Monday, October 7, 2013


Paraguay, entre la espada y la pared
Sábado 10 de agosto de 2013
Perfil.com
Buenos Aires, Argentina. EDICIÓN IMPRESA

Por Rubèn M. Perina | 10/08/2013 | 00:37

El presidente electo del Paraguay, Horacio Cartes, y sus asesores
han expresado que el país no retornará a un Mercosur presidido
por Venezuela, país incorporado ilegalmente como miembro pleno
del grupo el 12 de julio pasado. Con el amplio apoyo de la opinión
pública y coincidente con el actual gobierno, Paraguay rechaza su
indebida suspensión del grupo por parte de Argentina, Brasil y
Uruguay (el trío prepotente) y objeta sus flagrantes transgresiones
al Estado de derecho subregional. Encomiable y valiente postura la
del gobierno electo. Desafía la arrogancia, la ceguera ideológica y
la torpeza diplomática de sus vecinos, que han llevado al bloque a
un callejón sin salida.

Así, Paraguay no deja pasar por alto la violación al principio de no
intervención perpetrada por los cancilleres de la región,
encabezados por Nicolás Maduro, cuando arribaron a Asunción en
junio de 2012 para detener el juicio político del Congreso
paraguayo contra el presidente Lugo, aliado ideológico del
“neoprogresismo” y su (anacrónico) antiimperialismo. Maduro
incluso es persona non grata en Asunción porque prepotentemente
arengó a los militares paraguayos para que saliesen a defender a
Lugo.

Cartes y sus asesores tampoco olvidan la violación al Estado de
derecho mercosuriano incurrida por la cuádruple alianza (Argentina,
Brasil, Uruguay y Venezuela), que usó la destitución constitucional
de Lugo (tildada de carente de “debido proceso”) como pretexto
para suspender ilegalmente a Paraguay del bloque, sin siquiera
permitir su presencia en la reunión de Mendoza para explicar lo
acontecido, violando el Tratado de Asunción y elementales
prácticas diplomáticas. Fue el “castigo” por el “atrevimiento” del
Senado paraguayo de no ratificar la incorporación de Venezuela.

Como si fuera poco, el trío arbitrariamente incorporó a Venezuela
transgrediendo otra vez el Tratado, que requiere unanimidad para
tal decisión. Agregando insulto al daño, el trío omnipotente permitió
que Venezuela asumiera la presidencia del grupo, lugar que le
correspondía a Paraguay por norma de rotación. Peor todavía, su
presidente ahora es el “no grato” Maduro, cuya legitimidad es
cuestionada en su propio país porque asumió la presidencia
inconstitucionalmente (vía autogolpe) luego de la muerte de
Chávez y fue reelecto por una mínima diferencia en elecciones
irregulares e impugnadas. El trío arrollador nada dijo sobre esto (ni
sobre las violaciones constitucionales en Bolivia, Ecuador y
Nicaragua) y parece más interesado en el mercado venezolano
(importa el 80% de lo que consume) y su petróleo que en la
legalidad del Mercosur y la democracia venezolana.

Ante ello, Paraguay no puede retornar cabizbajo, aceptando la
humillación sufrida y la violación a la normativa del Mercosur, como
pretende el torpe trío. El Estado de derecho regional e
internacional, incluyendo el respeto a la soberanía nacional y a la
no intervención, representa la principal garantía que los Estados
como Paraguay tienen para protegerse de la agresión o del abuso
de poder de las potencias regionales o globales. Por eso el país
insiste en el respeto y la vigencia de tales normas de convivencia.
A Paraguay lo han puesto entre la espada y la pared. Y como el
desacertado trío no va a revertir sus desastrosas decisiones, al
nuevo gobierno no le queda otra que esperar hasta que en el
Mercosur se encuentre una solución que satisfaga sus intereses,
respete su dignidad y el Estado de derecho subregional. Paraguay
no debe volver al Mercosur aceptando la incorporación de facto de
Venezuela y su presidencia.

Eso no significa, sin embargo, como lo ha expresado el presidente
electo, que no se pueda dialogar y negociar bilateralmente con el
trío, pero también con cualquier otro Estado para incrementar y
mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas con todos.
Paraguay no debería quedar atado a un esquema caduco que ya
no le conviene. Gracias a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación el mundo está abierto y lleno de oportunidades
para el ahora pujante país (crecerá 10% en 2013). Con la Alianza
del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México), Estados Unidos,
China y la Unión Europea se pueden explorar acuerdos de
cooperación a fin de abrir mercados y atraer inversión y tecnología
para el desarrollo.

El compás de espera permitiría conversaciones o negociaciones
sobre una posible solución: un nuevo Tratado del Mercosur,
incluyendo a Bolivia y Ecuador, con renovados objetivos y
compromisos que generen seguridad jurídica y confianza para
avanzar solidariamente en la gobernanza democrática regional, la
integración y la prosperidad económica de todos.

􀀀*Profesor en la Universidades de Georgetown y George Washington  

El Retorno del Paraguay al Mercosur

RUBÉN M. PERINA | EL UNIVERSAL
Caracas, viernes 14 de junio de 2013 12:00 AM

Argentina, Brasil y Uruguay, en junio de 2013, suspendieron sumariamente
al Paraguay del Mercosur, por haber el congreso paraguayo destituido,
constitucional y legítimamente, al presidente Fernando Lugo, aliado
ideológico de los mandatarios de esos países. Lo hicieron violentando el
tratado del Mercosur y sin siquiera permitir a la delegación paraguaya
exponer su posición, incorporando además ilegalmente a Venezuela como
miembro pleno del bloque. Un verdadero atropello a las normas
internacionales y a la soberanía y dignidad del Paraguay. Por ello el retorno
al Mercosur requiere se considere el siguiente curso de acción:
Valorar como positiva la postergación de la reunión de fin de junio del
Mercosur hasta después de la asunción del presidente Cartes, el 15 de
agosto.
Solicitar a esos países que se levante la suspensión de Paraguay con
anterioridad a dicha reunión, ya sea antes o después de la inauguración del
nuevo presidente.
Requerir que se respete el turno de la presidencia pro-tempore del Paraguay
en el Mercosur, tal como le corresponde.
Comprometerse a solicitar al Congreso de la República la aceptación de la
incorporación de Venezuela al Mercosur, antes de la reunión del bloque o
inmediatamente después, pero bajo la condición de que el gobierno
venezolano se disculpe por el flagrante intervencionismo del Canciller de ese
momento (actual presidente Nicolás Maduro), en los asuntos internos del
país durante su visita a Asunción en la víspera de la destitución de Lugo y, en
el marco de la cláusula democrática del Mercosur, que ese gobierno reitere
su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y la Convención
Inter-americana de Derechos Humanos, la cual ha denunciado.
Solicitar al Mercosur la flexibilización del tratado vigente y en particular de
la Resolución 32 del 2000 que prohíbe a sus miembros por sí solos negociar
acuerdos comerciales con países fuera del bloque. Esto a los efectos de poder
ejercer su plena soberanía comercial y buscar relaciones que beneficien más
directamente al desarrollo del país. Cuanto más abierta una economía es,
mayor es su prosperidad. Según reportes periodísticos, pareciera que Brasil
mismo estaría interesado en esta posibilidad y Uruguay sería un entusiasta
aliado.
Iniciar conversaciones con el gobierno de USA para activar el Tratado
vigente con ese país sobre Amistad, Comercio y Navegación de 1859, que
esencialmente es un tratado de libre comercio y otorga al Paraguay
beneficios de nación más favorecida. Los recientes acuerdos comerciales
entre Brasil y México y entre Uruguay y Estados Unidos sirven de
precedentes.
Mantener la iniciativa de integrarse como observador y eventual miembro de
la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).
Solicitar al gobierno brasileño que permita acceso a sus archivos de la Guerra
de la Triple Alianza, a los efectos de facilitar las investigaciones históricas
sobre el tema. Los archivos paraguayos de la misma, devueltos por el
presidente Figuereido, están disponibles al público en Asunción.
Exhortar al gobierno argentino que cancele su deuda de 34 millones de
dólares que debe a la Entidad Binacional Yacyretá en concepto de
compensación por la cesión de energía el año pasado, antes de la asunción
del presidente electo Cartes.
Buscar un acercamiento estratégico con las provincias argentinas (Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones) y los estados brasileños (Mato Grosso du Sul,
Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), para impulsar una mayor
cooperación e integración comercial y cultural de beneficio mutuo en ambas
zonas fronterizas. Sus empresarios, habitantes y gobernadores pueden ser
aliados poderosos del gobierno paraguayo en su relacionamiento y
negociaciones con los gobiernos centrales de ambos países --siempre
alejados e ignorantes de las realidades fronterizas.
Estos lineamientos, entre otros, no solo podrían contribuir a fortalecer la
dignidad y soberanía nacional, sino que además podrían ayudar al Paraguay
a recuperar su libertad de acción, ya que el bloque se ha desvirtuado y no ha
generado los beneficios que se esperaban de él. Paraguay no debería
quedarse atado para siempre a un esquema que no le conviene y que está
dominado por socios que no respetan sus reglas y quieren imponer
su modelo político --que en este caso parece estar alejándose de la
democracia constitucional que tanto le costó al país recuperar.
Ph.D.*
Ex-funcionario de OEA y profesor de la Universidad de Georgetown.

Sunday, January 27, 2013


El régimen chavista y su autogolpe


Diario ABC. Asunción, Paraguay  


http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-regimen-chavista-y-su-autogolpe-532251.html

Rubén M. Perina: El régimen chavista y su autogolpe

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Hoy a Venezuela la gobierna un régimen autoritario populista/asistencialista, centralizado en el poder ejecutivo y personalizado en la figura del caudillo Hugo Chávez, el líder supremo y mesiánico de la “revolución bolivariana”. El régimen consiste en un conjunto de normas y comportamientos dictados por Chávez y acordados y ejecutados por la cúpula chavista y sus seguidores que lo idolatran. Se sustenta en una mayoría electoral estado-dependiente constante del 54% más o menos, que lo ha entronizado en el poder desde 1998. El régimen genera esta mayoría con un insostenible gasto y deuda pública que financia las llamadas misiones de asistencia social, y por medio de un ventajismo electoral que resulta del uso y abuso de los recursos del Estado, la propaganda oficial y el control y manipulación del sistema electoral.
El régimen controla todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la controlaría general y la defensoría del pueblo, el poder electoral, las fuerzas armadas, las empresas del estado, la mayoría de las gobernaciones, de los medios de comunicación y de las universidades del país. No hay independencia de poderes, todos siguen las pautas chavistas, reina el pensamiento único. Se acosa y persigue a la prensa libre y se denigra a la oposición política, a la que se la tilda de golpista y sirviente del “imperio”. Su propósito es mantener un control absoluto del Estado y del pseudodemocrático proceso político/electoral, en función de una supuesta revolución socialista y antiimperialista. (Son llamativas las similitudes con el régimen stronista del Paraguay –1954-1989–, con la diferencia de que a la oposición se la tildaba de “comunista”).
Pero ahora el régimen está en crisis porque el comandante no aparece; se encuentra operado de cáncer e internado bajo control médico en Cuba; no se sabe exactamente su estado de salud, solo que es muy delicado. Se desconoce cuándo o si podrá asumir la Presidencia. El régimen está acéfalo –aunque se pretende que Chávez se encuentra en “ejercicio de sus funciones” y que cuenta con un permiso de ausencia sin límites de la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello (un incondicional colega golpista). Ante la ausencia del Jefe, ¿cómo preservar el poder y el control del Estado?
El principal impedimento para ello es la misma Constitución bolivariana, que es muy clara sobre el procedimiento a seguir para el juramento del Presidente electo. Su artículo 231 establece que el Presidente electo “tomará posesión… el 10 de enero del primer año de su período constitucional…”, y el 233 señala que “será falta absoluta” del Presidente su “incapacidad física… certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia…”; y que cuando “se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección…”, y mientras “se elige y toma posesión el nuevo Presidente… se encargará de la Presidencia… el presidente de la Asamblea Nacional… y se procederá a una nueva elección… dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.
Para mantenerse en control del Estado, la plana mayor del chavismo, con el “apoyo” de los hermanos Castro, “convence” al Poder Judicial que emita una interpretación constitucional que garantice la continuidad y estabilidad del régimen, hasta que retorne Chávez, o hasta que se consolide en el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien Chávez nombró Vicepresidente Ejecutivo y sucesor político, pero todo antes del 10 de enero.
Para sorpresa de nadie, el 9 de enero la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, anunció que “a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión”, ya que Chávez es un “Presidente reelecto”. La juramentación es un mero “formalismo” y hay “continuidad administrativa” porque “el presidente no es un nuevo presidente” y su gestión fue “aprobada por el soberano”; ni es necesario conformar una junta médica para determinar su capacidad física. La decisión del TSJ ignora lo que establece la carta magna para darle un viso de legalidad a un comportamiento contrario a la Constitución.
De acuerdo a esa retorcida interpretación, el “Vicepresidente” podría gobernar indefinidamente mientras dure la falta del presidente no juramentado. Pero el problema es que Maduro no fue electo ni juramentado oficialmente por el presidente ausente. Su gobierno es ilegal e ilegítimo. El régimen no cumple con la Constitución, porque de hacerlo, Cabello tendría que asumir la Presidencia y llamar a elecciones en los próximos 30 días. Así, el régimen violenta el orden constitucional democrático, consuma su autogolpe y se mantiene en el poder, con el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
El autogolpe también viola las cláusulas democráticas de organismos regionales como el Mercosur y la Unasur, así como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de promover y defender colectivamente la democracia representativa. Y lo curioso es que estos han mostrado solo indiferencia y pasividad ante la transgresión chavista. Ausentes están las condenas de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay frente a los sucesos de Honduras (2009) y Paraguay (2012). Aunque ello no debería extrañar, porque sus gobiernos también ignoraron las violaciones constitucionales y a la Carta Democrática perpetrada por Zelaya, en Honduras, antes de su destitución; por el mismo Chávez y por Morales, de Bolivia y Ortega, de Nicaragua, para acceder a su reelección inmediata.
* Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington. Ex funcionario de la Organización de Estados Americanos


Hipocresía  en CELAC. Dictadura Cubana la dirige. Democracia Paraguaya excluida.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/castro-heraldo-de-la-democracia-y-los-ddhh-532305.html

ABC color, ASUNCION, PARAGUAY

27 DE ENERO DE 2013

Castro, heraldo de la democracia y los DD.HH.

Concluye hoy en Chile la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro que se dice depositario de valores tales como la promoción de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en la región. Al término del encuentro, Cuba recibirá la presidencia pro témpore del grupo. Parece un chiste, pero de ahora en más, el dictador Raúl Castro, que encabeza una de las dictaduras más antiguas del planeta, tendrá en sus manos la facultad de aplicar en Latinoamérica una cláusula democrática y medir el nivel de respeto a la dignidad humana en los países que componen el citado mecanismo de concertación política. Así, el mencionado tirano fungirá nada menos que de intérprete de las aspiraciones de esta parte del mundo y heraldo de los principios en torno a los cuales se pretende construir este espacio integrador.
Concluye hoy en Santiago de Chile la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro que se dice depositario de valores tales como la promoción de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en la región. Al término del encuentro, Cuba recibirá la presidencia pro témpore del grupo. Parece un chiste, pero de ahora en más el tirano Raúl Castro, que encabeza una de las dictaduras más antiguas del planeta, tendrá en sus manos la facultad de aplicar en Latinoamérica una cláusula democrática y medir el nivel de respeto a la dignidad humana en los países que componen el citado mecanismo de concertación política.
Fruto del odio y la persecución de que es objeto por la secta de países bolivarianos tras la destitución constitucional por “mal desempeño de sus funciones” de Fernando Lugo, el Paraguay volvió a estar ausente de un encuentro regional, en este caso la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que concluye hoy en Santiago de Chile.
Desde luego, es lamentable que el Paraguay haya perdido la ocasión de participar en esta oportunidad de la reunión de mandatarios de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se efectuó en el marco de la cumbre, y que reunió a unos 60 jefes de Estado y de Gobierno de uno y otro lado del Atlántico. Tal vez no tanto por las decisiones “trascendentes” que allí pudieron haberse adoptado, sino por el hecho de que nuestro país no merece ser objeto de un trato excluyente y denigratorio por parte de nadie. No obstante, existen otras consideraciones de fondo que es útil observar y considerar.
Como es bien sabido, desde el 22 de junio del año pasado –por instigación de algunos espacios ideológicamente radicalizados, como los constituidos por el eje de naciones bolivarianas– nuestro país es objeto de todo tipo de marginamientos y sanciones por haberse apartado de la “senda de la democracia”, sistema político del que ellos, no sin cierto dejo de ironía, se creen en el derecho de proclamarse auténticos intérpretes y defensores.
En este marco, es llamativo que países tan poco respetuosos de la institucionalidad democrática, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela –país que ostenta actualmente un gobierno trucho por haberse constituido y funcionar al margen de los preceptos constitucionales–, participen sin ningún inconveniente en cuanta cumbre presidencial exista, y que el Paraguay sea excluido de dichas reuniones.
En la fecha, Chile transmite a Cuba la presidencia pro témpore del bloque. La dictadura más antigua del continente se erigirá así en vocera de toda la región latinoamericana y caribeña, y el tirano Raúl Castro fungirá nada menos que de intérprete de las aspiraciones de esta parte del mundo y heraldo de los principios en torno a los cuales se pretende construir este espacio integrador.
Entre estos principios se destaca –¡oh ironía!– la promoción de la democracia. En efecto, la Celac suscribió en diciembre de 2011 una “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional”.
En el documento, los presidentes acordaron “adoptar una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del orden democrático (…), los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, ni objeto de ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas, y la libertad de opinión y expresión”.
Desde ya, y solo con la información que a diario es propalada por los medios de comunicación, nuestro amable lector está en condiciones de concluir si estos valores fundamentales de la democracia y la dignidad humana están vigentes en Cuba, país en el que hasta una simple bloguera como Yoani Sánchez es sistemáticamente perseguida por difundir verdades que molestan profundamente al siniestro gobierno que tiraniza la isla caribeña desde hace más de medio siglo.
Pero el sinsentido no termina allí. En caso de que en algún país miembro de la Celac se produjese una “ruptura del orden constitucional”, Cuba deberá convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para que se analice la situación y, de acuerdo a los resultados de la misma, “suspender al Estado en que se hubiese materializado la ruptura del orden constituido, o del Estado de Derecho, del derecho a participar en los órganos (…) de la Celac”.
Aquí es donde el cinismo que se ha apoderado de prácticamente toda la dirigencia política regional no tiene parangón. Durante todo el presente año, Cuba estará en condiciones legales de imponer sanciones a cualquier país de la región por apartarse de la senda de la democracia. El dictador Castro, con plenas facultades para definir cuáles naciones son plurales y abiertas y cuáles no; en cuáles de ellas se respetan los derechos humanos y en cuáles se violentan.
Nos preguntamos, ¿cómo es posible que se haya llegado a tal deterioro y decadencia en nuestra región? ¿Cuándo y por qué circunstancias la hipocresía se apoderó de forma tan perversa de las relaciones entre nuestros países? El Paraguay excluido de participar activamente en la comunidad internacional por un supuesto apartamiento de la legalidad constitucional, y Cuba entronizada en juez y árbitro de la democracia. ¡Para no creerlo!
A medida que el tiempo va pasando, los hechos confirman que se ha cometido una tremenda injusticia contra el Paraguay y los paraguayos. Un grupo de autoproclamados intérpretes de la verdadera democracia nos impuso sanciones arbitrarias en nombre de principios que no solo ellos mismos desconocen, sino que hasta desprecian, como lo revela fehacientemente ahora el hecho de proclamar al tirano Raúl Castro como custodio de un sistema de gobierno que es desde luego inexistente en la atribulada isla que él y su hermano sojuzgan desde hace ya más de cinco interminables décadas.

Saturday, January 26, 2013


Porqué Cuba no debe estar en la Cumbre

Rubén M. Perina, Ph.D.[1]

EL UNIVERSAL, Caracas Venezuela
Miércoles 11 de abril de 2012 12:00 AM


Si los Castro desean reintegrarse a las Cumbres de la OEA, bienvenidos, pero en democracia


Cuba no puede ni debe participar en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas (Cartagena, Colombia, el 14-15 de abril), porque no es una democracia,  y  porque sigue suspendida o auto excluida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inclusive a partir de 2009 cuando se  levantó formalmente su suspensión.

Para los que no recuerdan la historia,  Cuba fue suspendida de la OEA  en la reunión de  Cancilleres de 1962 (solicitada por Colombia con el apoyo de Perú),  y sancionada con la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales en la reunión de 1964 (convocada a solicitud de Venezuela tras los intentos castristas de derrocar al gobierno venezolano de Rómulo Betancourt). 

Cuba fue suspendida porque el marxismo-leninismo instalado por la fuerza en ese país se había convertido en una amenaza clara y directa para los países de la región --violando flagrantemente el principio de no-intervención en los asuntos internos  de  varios países.  Por nada Fidel Castro y el Che Guevara  anunciaron que la cordillera de los Andes sería la Sierra Maestra del continente, donde surgirán varias Vietnam. El intervencionismo cubano ocurrió en los años  sesenta en Bolivia (en cuyas selvas muere el Che),  Colombia,  Perú, República Dominicana  y Venezuela, y luego en los setenta y ochenta en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y  Grenada.

El castrismo apoyó la subversión y la insurrección rural y urbana para derrocar gobiernos, controlar el estado y transformar las sociedades. Para ello apuntaló a la guerrilla con  armamento, capacitación, propaganda y logística, e infiltró movimientos campesinos, estudiantiles y trabajadores  --todo en nombre de la revolución socialista,  y en alianza con la Unión Soviética. Para peor, ello produjo una reacción anticomunista que se materializó en los gobiernos militares más represivos que soportaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en los sesenta y setenta.

Sin embargo, tras el colapso de la Unión Soviética a fines de los ochenta,  Cuba, ya sin el apoyo de su patrón ideológico, “abandona” su militancia intervencionista y recompone sus relaciones diplomáticas y comerciales con la gran mayoría de los países de la región.

Por ello, en la Asamblea General de la OEA de 2009, en Honduras, los estados miembros derogaron la decisión de 1962.  Pero supeditaron su retorno a que éste sea en consonancia con “las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA” y a solicitud del gobierno de Cuba. Si los hermanos Castro desean reintegrarse a las Cumbres de la OEA,  bienvenidos,  pero en democracia. Hasta ahora no han dado señales de que lo quieran hacer en esas condiciones.

La  condición sine qua non de membrecía y participación en las actividades de la OEA y las Cumbres es ser un estado democrático. Así lo establecieron  los jefes de estados miembros de la de la OEA en la primera Cumbre de 1994, donde además reiteraron su  compromiso de ejercer, promover y defender la democracia representativa cuando ésta sea amenazada o interrumpida en cualquiera de sus miembros.  Compromiso que ya se había adquirido con los cambios a la carta constitutiva de la OEA en 1984 y 1992, y  con la famosa Resolución 1080, Democracia Representativa,  de  la Asamblea General de 1991.  

Hoy día, la vigencia de la democracia y la observancia de los derechos humanos están consagrados como los más altos valores del sistema interamericano en la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) aprobada  2001;  y junto al no-intervencionismo y la igualdad jurídica de los estados,  representan  logros históricos de la política y la diplomacia latinoamericana en el sistema interamericano  --no una imposición norteamericana.  Desde su nacimiento las naciones latinoamericanas han aspirado a vivir en libertad y democracia.  EEUU más bien,  con frecuencia, resistió su cristalización en los tratados, convenciones e instituciones que dan contenido y  regulan el sistema interamericano, incluyendo la misma OEA: su organismo central.   

Correa, Chávez, Ortega y compañía, que dicen que la exclusión de Cuba es anacrónica,  deberían saber que lo anacrónico, inmoral  e indigno en el mundo de hoy es la dictadura castrista; y que lo apropiado sería su desmantelamiento y la liberación de  la sociedad cubana de la opresión que hoy sufre.  En todo caso, lo que sí es anacrónico también es el bloqueo norteamericano, no sólo porque es inefectivo sino porque la dictadura lo usa para justificar su sistema represivo.

Desconcierta también que gobiernos “progresistas” que quieren a Cuba en la Cumbre, desconocen o ignoran sus compromisos asumidos en la Carta Democrática, particularmente en el sentido que “los pueblos tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (Art. 1),  como si el pueblo cubano no se mereciera ese derecho o como si su gobierno no fuese una dictadura. ¿Acaso no suspendieron de la OEA al gobierno de Honduras que derrocó al Presidente Zelaya?  Sí,  pero siguen tolerantes con el de Cuba.    

La democracia implica la vigencia de instituciones, valores y prácticas (ver la Carta Democrática), como elecciones libres, justas y transparentes, pluralismo político, separación y equilibrio de poderes, libertad de asociación y expresión, observancia de los derechos humanos, respeto al estado de derecho, a las minorías y la oposición, entre otros. En la Cuba de hoy  nada de esto está vigente;  su sociedad vive oprimida por un gobierno represivo de más de 50 años.  Por eso Cuba no puede ni debe ser invitada a la Cumbre de las Américas.

Washington, D.C.  8  de abril de 2012




[1] Argentino, profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington, y ex funcionario de OEA. 


Mala Imagen: Argentina en Washington


Por Rubén M. Perina, Ph.D.*
PERFIL, Buenos Aries, Argentina
Sábado 27 de octubre de 19112 | 11:20

La cátedra sobre Argentina en la Universidad de Georgetown, inaugurada por la presidenta Cristina Fernández, es una oportuna iniciativa. El país y su gobierno necesitan mejorar su imagen en Washington.
En los más importantes centros de estudios sobre América latina como el Wilson Center, el Diálogo Interamericano, la Brookings Institution, y las Universidades de Georgetown y George Washington, no se menciona a la Argentina como un modelo de desarrollo económico y democracia, como muchos argentinos creen que lo es, o como la Presidenta lo vende. Se lo señala como un país enigmático y contradictorio. Democrático electoralmente pero no gobernado con valores y prácticas democráticas, donde el poder está concentrado en la presidencia y en la capital. Con instituciones republicanas pero débiles y sometidas al Poder Ejecutivo.
Tampoco es halagador lo que se escucha de funcionarios del Banco Mundial, el FMI, el BID, el gobierno de Estados Unidos, o los comentaristas de CNN en español, o lo que se lee en influyentes periódicos como el Washington Post. La percepción generalizada es que su gobierno es poco transparente e intolerante y poco confiable con sus estadísticas sobre la inflación, déficit fiscal y cifras de desempleo; que intimida y discrimina a medios opositores y manipula los medios públicos para promover su políticas asistencialistas y clientelistas; que coarta la libertad de individuos para comprar moneda extranjera; que usa la agencia impositiva para perseguir a los que cuestionan sus políticas; que descalifica y agravia a los políticos, empresarios, periodistas o intelectuales que critican su actuación, y que muchos de sus funcionarios se han enriquecido inexplicablemente y son protegidos por jueces no independientes.
Circula también la impresión de que su gobierno es irrespetuoso de sus compromisos internacionales, que no paga sus deudas el BM y el FMI, con empresas y bonistas o con el Club de París; que pone trabas a las exportaciones e importaciones, dificulta la repatriación de ganancias, nacionaliza inversiones extranjeras y no ofrece seguridad jurídica para las inversiones extranjeras y las relaciones comerciales. Se destaca por ello la pésima ubicación argentina en los índices internacionales sobre libertad y competitividad económica. Muy similar a lo que se oye sobre la Venezuela de Chávez y lo contrario de lo que se escucha sobre Chile, México, Perú o Colombia.
Argentina no tiene muchos amigos en Washington. El año pasado, el Departamento del Tesoro vetó préstamos del BID y del BM para el país. Este año el influyente senador Lugar y el Washington Post, pidieron se excluyera al país del G20. El Departamento de Estado no tiene la menor intención de ayudar a Argentina en ni siquiera presionar a Gran Bretaña para que se siente a negociar sobre las Malvinas.
Lo anterior puede ser verdad o una distorsión de la realidad argentina, pero es lo prevaleciente en Washington, y se reflejó en las preguntas de los estudiantes de Georgetown (y luego de Harvard) después del discurso de la Presidenta. Su alocución, que anunció sería una comparación de la historia de ambos países, fue sólo una interpretación de la historia argentina que terminó con elogios para la gestión kirchnerista y el modelo argentino. Pero sorprendente fue su comentario que el general George Washington había ganado la Guerra de Secesión y su retorcida interpretación de ésta, así como su cuestionamiento de las cifras de la inflación estadounidense. Sus respuestas, sobradoras y defensivas, evadieron o no respondieron con altura las inconvenientes preguntas, y la Presidenta demostró, por ignorancia o conveniencia, no saber que el coronel Hugo Chávez había liderado el fracasado golpe de Estado contra el presidente Pérez en 1992, confundiendo el evento con el Caracazo de 1989. El asombro de los universitarios se notaba en sus caras y luego en sus comentarios (cuatro de ellos han sido mis estudiantes). Comienzo poco feliz de la cátedra.
La imagen de una Argentina contradictoria y descolocada, y distanciada de Washington (y de Europa), distorsionada o no, es bien conocida por diplomáticos y empresarios argentinos, y por eso han avanzado con la iniciativa de la cátedra. El proyecto merece aplauso y apoyo. Sus conferencias, seminarios, investigaciones, publicaciones, pueden ayudar a mejorar esa imagen en la capital norteamericana. Sin embargo, sus actividades no pueden ser un instrumento de propaganda nacionalista, sino en su conjunto un foro pluralista de intercambio y diálogo entre formadores de opinión de la academia, la política, el periodismo y el empresariado de ambos países. Su propósito debe ser la promoción de un mejor entendimiento de la realidad argentina en Estados Unidos, que además sirva como base para fortalecer las relaciones entre los pueblos y gobiernos de ambas naciones.
*Profesor de la Universidad de Georgetown y ex funcionario de OEA.



Organismos regionales y el Paraguay

EL PAIS INTERNACIONAL
MADRID, ESPAÑA
2 DE JULIO 2012


Washington2 JUL 2012 - 19:35 CET
RUBÉN M. PERINA ,  Washington 2 JUL 2012 - 19:35 CET44

El experto, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, analiza los mecanismos institucionales para restaurar el orden democrático


La comunidad inter-americana de democracias ha mostrado, desde la década de los ochenta, un firme compromiso con la defensa colectiva de la democracia a través de instrumentos como la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) de la OEA, o las cláusulas democráticas de Mercosur y Unasur. Se trata así de prevenir la ruptura del orden democrático o restaurarlo cuando se quiebre en uno de sus miembros, ya sea por golpe de estado militar, auto-golpe, o alteración del “orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” (Art. 19, CDIA). Ahora se pretende aplicarlos al Paraguay, luego de la destitución del presidente Lugo el pasado 22 de junio.
Estos instrumentos se activan después de un golpe o intento de, y por eso son de tipo reactivo y restaurativo. Han sido aplicados desde 1991 en Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Venezuela, con condenas del golpe, misiones de buenos oficios, sanciones diplomáticas (no reconocimiento, ruptura de relaciones), interrupción del comercio y la cooperación, congelamiento financiero y suspensión del organismo. También son preventivos, cuando se usan para evitar la interrupción del orden democrático como en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Sin embargo, los mismos se han diseñado por y para proteger exclusivamente a los ocupantes del poder ejecutivo. Reflejan los intereses de esa rama del poder y por ello ésta es la única que puede pedir ayuda para la preservación del orden democrático. Conforman así en los organismos intergubernamentales un club de mutua protección presidencial. Pero si el ejecutivo viola el orden constitucional democrático o sus principios, los otros poderes no tienen recurso a esos instrumentos, a pesar de que en democracia rige la independencia e igualdad de poderes.
En el Paraguay se ha destituido a un miembro del club, y varias cancillerías han calificado la destitución constitucional parlamentaria del presidente Lugo como golpe de estado, y la han calificado como ilegítima y violatoria del debido proceso y de los derechos humanos del ex presidente (Qué dirían los ex presidentes Bucaram y Gutierrez de Ecuador o Color de Melo de Brasil, Sánchez Lozada de Bolivia, o de la Rúa de Argentina?). También se suspenderá al nuevo gobierno de las actividades de los organismos mencionados.
Pero el problema es que la destitución no fue ni un golpe de estado ni una alteración del orden constitucional democrático. Fue un juicio político, no penal, resuelto por abrumadora mayoría, que respetó los preceptos de la constitución paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retiró su apoyo, Lugo aceptó el juicio y sus reglas, envió su abogado (que hizo un descargo dramático e inteligente por más de dos horas), reconoció su derrota política y dejó la presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y usa ahora espacios públicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo substituyó su vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado más tiempo, el resultado habría sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un período de inestabilidad política y violencia social.
Lo insólito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas autoridades, han venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos gobiernos de la región perpetran contra el orden democrático. Estos llegan al poder vía elecciones democráticas, pero una vez en control del Estado, lo ejercen para erosionar las instituciones, valores y prácticas democráticas consagradas en sus propias constituciones y la CDIA.
La erosión del orden democrático (“golpe en cámara lenta”) la consuman solapadamente. Se manipulan elecciones o referendos y mayorías transitorias en el poder legislativo o en el poder judicial y electoral, para modificar las reglas de juego y obtener superpoderes. Se destituyen o presionan a jueces no aliados y se ignoran decisiones de las cortes o legislación contraria a sus fines. Se socavan así la independencia de poderes, la libertad de prensa, el estado de derecho, las elecciones libres y justas y el respeto a las minorías, entre otros. La oposición es perseguida y tildada de conspirativa. El proceso culmina invariablemente en hiper-presidencias que acumulan y monopolizan el poder. Todo en nombre de la democracia “participativa,” la “inclusión social,” el socialismo y el anti-imperialismo.
La indiferencia a tales desarrollos y los ataques desmedidos de Venezuela y Nicaragua, en particular (véase sesión de OEA), más el intento de aislar al Paraguay parecen más una vendetta ideológica que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo para castigar al Congreso paraguayo por no ratificar su entrada al Mercosur. Hasta Cuba retiró su embajador porque se violó la democracia. Vaya desfachatez!
Surge entonces la urgencia y necesidad de que la comunidad democrática interamericana, a través de sus organismos regionales, se aboque a perfeccionar los mecanismos colectivos de defensa de la democracia. En ese sentido, parece impostergable una definición más afinada de lo que significa la “alteración del orden democrático,” con especial atención al fenómeno de la erosión de la democracia; y es imprescindible, para evitar su colapso en casos de crisis institucional, incluir en los mecanismos colectivos de análisis y prevención la voz de todos los poderes del estado involucrados en la pugna institucional, y no sólo el poder ejecutivo, como ocurre hasta ahora. Sólo así tales organismos podrán impulsar el diálogo necesario para la construcción de consensos que prevengan la ruptura del orden democrático. Si no, pasarán irremediablemente a la irrelevancia en la defensa de la democracia.