicaragua reluctantly—and belatedly—invited the OAS and the EuropeanUnion to observe the latest presidential and legislative election). 
It is true that much progress has been made toward free and 
fair elections in most of the region, thanks in part to OAS efforts to monitor elections and provide technical assistance to electoral authorities. However, some incumbents twist electoral processes in their favor through manipulation of electoral laws and the constitution, use and abuse of state 
resources, and patronage, intimidation, media bias and interference in judicial processes. Although democratic consolidation continues in most countries in the region, some 
Latin American states are moving slowly away from bedrock principles of the IADC—such as the separation of powers, freedom of the press and respect for political pluralism. 

With regard to human rights, the growing demands of traditionally marginalized indigenous peoples to be consulted before governments take decisions that affect their wellbeing are proving highly contentious. Political persecution and attacks on the freedom of expression are on the rise 
in several countries. And the challenges of transnational
organized crime and trafficking-related violence are generating pressure for hard-line approaches to public security, including an increasing reliance on the military in internal
policing with an attendant spike in human rights violations.
Taken together, these trends suggest that the democracy and human rights agenda remains as relevant as ever to inter-American stability and cooperation.
The political context for addressing these challenges, however, has turned particularly hostile in the recent past. A group of states, mostly under the banner of the Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  (ALBA), is challenging the authority and legitimacy of the OAS as an
institution, while promoting the creation of competing subregional organizations such as the Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) and Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), with scant attention paid to questions of democracy and human rights. Several Latin
American and Caribbean countries are prepared to go their own way without the United States and Canada when it is convenient to do so, particularly on sensitive issues such as political reform or electoral observation.

2.   Within this framework, efforts to defend or strengthen the inter-American system’s capacities to respond to erosions of democracy and the observance of human rights can fall 
victim to a propaganda battle between countries opposed to 
any external interference in internal affairs and those seeking to uphold the core values of the inter-American system. This was most recently seen in the working group created “to strengthen the Inter-American Commission on Human Rights”—and the subsequent battle at the OAS General 
Assembly in June 2012—which has become bogged down 
in efforts by some states to actually weaken the independence of the body.
Origin and Evolution of the Democratic CharterAs the consensus on representative democracy and the 
commitment to exercise and protect it appear to be declining in many Latin American states, it is time to consider how best to strengthen the IADC as the principal multilateral diplomatic instrument for the collective promotion and defense of democracy in the Western Hemisphere. The 
IADC was adopted at the OAS General Assembly held in Lima, Peru, on September 11, 2001.

3.  The IADC is actually the culmination of a historical effort
that gained traction in the early eighties, as the great majority of member states returned to democratic governance after long years of military rule, and was determined to consolidate and protect it collectively.  The process began with modifications of the Founding
Charter in 1985, establishing that one of the main purposes
of the organization from then on was “to promote and consolidate representative democracy….with due respect for the principle of non-intervention…” The 1989 OAS General
Assembly followed with a resolution that instructed the secretary general to organize electoral observations for members that request them. Then, in 1991, the Santiago General Assembly approved Resolution 1080, “Representative Democracy,” which reaffirmed the members’ commitment to
protect democracy collectively when it is threatened in one of them. Significantly, it also gave the secretary general the power to convoke a meeting of the OAS Permanent Council
to analyze the situation in case of an irregular or abrupt interruption of the democratic order in a member state. True to their commitment, members applied the resolution
successfully to restore democracy in several instances: in
Haiti in 1991, after the military overthrew President Aristide; in Peru in 1992, following President Fujimori’s auto-coup; in Guatemala in 1993, in the aftermath of President Serrano’s
auto-coup; and to prevent a military coup against President Wasmosy of Paraguay in 1996.

4.  In 1992, members also approved the Washington Protocol, which provides for the possibility of suspending from the organization a member “whose democratically constituted
government has been overthrown by force.”

5.   For the next few years, ministers of foreign affairs at the OAS General Assemblies, diplomats at the OAS Permanent Council and heads of state at the Miami (1994), Santiago
(1998) and Quebec (April 2001) summits sought to consolidate these achievements and strengthen the organization’s capacity to respond to threats to the democratic order in
Latin America and the Caribbean. To that effect, the Quebec Summit instructed foreign ministries to prepare a charter that would reinforce the existing instruments to promote and defend democracy. Arduous, tense and complex debate and negotiations followed, centering around fundamental inter-American principles such as sovereignty and intervention in internal affairs, and the
very definition of democracy (i.e., representative vs. participatory). Nevertheless, under the leadership of Javier Perez de Cuellar, head of Peru’s transitional government, and Humberto de la Calle, Colombian Ambassador to the OAS, member states finally reached a consensus with the Declaration of San José, at the OAS General Assembly held in Costa Rica (June 2001). This was then adopted as
the Charter at an extraordinary OAS General Assembly in September of that year in Lima, Peru. The IADC incorporates all of the diplomatic instruments mentioned above, both as preventive mechanisms (red light) against auto-coups or military  coup d’etats, and as reactive or restorative ones, which get activated when the first measures fail to stop transgressors. But it also adds
provisions that expand the reach of those mechanisms in significant ways, as shown below.
The Added value of the Democratic CharterThe IADC breaks new ground in promoting democracy by
proclaiming that the “peoples of the Americas have a right to democracy, and their governments have the obligation to promote and defend it.”

6.
 Similarly, member states chose representative democracy as the preferred form of
government, and reached consensus on what constitutes its essential elements. These include: respect for the rule of law; human rights and fundamental freedoms; periodic, free and fair elections; a pluralistic system of political parties; the separation and independence of powers;
fundamental democratic core values and practices, such as probity and transparency in government activities; respect for diversity; citizen participation; and others.

7.  Another new feature of the IADC is its trigger function
for collective action, as stipulated in Article 20. “In the event of an unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in a member state,” the IADC makes it now possible for any member—not just the state affected—or the secretary general to request a meeting of the Permanent Council, in order to collectively assess the situation and, if necessary and accepted by the government involved, to “undertake diplomatic initiatives” to restore democracy. This
is an important improvement that allows a process of institutional engagement and decision making to restore democracy. Before this, a quick reaction from OAS was impossible to activate without the consent of the government affected. The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas

The response to a coup usually consists of the Permanent Council’s condemnation, a call for a return to the status quo ante and the sending of a diplomatic mission to convince
the coup makers to restore the democratic order. If this fails, members may decide to proceed with “new diplomatic initiatives and eventually the suspension of the member from the OAS.”

8.   The latter is the ultimate and strongest diplomatic sanction allowed by the IADC against a transgressor. Members applied it against the coup makers in Honduras
in 2009, and suspended its subsequent governments from the organization until former President Zelaya was allowed to return without being politically persecuted.
Furthermore, Articles 19 and 20 of the IADC now allow OAS
“intervention” not just in cases of unconstitutional “interruption” but also in cases of unconstitutional “alterations.” Note here, however, a subtle and fundamental distinction in what
constitutes a break in the democratic order: While the term
“unconstitutional interruption” clearly refers to a traditional
military coup and/or auto-coup (easily detectable and condemnable events), the concept of “unconstitutional alteration” seems to connote a different type of interruption of
the democratic order. Undoubtedly, this includes, amongst
others: (a) rigged elections; or (b) an illegal challenge by
the legislative or judicial branch, or the military against the
legitimate government in place. These two “alterations” are
relatively easy to detect, to agree upon and to condemn collectively, particularly when the government (the executive branch) requests OAS solidarity and support.

However, a more controversial “alteration” is a process that
involves increasing autocracy and monopoly of power by
the executive branch, which slowly undermines the democratic process—all in the name of participatory democracy, socialism or anti-imperialism, and while using democratic
means such as elections or referenda. This process of alteration by erosion commonly eviscerates and suppresses essential democratic institutions, values, and practices such
as checks and balances, limits on power, respect for political opposition, the rule of law and fundamental freedoms, amongst others. More specifically, it could involve removing
judges who are not politically aligned with the government,
disobeying courts’ rulings or legislation passed by a legislature controlled by the opposition, ignoring or manipulating the other branches of government, closing or attacking the
independent media, or persecuting political opponents—as
occurs today in various and differentiated ways in Bolivia,
Ecuador, Nicaragua and Venezuela. The nature of this political phenomenon, however, is not so easy to agree on and condemn—a fact that hinders a collective defense of
democracy.The IADC also reinforces the OAS role in preventing the
interruption of a democratic order. Article 17 allows the government of a member state to request OAS assistance for the “strengthening and preservation of its democratic system,” when it considers that its democratic process or its “legitimate exercise of power is at risk.” In such cases, “the
Secretary General or the Permanent Council,  may, with
the prior approval of the government concerned, arrange
for visits or other actions to analyze the situation.”

9. Notice here, however, that the assistance can be provided  only
at the request of the executive branch, and that without its
consent, no direct Permanent Council action can take place
to strengthen the democratic order or prevent its collapse.
Under this provision, at the request of the governments
of Nicaragua (2005), Ecuador (2005 and 2010), Bolivia
(2008), Guatemala (2009), Honduras (2009) and Haiti
(2010–11), the Permanent Council and the secretary general acted diligently and effectively, by approving the corresponding resolutions and sending political missions that
successfully prevented a political crisis from rupturing the
democratic order.

10.  It is also worth noting that when the executive branch requests OAS assistance during a political crisis, no one thinks of it as foreign intervention, even though other
branches involved in it might consider it so—as in the case
of Ecuador in 1997 and in Honduras in 2009. In both cases,
OAS “intervention” did not prevent a coup.
In the case of Ecuador, in February 1997, President Abadalá Bucaram requested OAS support in view of mounting socio-political unrest and calls for his resignation. However, as Secretary General César Gaviria arrived in Quito, congressional leaders and the mainstream
media rejected his visit in support of Bucaram, denouncing it as undue interference in the internal affairs of the country. Upon Gaviria’s departure, Congress removed
Bucaram from office and appointed its leader as head of
the country on February 6.

11.  The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas

A little over 12 years later in Honduras, at the request of President Zelaya, Secretary General José Miguel Insulza sent an emissary to discuss plans for “observing” a referendum on a constituent assembly that would change the constitution to allow presidential reelection. Its implementation had already been rejected as unconstitutional by the National Congress, the Supreme Court and by the
president’s own political party. In view of the opposition to the referendum, the emissary publicly suggested that it was just a non-binding poll with no significant legal consequences. Those opposed to the referendum interpreted the OAS presence as legitimizing a process that the president would later use to engineer his reelection. Congress asked the observer to leave the country. Shortly thereafter,
as the president insisted on proceeding with the poll, he was ousted by military force.

12.  The Challenge of full Application and Reform
Despite the significant progress made by the IADC as a
collective mechanism for the promotion and defense of
democracy, it nevertheless faces certain challenges that
need to be addressed creatively and forcefully. There are
at least two ways for the IADC to become an even more
useful and effective multilateral diplomatic and juridical instrument for preventing military coups and the erosion of democracy. One way is for member states and/or the secretary general to apply its provisions to the fullest extent possible; the other, more complex and difficult way, is for
members states to proceed with reforms to its text.

The Challenge of Applying It to the Fullest
In terms of the IADC’s preventive function, there are five existing provisions that can and should be applied to their maximum extent. They do not require modification of the Charter.

1. Invoke Article 20

The first has to do with invoking, in a timely manner, Article 20 of the Charter. This could prove to be a mechanism to prevent an institutional breakdown.
Article 20 establishes that in “the event that an unconstitutional alteration of the constitutional regime….any Member State or the Secretary General may request the
immediate convocation of the Permanent Council to undertake a collective assessment of the situation…” This provision unequivocally empowers the secretary
general and/or any member state to act when events in
another member state indicate that an unconstitutional
alteration is taking place. The move would certainly be
controversial, given the ambivalence of the term and the
probable lack of consensus among members about the
real nature of the political situation. Still, it is a mandate
and it would be reasonable for the secretary general or
any member state to call for a collective assessment of
the situation in the Permanent Council, without necessarily having the consent of the government affected. Such a proactive initiative may be crucial when it is the
executive branch that may be “altering” the democratic
order. The presidency may be assuming that just because it won an election and holds a legislative majority, it can more readily violate the rule of law and the separation and independence of powers, limit freedom of the press and association, manipulate electoral processes,
or persecute the opposition. President Correa has recently said that since he is the head of state, he presides over all the branches of government. President Chávez
acts as if he were the State itself. In cases like these,
a collective analysis would clarify the situation for all,
and would provide the starting point for a process of dialogue, negotiation and consensus building amongst the institutional contenders—which could prevent an eventual institutional rupture, as happened in Honduras.

13.  Would a multilateral assessment of a situation that
threatens democracy in a member state be considered
interference in its internal affairs? Not really, since  all
members committed themselves to promote and defend democracy and all agreed voluntarily to respect
the Charter’s provisions. On the other hand, a collective
assessment would be imperative in cases in which the
threat to democracy in one member is likely to become
a threat to its neighbors’ democracy.

14.  2.  Use IACHR Reports to Provoke a Collective Assessment

A related, but more controversial way to improve the effectiveness of the Charter, without reforming it, would be to use the reports of the IACHR to provoke a collective
assessment of violations of core democratic principles, The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas institutions, values and practices consecrated in the
Charter, wherever they might occur.
This means that the secretary general or a member state,
in the framework of Article 20 of the Charter, in coordination with the IACHR and without contravening its independence, would utilize the Commission or its Freedom
of the Press Rapporteur’s reports to express their concern publicly in cases where violations of political rights or fundamental freedoms constitute or result from “an
alteration of the constitutional regime.” Throughout the
years, the Commission’s reports have observed such
violations in various member states, making explicit the
connection between democracy and the observance of
human rights.

15.   According to Article 91(f) of the Founding OAS Charter,
it is the Permanent Council’s responsibility “to consider
the Commission’s reports and present to the General
Assembly whatever observations and recommendations
it may have.” Unfortunately, the council has not always
exercised this responsibility fully, as it frequently fails to
examine the reports thoroughly in public sessions.
Because of their independence, the IAHRC and the Rapporteur’s reports can be useful instruments to promote a public debate about presumed or proven violations of
political rights and democratic institutions, values and
practices—a debate that may prevent further violations
and possible interruption of the democratic order.
Furthermore, appropriate utilization of the Commission’s
reports would strengthen its role in protecting human and
political rights in the hemisphere. In fact, bolstering the role
of the IAHCR system has become imperative in view of the
recent politically motivated attacks it has received from the
governments of Bolivia, Brazil, Ecuador and Venezuela.

3. Strengthen the Secretary General’s Missions

A third possible action to fully apply the IADC and improve its effectiveness, without reforming it, would be to institutionalize and strengthen the secretary general’s missions of political observations and good offices.  When a government requests the assistance of the
organization because it considers that its institutional
order is being threatened by an emerging political crisis,
as allowed in Article 18, the collective bodies normally
would instruct the secretary general to send a political/
diplomatic mission to analyze the situation and to offer
its good offices to help preserve the democratic order
and report to back to them (Bolivia, 2005 and 2008; Ecuador, 2005; Nicaragua, 2005 and 2008; Guatemala, 2009; Honduras, 2009).

The role of these political missions is twofold. First, to
promote and facilitate political dialogue, negotiation and
consensus building amongst the contending forces.
Second, to observe, with appropriate follow-up, their
compliance with the accords they reached to preserve
or restore the democratic order.
Because of their critical function, these missions should
be prepared to remain in the country long enough to generate confidence amongst the political forces, should be led by an OAS secretary general’s representative who
is politically savvy and well-versed on the nature and
history of the inter-American system and the IADC, and
should be well staffed with experts in negotiation and
mediation. Recent missions of this type have not met all of these requirements, as exemplified by the secretary general’s failed mission to support President Zelaya’s effort to hold a referendum.

4. Support Technical Cooperation, Political Institutions and Democratic Governance 

A fourth way to improve the effectiveness of the IADC
would be to adequately support, politically and financially, the implementation of technical cooperation programs designed to promote democratic values and
practices, and also support the strengthening of political institutions and democratic governance, as stated in Articles 26 and 27 of the Charter. Thus, member states
and the secretary general should reinstate the medium
and long-term democracy programs eliminated in 2005,
which the now-defunct Unit for the Promotion of Democracy (UPD) had successfully implemented since 1992.   Those programs, mandated by the governing bodies,
included support for modernization and strengthening of
legislatures, electoral bodies, and political parties and
local governments. They also supported the promotion
of democratic values and practices through the education system and training programs for young leaders.

5. Respect and Apply the IADC Regarding Cuba

Finally, member states and the secretary general
should indeed respect and apply fully the IADC (as
well as the 2001 and 2009 summits’ commitments to
democracy and human rights, and the 2009 Honduras
General Assembly Resolution on Cuba), to prevent
the present government of Cuba from participating in
the activities of the organization and in the presidential summits—unless the Cuban authorities are willing to comply with the provisions of the Charter. In other
words, Cuba should be welcome to attend the interAmerican gatherings, but only as a democratic state.
The fact that the exercise of democracy and protection
of human rights are a precondition for participation in
the inter-American system is in no small way the result
of Latin American countries’ proposals and historical
aspirations for a democratic hemisphere—as many of
them had suffered through long, harsh dictatorships in
the 1970s and 1980s. Democracy and human rights
are not impositions from the United States. Their predominance today as supreme political values of the
inter-American system is a Latin American as much
as a hemispheric achievement, one that must not be
relinquished because of anachronistic (and currently
unwarranted) anti-U.S. prejudices. If the IADC is ignored in the case of Cuba, it would be irremediably
devalued and consigned to irrelevance.

The Challenge of Reforming the Charter

If applying the IADC to the fullest is a daunting challenge for
the secretary general and the member states, an even more
challenging and complicated task is to reform it. Nevertheless, there are a few reforms that appear necessary to make the Charter a stronger, more effective instrument, particularly
in terms of their impact on its preventive functions.

1. Clarify the Meaning of an “Unconstitutional Interruption”

One reform would be to clarify and define what exactly
member states consider “an unconstitutional alteration”
of the democratic order to be, as differentiated from an
“unconstitutional interruption” by a coup, for example.
This would facilitate the secretary general or member
states’ ability to call attention to events that fit the definition. Just as important, it would make it easier for them, based on Article 20, to convoke the Permanent
Council for a collective assessment of the situation.
This in turn may serve as the basis for early preventive
actions against the actual interruption of democratic
governance.  Up to now, the secretary general and member states
have not been able to agree on a definition of an “unconstitutional alteration.” Thus, they have been reluctant to condemn or even to call attention to a regime which,
despite having emerged from democratic elections, nevertheless shows clear signs of increasing authoritarianism and intolerance, not to mention violating democratic
institutions, values and practices enshrined in the Charter. Such alteration by erosion is by nature more ambiguous and does not provoke automatic agreement or collective condemnation by the member states. For some, it constitutes a process that uses democratic means to
establish an authoritarian regime, which violates democratic institutions, values and practices. For others (such as those who support governments that make those “alterations”), it is a process that represents democratic, constitutional and legitimate political changes in favor of
a previously excluded majority.

2. Allow Other Branches of Government to Speak to the Permanent Council

Another reform to consider is to allow the possibility
that other branches of government (e.g., the legislature
or the judiciary) be permitted to express before the Permanent Council their views on violations of the Charter and threats to the democratic order in their respective
countries. The IADC does not permit the legislative or the judicial
branches to ask the Permanent Council to convoke a
meeting to discuss, for example, threats to their independence or their very existence. In theory, in an international organization such as the OAS, presidential democracies—which supposedly embrace the principles of independence and separation of powers—should allow
other branches of government the opportunity to bring
attention to alleged breaches of democratic order.
In contemporary practice of international relations, the
executive branch, through its ministry of foreign affairs, The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas monopolizes the representation of the state at inter-governmental organizations. Thus, no other branch of government at the OAS is permitted to invite the secretary general to observe the political situation in its country. Nor can
the secretary general or a member state invite a branch of
government from another member state to speak at the
Permanent Council, without the consent of the executive
branch. If this were to happen, it would be denounced as
intervention in its internal affairs.
The problem, however, is that many times it is the executive branch itself that undermines democracy by abusing power, persecuting political opponents or rigging elections. The OAS mission, sent by the secretary general to support President Zelaya’s ill-advised
attempt to change the constitution so that he might be
reelected, essentially ignored the other branches’ opposition to the consulta. Moreover, it had neither the
capacity nor the time to promote dialogue, negotiation
and consensus building amongst the protagonists.
Similarly, member states in the Permanent Council
could not—or were not willing to—invite the other
branches of government to hear their grievances.
Their participation in the Permanent Council meetings
to analyze the Honduras crisis might have prevented
the military coup that removed President Zelaya.
Thus, to contribute to democratic governance and
prevent its erosion, other branches of government
should be permitted to request a visit by the secretary general to observe  in situ the political situation
in their country, without necessarily having the prior
consent of the executive. Or they should be allowed
to express their perspectives on a political crisis in the
Permanent Council, particularly when they feel their
independence is at risk. Their voices would enrich the
member states’ understanding and discussion of critical political situations and would provide the basis for a well-substantiated collective decision to protect democracy. Moreover, their inclusion would strengthen the OAS capacity as a forum for political dialogue and
conflict management to prevent the collapse of the
democratic order in a member state. And one might
argue also that a greater involvement of the legislative
branch, for example, would even help democratize
and strengthen the inter-American system.

3. Automatic Invitations for Electoral
Observation Missions
Yet another related reform would be to establish the
principle of an automatic invitation for electoral observation missions. That is, the secretary general, in consultation with the Permanent Council, should have the
faculty to decide where and when to send an electoral
observation mission, without the required previous invitation by the government, when he considers it pertinent to do so within the framework of the Charter.
An alternative or complementary reform could be to establish the possibility that a mission be sent at the request of any branch of government, or a significant opposition political party or media institution. This would reinforce the role of electoral observation missions and
the IADC in promoting and defending democracy.

4. Allow Interventions Beyond the Permanent Council Assessment

Another reform would allow the possibility of proactive
engagement or “interventions” by the secretary general
or a member state, beyond the mere convocation of the
Permanent Council to assess a situation threatening a
democracy (theoretically allowed in Article 20).
As it is now, the IADC does not allow even a visit by the secretary general to analyze the situation without a request or prior consent from the executive branch. Nor can the
secretary general send an electoral observation mission without the request from the executive branch.

5. Create an Inter-American Commission to ObserveIADC Compliance

A more complex reform would involve creating an interAmerican Commission to observe member states’ compliance with the Charter. This Commission would be similar to the IAHRC. It would be independent and composed of five to seven experts elected by the member states.
Its function would be to observe, with appropriate and
rigorous methodology, the members’ compliance with
the Charter. This could be done by establishing a mutual
evaluation mechanism similar to the one utilized to assess implementation of the Inter-American Convention against Corruption.

The Commission would present periodic reports to the Permanent Council on the state of
democracy in the hemisphere, and could advise or pro-The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas
The Brookings Institution  ❘  Latin America Initiative
85
vide political or technical assistance, in collaboration with
the General Secretariat, to any branch of government that
requests help to strengthen democratic institutions.

6. Convert the IADC into a Treaty

There is one last reform that appears necessary: To convert the IADC, with its reforms, into a treaty or an interAmerican convention. As such, the IADC would become a
legally binding instrument, which would commit and compel member states to comply with its provisions. This would imply, however, opening a wide and much-needed debate,
at all levels, about the Charter’s relevance and effectiveness. As the discussion would have to involve the legislative branch in the approval and ratification process, the
IADC would become a better known and valued instrument
throughout the hemisphere. Furthermore, as a treaty that promotes and defends
democratic rights and guarantees, the IADC could become a part of the legal constitutional framework of member states, as the Argentine Constitution of 1994
permits with some international human rights conventions.

As such, the Charter would constitute one more
legal domestic safeguard against the breakdown of the
democratic constitutional order, as well as reinforcement
of the national commitment to promote, exercise and defend democratic institutions at the inter-American level.

A final Caveat 

The implementation of the above suggestions will require
consensus amongst the member states—and the political
will and leadership needed to build consensus—something improbable at this time.
Consider, for example, the suggestion that the secretary
general or a member state invoke Article 20 to collectively
“assess the situation” of a country that may be undergoing
a politica or institutional crisis that threatens the democratic order. Assuming that a Permanent Council session is held for such a purpose, it would be a considerable
challenge just to reach a consensus on a resolution. This
would be particularly relevant if the affected state and its
allies are opposed to it—even if it would, minimally, call on
the contenders in the crisis to start a process of dialogue
to resolve their political differences, and/or permit a secretary general’s mission of good offices.

More substantially, the lack of consensus to collectively
analyze a situation in which an “unconstitutional alteration of the democratic order” occurs is based on a profound disagreement as to what exactly constitutes an
“unconstitutional alteration,” as discussed earlier.
Additionally, if a member decides to convoke a Permanent
Council session to assess the situation in a fellow member
state, without its consent, the affected government and its
allies may consider such an action not only interventionist
but even an act of aggression. This could then result in a
breaking of diplomatic and commercial relations, and in
polarizing the region and the organization—a possibility
that makes members very reluctant to proceed.

Similar difficulties would arise if a group of member states
were to propose opening a process to reform the IADC based
on the suggestions made above. A consensus to start such a
process would be hard to reach, as several countries would
consider such reforms tantamount to violating the principle
of non-intervention and giving the organization supranational
competencies, which most members oppose.

This absence of consensus in the organization reflects the
various political and ideological divisions existing in the
hemisphere today. This reality is in marked contrast to the
regime congruence of the 1980’s and 1990’s, when the
first inter-American instruments for the promotion and defense of democracy were designed and applied, and also to 2001, when the Charter was adopted. This fragmentation became clear in the recent Summit of the Americas held in Cartagena, Colombia, when the heads of state
could not agree on a final declaration because of differences concerning Cuba’s future participation, among others.

Consensus—and the leadership needed to build it—were
absent. These differences and divisions are the principal
obstacles to a renewed commitment to collectively protect
and defend representative democracy in the hemisphere.
Nevertheless, the suggestions advanced here to improve
the IADC’s effectiveness can serve as a starting point to
generate a debate that could help revitalize and strengthen
the role of the OAS and the Charter in promoting and protecting democracy in the hemisphere. Otherwise, as The Economist has put it, “the danger is that not just the charter
but the OAS itself will sink into irrelevance.”

As a final note, Cuba’s apparent interest in attending the summits is a potentially important opportunity to begin a process for bringing the hemisphere’s only non-democratically elected
government back to full participation. However, that desired
end result should not come at the expense of undermining or
weakening the fundamental conditions of democracy and human rights that are the hallmarks of the region’s institutions.


Endnotes
1
  Figures for Latin  America taken from ECLAC,  Time for Equality: Closing Gaps, Opening Trails (Santiago, Chile: ECLAC,
2010), p. 229. Available at:  http://www.eclac.org/publicaciones/
xml/1/39711/100604_2010-115-SES-33-3-Time_for_equality_doc_completo.pdf. OECD figures taken from OECD Tax
Database. Available at:  www.oecd.org/document/60/0,3746,
en_2649_34897_1942460_1_1_1_1,00.html#A_RevenueStatistics.
2
  At the Summit of the Americas meeting in Port of Spain in 2009, the
heads of state and government agreed, inter alia, that “[o]ur aspirations
and goals for the Americas depend on strong democracies, good governance, the rule of law and respect for human rights and fundamental
freedoms. We believe that democracy is essential for the social, political and economic development of the peoples of the Americas… [W]
e will uphold the principles of and fully implement the Inter-American
Democratic Charter.” They also re-stated their “commitment to protect
and promote human rights in our Hemisphere, and to the strengthening of the inter-American human rights system, with due respect for
its autonomy and independence. We express our support to continue
furthering the constructive dialogue with the participation of all actors,
including the Inter-American Commission on Human Rights and the
Inter-American Court of Human Rights, in the framework of the reflection process which contributes to enhancing its effectiveness, universalisation, and the adequate financing of the bodies of the system.”
3
  On May 8, 2012, the III Meeting of UNASUR Electoral authorities
approved the statutes for an Electoral Council, which would provide technical assistance and electoral observations or “accompaniment” to member states that so request.  http://www.unasursg.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=637:venezu
ela-solicita-acompanamiento-electoral-de-unasur-en-eleccionesgenerales-en-octubre&catid=66:noticias-unasur.
4
  In this vein, see inaugural address by President Mauricio Funes of
El Salvador, at the XXXXI OAS General Assembly in San Salvador
on June 6, 2011. Similarly, at a conference on democracy in Central America, OAS Secretary General José Miguel Insulza recently
expressed that “an update of the Charter is necessary in view of
the challenges and risks facing the consolidation and the very essence of democracy.” El Universal (Caracas, Venezuela), May 12,
2011. In February 2012, Insulza also presented to the Permanent
Council his New Strategic Vision of the OAS, proposing that it focus
on the fundamentals: “protection and expansion of democracy...and
human rights, partnership for development and regional security.”
5
  See detailed descriptions of these applications in Rubén M. Perina,
“The Role of the Organization of American States,” and in M. H.
Halperin and M. Galic (eds.), Protecting Democracy: International
Responses (New York: Lexington Books, 2002).
6
  Article 9 of the OAS Charter.
7
  Article 1 of the OAS Charter.
8
  Articles 3-6 of the OAS Charter.
9
  Article 21 of the OAS Charter.
10
  Article 18 of the OAS Charter.
11
  See Report of the Secretary General Concerning Compliance
with Operative Paragraph 3 of Resolution AG/RES. 2480 (XXXIX-O/09), entitled “Promotion and Strengthening of Democracy:
Follow-up to the Inter-American Democratic Charter,” OEA/Ser.G;
CP/doc 4487/10, (Washington, D.C.: May 4, 2010); D. Boniface,
“The OAS’s Mixed Record,” in T. Legler et al. (eds.), Promoting Democracy in the Americas (Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2007). In 1996, pursuant to Resolution 1080, a swift reaction by the Permanent Council and Secretary General Gaviria prevented a coup in Paraguay. See also a somewhat self-serving and
uncritical report by the Secretariat for Political Affairs of the OAS
entitled The Tenth Anniversary of the Inter-American Democratic
Charter: A Hemispheric Commitment to Democracy (Washington,
D.C., OEA/Ser.D/XX. SG/SAP/III.21, 2011).
12
  Gaviria  carried out this mission in the framework of Resolution
1080, although, strangely enough, it was not invoked after Bucaram was basically overthrown, mainly because the removal took
place under a constitutional façade. One wonders, however, if today, under the Charter, this would not be a cause for suspension.
13
  La Tribuna, “Congreso pide a la OEA retirar misión,” June 24, 2009.
14
  In Honduras, those opposed to the referendum viewed President
Zelaya’s manipulation of the state media, his disrespect for the rule
of law, and his disregard and contempt for the opposition as suffocating and eroding the fundamental principles of democracy, and
as the causes for his removal.
15
  If a guerrilla group is about to overthrow a democratic government
in a member state, would its neighbors stand by idly because of
the non-intervention principle? Or would they see it as a threat to
their own democracy and to the democratic community, and react
collectively in ways that may even include a military response to
prevent the collapse of the neighbor’s democratic government?
16
  See, for example, reports on Honduras, 2009 and 2010; Venezuela,
2009; Bolivia, 2009; Peru, 2000; Haiti, 1991-1993; and Nicaragua, The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas
The Brookings Institution  ❘  Latin America Initiative
87
1978. For the criteria used in determining if human rights violations
do occur in a member state, see the introduction to Chapter IV
in the Commission’s Annual Report, available at: http://www.cidh.
oas.org/annualrep/2010eng/TOC.htm. See also R. K. Goldman,
“History and Action: The Inter-American Human Rights system and
the Role of the Inter-American Commission on Human Rights,” Human Rights Quarterly, Vol. 31, pp. 856–887, 2009.
17
  Presidents Correa, Morales and Chávez have taken lately to
strongly criticizing the performance and decisions of the IACHR
and the Inter-American Court of Human Rights, the pillars of the
Inter-American Human Rights system, along with the Inter-American Convention on Human Rights of 1969. Their main argument is
that they are instruments of U.S. imperialism or manipulated by the
State Department. As recently as May 3, 2012, Venezuelan Foreign
Minister Nicolás Maduro, at a UNASUR meeting of Foreign Ministers in Colombia, echoed this position, declaring that “it is time to
dismantle this decadent Court and Commission because they intervene in our internal judicial affairs.” President Correa has recently
commented that the OAS and the IACHR are “totally dominated by
the influence of the United States and they have only served the
foreign policy interest of that country.” (Telesur, May 9, 2012.) The
fact is, however, the Commission has issued reports demanding
that the U.S. government adopt urgent measures to have a competent tribunal to try the Guantanamo prisoners accused of terrorism,
has held public hearings on the subject, and has asked the U.S.
government to close the prisoners’ camp. Similarly, the IACHR has
strongly criticized the U.S. government’s detention practices of illegal immigrants. Paradoxically, the criticism and attacks against the
Commission and the Court, and the OAS in general, is similar to
complaints by U.S. legislators and some high-ranking State Department officials who think the OAS is useless because it is dominated
by anti-American populist governments. Others see U.S. passivity
and disinterest in the organization and the region as beginning after
Latin America rejected the U.S. proposal for a free trade zone for
the Americas in Mar del Plata, Argentina, in 2006. Anyone who has
studied or observed the functioning of these inter-American institutions, or has served in them, knows full well that U.S. dominance is
no longer operative, as might have been during the Cold War years.
The reasons are many, but the fact is that the U.S. government can
no longer impose its will in these bodies, just as it cannot do so in its
bilateral relations with Latin American countries (although perhaps
with a few exceptions). We are in a different era of inter-American
relations. To pretend or claim otherwise is to ignore this new reality.
And one may suspect that governments that make such denunciations are using them as smokescreens to cover their own violations of human rights and the democratic principles, values and practices
established in the IADC. Strangely enough, though, Argentina—a
country whose people have greatly benefitted from the Commission
and the Court’s defense of human rights, and whose democratic
governments have always praised them—has remained silent and
has not come publicly to the defense of the system.
18
  To accept a non-democratic Cuba’s participation in the activities
of the hemispheric community of democracies would require a
change in the rules for participating in the OAS and the presidential summits. Also, if the illegal Micheletti government in Honduras,
which replaced Zelaya’s government after his ouster by the military in 2009, was correctly suspended from the OAS (even though
programmed presidential elections were already on course), it
stands to reason that the Cuban dictatorship would remain suspended from the OAS until it decides to abide by the Charter. If
Cuba is accepted without complying with the Charter’s principles,
the hemispheric community would also have to accept the participation of any future government that emerges out of a coup.
19
  For example, the OAS would benefit from a voice or involvement of the legislative branch in the decision-making process
of the organization. It is this branch, after all, that eventually
has to ratify or internalize international agreements reached by
representatives of the executive branch, and has to approve the
national budget, which contains payments or contributions to
the organization. See again Rubén M. Perina, “The Role of the
Organization of American States.”
20
  See a critical view of the OAS electoral monitoring in Rubén M. Perina, “The Future of Electoral Observations,” Americas Quarterly,
Spring 2010.
21
  I say theoretically because even the assessment could be stopped
if there is no consensus on the agenda of the meeting.
22
  See Articles 18 and 24 of the Charter.
23
  Known in Spanish as MESICIC: Mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención Inter Americana contra la Corrupción.
24
  For example, Article 75 includes the Inter-American Convention on
Human Rights and others.
25
  There are those who argue, however, that as a treaty, it would become a less flexible and more difficult to modify as circumstances
change. And if the treaty is not ratified by a two-thirds majority of
members, it would not enter into force nor would it be applicable to
those who do not ratify it.
26
  Decisions at the OAS Permanent Council are traditionally made by
consensus; and if this is not assured, a vote on a resolution would
probably not even be called. A vote is considered a polarizing practice that breaks the multilateral body’s harmony; but if it is called, the resolution would still need a simple majority of 18 members to
pass, which may not be easy to obtain at this time in history.
27
  Imagine what would happen to its commercial relations if Colombia
were to propose a collective assessment of the situation in Venezuela.
28
  Other issues they could not agreed on were Malvinas/Falklands
and the fight against drug trafficking and consumption.The Road to Hemispheric Cooperation: Beyond the Cartagena Summit of the Americas
The Brookings Institution  ❘  Latin America Initiative
88

COMMENTARy by TED PICCONE
Senior Fellow and Deputy Director for Foreign Policy, Brookings
Institution
The ongoing and increasingly polarized debate around the
region’s shaky commitments to democracy and human
rights are well addressed in Dr. Perina’s thoughtful paper.
In addition to the examples he offers, further evidence can
be found in the decision of the OAS General Assembly in
June to consider a raft of proposals to weaken the interAmerican human rights system. These are important signals of change in regional politics and diplomacy. First, they
connote a growing sense of self-confidence on the part of
some leaders that they can handle their internal human
rights problems on their own. Indeed, some even reject the
basic principle of external scrutiny of their adherence to
legal and political instruments they’ve endorsed. Second,
they demonstrate the solidarity among the ALBA states to
exploit certain decisions of the Inter-American Commission
and Court on Human Rights as a wedge between Washington and the rest of the region. And third, it suggests the
moral, if not always legally enforceable, power of these institutions to pressure governments to improve their human
rights records remains effective.
Reforms to the Inter-American Democratic Charter are
sorely needed. But as the paper explains, the current political and ideological stalemate around these issues will stymie any significant action. Similarly, advocates for an
effective regional human rights system are on the defensive after years of progress. Considered by many experts as one of the strongest features of the inter-American architecture, the Inter-American Commission and Court on Human Rights have developed an important body of jurisprudence that has made a difference for victims of human
rights violations throughout the region. Commissioners
have tended to be well qualified and relatively independent of their governments, and more often than not, Court decisions are respected.
A series of troubling developments, however, has raised
concern that this positive situation is changing due to some
states’ attempts to constrain the Commission’s independence and to avoid implementing its decisions. Underfunding of the system also remains a chronic problem. The creation of an OAS working group in 2011 for the ostensible
purpose of recommending ways to strengthen the mechanism has become, instead, a forum for undermining it. The renewed commitment to increase financial resources to the
human rights bodies from the OAS regular fund is the silver
lining in an otherwise stormy sky that continues to threaten
the future of the body.
Attempts to constrain the independence of commissioners
are a particular concern. A proposal to establish a code of
conduct to regulate the Commission’s rapporteurs, a tactic
borrowed from states seeking to hamstring the independent
experts of the U.N. Human Rights Council, is one example.
A plan to prevent the Commission from publishing its annual review of freedom of speech, which would directly undermine the Rapporteur for Freedom of Expression, is another.
Secretary General Insulza proposed letting governments
delay publication of the Commission’s critical country reports for as long as a year, and allow them a right of reply.
The recent case of the Belo Monte hydroelectric plant in Brazil offers a dramatic illustration of the controversy sparked by the Commission’s decisions. In April 2011, in response
to a request by indigenous communities in Brazil, the Commission issued precautionary measures that included the immediate suspension of construction of the utility. Brazil’s
exaggerated response included the withdrawal of its ambassador to the OAS and its candidate to the Commission, and a refusal (since overturned) to pay its annual quota.
A similar attitude can be observed in other leaders who reject compliance with the Court’s and Commission’s decisions. President Chávez, upon learning of a Court decision
against his government, stated that it was “worth nothing”
and chose to ignore it. In a similar vein, the secretary general suggested that the Commission’s precautionary measures “are simply recommendations that states can or cannot respect” and suggested the Belo Monte measures be revised, which some considered a political interference in
the system’s autonomy. Peru joined the chorus for reform
in protest of a Commission suit regarding a botched hostage rescue in Lima in 1997. President Rafael Correa of Ecuador, upset over the Commission’s decision to suspend
a libel sentence against newspaper editors, has even suggested CELAC break with the Inter-American Commission on Human Rights in favor of a new one exclusively for Latin America.

While the current trend of inter-American politics is to turn
away from controversial topics like the quality of democracy
and respect for human rights in favor of less confrontational
subjects like connectivity and education, the problems of
democratic governance should remain a core area of concern for all states in the region. If it is to exist at all, the
inter-American system must do more than just uphold its
most fundamental principles. It must also seek the practical
implementation of such principles through a system of open
debate of the state of democracy and human rights in each
of its member states, and an attitude of complete respect
for the institutions created to protect them.
Proponents of a strong OAS, therefore, must first defend the
gains made over decades to keep democracy and human
rights at the heart of its identity and operations. It should,
in particular, keep doing what it does well in such areas as
elections monitoring, civic education, judicial exchange and
training on the fight against corruption. It must also increase
funding to allow the Inter-American Commission and Court
on Human Rights to carry out its functions effectively and
protect its independence.
Looking ahead, OAS governments should step back from
the fight to weaken the inter-American human rights system
and instead restate clearly their obligation to fully respect
their decisions, autonomy and independence. They must
also uphold their promise to increase funding, so as to allow
these institutions to do the job they have been mandated to
do, with the aim of increasing the amount of time devoted to
their sessions or, in the long term, making them permanent
full-time bodies. They must also recommit to presenting
well-qualified candidates for positions on the Commission
and the Court.
As a final note, Cuba’s apparent interest in attending the
summits is a potentially important opportunity to begin a
process for bringing the hemisphere’s only non-democratically elected government back to full participation. However, that desired end state should not come at the expense
of undermining or weakening the fundamental conditions of
democracy and human rights that are the hallmarks of the
region’s institutions.