El PAíS
TRIBUNA
Venezuela, del diálogo fallido al fraude electoral
El diálogo y el
revocatorio son la única vía pacífica y democrática para resolver la crisis
política y humanitaria
El
pretendido diálogo entre la oposición y el régimen chavista, tantas veces
prometido y no cumplido por el régimen desde 2002, no ha prosperado y ahora el
régimen recurre al fraude electoral para impedir la realización, antes del 10
de enero de 2017, del Referéndum Revocatorio (RR) del presidente Nicolás
Maduro.
Esta
última versión de diálogo no ha avanzado porque siempre fue una farsa del
chavismo, que lo ha utilizado como cortina de humo para encubrir sus trabas al proceso
convocatorio del RR, con el claro propósito de evitarlo, a sabiendas de que su
realización significa el fin de Maduro presidente y del régimen.
Para
impedirlo consiguió el apoyo del Secretario General de la UNASUR, Ernesto
Samper, quien nombró, sin el consentimiento explícito de los cancilleres del
grupo, tres facilitadores de supuesta imparcialidad: Rodríguez Zapatero de
España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos. La mayoría
de los países de hemisferio, tanto en la OEA como en UNASUR y MERCOSUR se
expresaron, a favor del dialogo. Pero hasta hoy sus frutos son
nulos; o peor, no hay diálogo formal. Prueba de ello es que ahora
se ha solicitado la mediación del Vaticano. Mientras tanto cunde la crisis
humanitaria y la miseria, se agudiza la polarización social y política,
continúa la represión, la persecución y encarcelamiento de líderes de la
oposición y se ignora la constitución y el Estado de derecho.
El diálogo
y el RR son la única vía pacífica y democrática para resolver la crisis
política y humanitaria --crisis resultante de la ceguera ideológica, la
inoperancia, corrupción, represión e impunidad del régimen chavista. El diálogo
sólo tiene sentido para la oposición y su Mesa de Unidad Democrática (MUD) si
es para garantizar el RR antes del 10 de enero, liberar los presos
políticos, aliviar la crisis humanitaria y restaurar el respeto del Estado de
derecho y la división de poderes. Pero si no hay diálogo ni RR pre-10 de enero,
la oposición estará en su derecho de promover la desobediencia civil y la
rebelión pacífica según lo permite la Constitución bolivariana (Arts. 333 y
350).
Como el
diálogo ya no puede ser utilizado más para ocultar la obstrucción del proceso
convocatorio del RR, el régimen instala la manipulación del proceso electoral
(revocatorio) para su beneficio. El régimen ha usado el fraude para mantenerse
en el poder desde 2004 y lo perpetró descaradamente en la elección
inconstitucional de Maduro tras la muerte de Chávez en 2013.
Con su
control del Consejo Nacional Electoral (CNE), el régimen ha introducido
elementos fraudulentos en el proceso convocatorio del FF.
Inconstitucionalmente, el CNE decidió que el 20 % de los votantes necesario
para convocar el RR debe obtenerse en cada uno de 24 distritos del país, y no en circunscripción
nacional como lo establece la Constitución y como ocurrió en el RR de 2004
--que ganó Chávez dudosamente. El presidente es electo por circunscripción
nacional y debe ser revocado de igual forma. Para retrasar el proceso y
favorecer al régimen, el CNE estableció que la recolección de firmas se realice
a fin de octubre, con sólo unas 5,000 máquinas “capta-huellas” en vez de las
19,500 correspondientes y con sólo 1,300 centros de votación en zonas
mayormente rurales; y anunció sin base alguna que el RR se realizará recién el
primer trimestre del 2017. Tampoco ha convocado las elecciones para
gobernadores que deberían efectuarse antes de fin de año.
Ahora
que el chavismo se ha quitado la máscara, es hora de acabar con la pasividad de
la comunidad democrática inter-americana. No se puede ignorar el fraude
electoral, el encarcelamiento de líderes opositores (más de 100 ya), la
alteración del orden
constitucional democrático y la tragedia humanitaria que sufre Venezuela. La
democracia y la dignidad humana son indivisibles, no tienen frontera ni
nacionalidad. La no-intervención es secundario; la defensa de los derechos
humanos y la democracia es lo prioritario.
Lo
urgente y moral es un pronunciamiento de las democracias americanas en sus
foros hemisféricos. Un pronunciamiento que censure las transgresiones de Maduro; que demande la realización del RR en tiempo y
forma, permitiendo que el electorado venezolano, el soberano, decida, pacífica
y electoralmente, el destino del país, tal como lo establece su propia
Constitución; que exija se liberen los presos políticos y se
permita la asistencia humanitaria y la observación electoral; y que advierta al gobierno de posibles sanciones
económicas y diplomáticas, y de una posible suspensión de la organización como
ya lo hizo el MERCOSUR.
En esa
dirección va una reciente declaración de Argentina, Brasil, Chile, México,
Paraguay y Perú que expresa su “preocupación” por la decisión del CNE respeto
del RR, que tiene el “efecto de postergar” su realización y distorsionar su
sentido. Destacable es también que el presidente argentino, Mauricio Macri,
haya declarado la necesidad de “hacer lo imposible” para que el RR se realice
este año. Igualmente, merece resaltarse que el Secretario General de la OEA,
Luis Almagro, haya activado la Carta Democrática Inter-Americana para llamar la atención sobre la
crisis política y humanitaria venezolana e iniciar un proceso de “apreciación
colectiva” de la misma. Pero no es suficiente, se requiere la acción
diplomática/política colectiva de la mayoría de los Estados miembros
de la organización.
La
incógnita es si esa mayoría permanece impávida y cómplice de Maduro por
omisión, o denuncia sus violaciones a los derechos humanos y su alteración del
orden democrático venezolano.
Clarín, Buenos
Aires, 14/09/16
Venezuela: Urge re-activar
la Carta Democrática
Rubén M. Perina
En ocasión del 15° aniversario de la aprobación de la
Carta Democrática Inter-Americana (CDIAM) de la OEA, en Lima el 11 de
septiembre de 2001, su reciente “activación” en el caso de la erosionada
democracia venezolana amerita una revisión con miras a su re-activación. La
Carta es un compromiso de los 34 Estados miembros de la OEA, asumido
libremente, con el ejercicio, la promoción y defensa, individual y colectiva,
de la democracia representativa.
En la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 23
de junio pasado, una mayoría (20) de sus miembros aprobó escuchar el devastador
informe sobre la erosionada democracia venezolana de su Secretario General,
Luis Almagro, quien convocó la reunión, invocando el artículo 20 de la CDIAM.
El régimen chavista y sus menguantes aliados (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El
Salvador y algunos países del Caribe) no lograron impedir la presentación de
dicho informe. La reunión terminó sin discusión del mismo, sin declaración o
resolución alguna del cuerpo y sin fijarse fecha para continuar el tratamiento
del tema. Para algunos, especialmente la oposición venezolana, la mera
realización de la reunión en el marco de la Carta significó que su aplicación
se había activado; para otros, ello no quedó tan claro.
El proceso de aplicación de la Carta quedó así en
suspenso. Se pasó implícitamente a una suerte de cuarto intermedio para
permitir la reflexión de los Estados miembros sobre el informe del Secretario
General, y esperar los avances del diálogo entre el gobierno y la oposición,
facilitado por los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín
Torrijos. El diálogo, auspiciado originalmente por UNASUR, había obtenido un
amplio apoyo en una reunión previa del Consejo Permanente.
Pero el diálogo no ha mostrado resultado alguno;
parece más bien ilusorio y un engaño. El gobierno expresa su adhesión al mismo,
pero radicaliza su intimidación, persecución y encarcelamiento de líderes de la
oposición y del Asamblea Nacional; lo usa como cortina de humo para ocultar, en
vano, la alteración del orden constitucional, la polarización y persecución
política, la violación de derechos y libertades fundamentales y la calamitosa
situación humanitaria en el país, así como para encubrir su obstaculización de
la convocatoria del Referéndum Revocatorio, para evitar que se efectúe este
año.
El régimen
anticipa una barrida electoral de Maduro; lo que significa su colapso, el fin
de la impunidad, el probable enjuiciamiento y encarcelamiento de dirigentes
involucrados en corrupción y narcotráfico. Además, para distraer y justificar
su creciente represión, Maduro alega la existencia de una conspiración
internacional para derrocarlo.
El aparente fracaso del diálogo debería motivar la
re-activación del proceso de aplicación de la Carta Democrática. Ello
requeriría la realización urgente de otra reunión del Consejo Permanente para
recibir un actualizado informe del Secretario General y otro sobre el estado
del diálogo, y en base a ello efectuar una “apreciación colectiva de la
situación” venezolana, ahora empeorada, así como “adoptar las decisiones que
[se] estime conveniente.” Presumiendo la existencia de una mayoría que permita
su convocatoria ¿Qué decisiones podrían adoptar los Estados para “promover la
normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela? (Art. 20).
Primero, una de ellas sería fortalecer el supuesto
diálogo en curso, cuyo objetivo sine qua non debería ser acordar la realización
del Referéndum este año, liberar los presos políticos y permitir la asistencia
humanitaria -tal como han reiterado el Secretario General de la OEA y los
quince países más importantes de la organización. El diálogo se podría
fortalecer con la observación y/o facilitación adicional de representantes de
Estados miembros.
Segundo, alternativa o adicionalmente, los Estados
miembros podrían decidir conformar una misión diplomática de buenos oficios
tendiente a lograr “la normalización de la institucionalidad democrática”; o
sea, lograr que el gobierno chavista termine con las arbitrariedades y
persecuciones políticas, con la violación a los derechos humanos, las
libertades fundamentales y el estado de derecho, y con la obstrucción al
proceso convocatorio del Referéndum para este año –la única salida democrática
de la crisis.
Tercero, si lo anterior resulta infructuoso para
restaurar el orden democrático, el Consejo Permanente podría decidir convocar
una Asamblea General extraordinaria para evaluar posibles sanciones
diplomáticas, financieras, comerciales y, eventualmente, con el voto de “los
dos tercios de los Estados miembros” (Art.21), suspender al gobierno venezolano
de la organización, como ha ocurrido en otras ocasiones con gobiernos
transgresores de los compromisos con la democracia. Dado que la crisis política
y humanitaria ha empeorado dramáticamente desde la presentación del informe del
Secretario General Almagro, urge re-activar el proceso de aplicación de la
Carta Democrática en el caso de la malversada democracia venezolana.
El Nacional, Caracas
Paraguay enfrenta a Venezuela
RUBÉN
M. PERINA 5 DE SEPTIEMBRE 2016 - 12:01 AM
En los últimos meses
Paraguay ha cuestionando la democracia venezolana y la legitimidad del gobierno
de Nicolás Maduro para presidir el Mercosur. Maduro mismo, paradójicamente, lo
confirmó, en su usual lenguaje soez y engañoso: “La presidencia la estamos
ejerciendo más allá de las maniobras rastreras, miserables y ruines de la
‘triple alianza’ encabezada por el gobierno strossnista de Paraguay”.
La ilegitimidad del régimen
chavista es notoria, es cada vez más autoritario, represivo, corrupto,
militarizado, ideologizado e inoperante. Los informes del secretario general de
la OEA y de Human Rights Watch lo atestiguan. Como ello contraviene los
compromisos del Mercosur con la democracia y los derechos humanos, el
presidente Horacio Cartes y su canciller, Eladio Loizaga, han propuesto medidas
regionales para evitar que el gobierno de Maduro ocupe la presidencia pro
témpore del bloque, desafiando abiertamente, como pocos, al régimen chavista.Paraguay
tampoco olvida la abierta intromisión del entonces canciller Maduro en 2012,
durante el juicio político que destituyó al presidente Lugo; ni su suspensión
ilegal del Mercosur, en represalia; ni el ingreso ilícito de Venezuela al
mismo.
En mayo, la Cancillería
paraguaya exhortó al gobierno venezolano a respetar “las instituciones
democráticas, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertades
individuales”, y le advirtió “que existen compromisos y mecanismos regionales…
que pueden ser aplicados...”. En junio el canciller paraguayo le solicitó a su
homónimo de Uruguay, Nim Novoa, que presidía el bloque hasta el 29 de julio,
que convocara una reunión de cancilleres del Mercosur para “evaluar la
situación... de Venezuela... conforme al Protocolo de Ushuaia sobre el
Compromiso Democrático del Mercosur…”. Se buscaba impedir que Venezuela asuma
la presidencia automáticamente. La reunión no se logró por falta de consenso.
Uruguay, favorecía el
traspaso de la presidencia a Venezuela, una vez cumplidos los seis meses de su
turno y siguiendo el orden alfabético. Por ello convocó una reunión del
Consejo del Mercosur, a pesar de las objeciones de Brasil y Paraguay, que
decidieron no asistir. De todas maneras, Uruguay dejó la presidencia e
implícitamente aceptó su transferencia automática, sin cuestionar, por razones
de política partidaria interna, el grave deterioro de la democracia venezolana.
Pero no hubo traspaso
automático ni formal como es habitual; la mayoría de los socios fundadores no
lo aceptaron. Y a pesar de la autoproclamación de Maduro al frente del bloque,
el canciller Loizaga sentenció: “No hay traspaso y la presidencia queda
vacante”, vetando la pretensión venezolana. La Cancillería paraguaya, además,
notificó que había verificado el incumplimiento de Venezuela a las obligaciones
del Protocolo de Adhesión al Mercosur”.
Argentina y Brasil, luego de
titubeos y ambivalencias, coincidieron con Paraguay en su decidida oposición al
régimen chavista: 1) Verificaron su incumplimiento de los requisitos formales
de adhesión plena, incluyendo la ratificación de compromisos comerciales y en
particular los relacionados con la democracia y los derechos humanos. 2) Denunciaron la alteración del
orden democrático y la violación de derechos humanos. El canciller brasileño,
José Serra, señaló que Venezuela “se encontraba bajo un régimen
autoritario”, y que “un país que tiene presos políticos no [es]…
democrático”. 3) Aunque apoyan el diálogo entre el gobierno y la oposición –que
es ilusorio y un pretexto del chavismo para evitar el referéndum revocatorio
contra Maduro– también insisten en que este debe realizarse este año, de lo
contrario sería “una farsa”. 4) Y han manifestado, inequívocamente, su
oposición a que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur. La canciller
argentina, Susana Malcorra, ha propuesto que la misma sea “colegiada”.
La oposición de los tres
socios fundadores a la presidencia de Venezuela motivó los habituales
improperios de Maduro, quien, desubicadamente, les notificó que asumía la
presidencia del bloque, asegurando que “somos presidentes de Mercosur y lo
vamos a ejercer plenamente”; y denunció que Venezuela “es perseguida por esta
triple alianza de torturadores de Suramérica.., [por] la oligarquía paraguaya
corrupta y narcotraficante.., [por] el demacrado Macri de Argentina, fracasado,
repudiado por su pueblo, y [por] la dictadura de Brasil”.
El canciller Loizaga
contestó los “indignantes exabruptos” de Maduro, anunciando que se congelaban
las relaciones con Venezuela y que el embajador paraguayo no retornaría a
Caracas. Anunció además que el “gobierno de Maduro no reúne las condiciones
democráticas… que son parte del ADN del Mercosur…” y que no aceptarían “la
presidencia de Venezuela, ni ninguna convocatoria que hagan”, reiterando que Venezuela
no cumplió con los requisitos para ser miembro pleno. También exigió a Maduro
“que libere a los opositores presos” y lo acusó “de bloquear el parlamento
venezolano a través de la justicia”.
El rechazo a la presidencia
venezolana se confirmó el 23 de agosto. Los coordinadores nacionales de los
miembros originales, reunidos en la sede de Montevideo, constataron el
incumplimiento de Venezuela de los requisitos de incorporación plena y
acordaron que se estaría funcionando con solo “reuniones imprescindibles” y con
una “conducción colegiada” hasta diciembre. Y quedó para decisión de los
cancilleres si se suspende o no a Venezuela. No obstante ello, Venezuela
convocó para el día siguiente a los países miembros, con el fin presentar “los
lineamientos de su presidencia…”. A la cita solo llegó Uruguay.
El no reconocimiento de la presidencia de
Venezuela por parte de los socios fundadores es otro duro golpe diplomático a
Maduro. El anterior lo recibió en la OEA, cuando no pudo evitar que su
secretario general presentase su devastador informe sobre la fallida democracia
chavista. Pero es la primera vez que su gobierno es sancionado por no cumplir
con sus compromisos sobre democracia y derechos humanos. La sanción
en mucho se debe a la persistente y firme diplomacia paraguaya.
El Nacional,
Caracas
20 de junio
2016 - 12:01 AM
La
Activación de la Carta Democrática en Venezuela
La próxima reunión
(23 de junio) sobre la situación de Venezuela, solicitada por el Secretario
General de la OEA (SG/OEA), Luis Almagro, en el marco de la Carta Democrática
Inter-Americana (CDIA) de la OEA, revela, uno, la creciente pérdida de poder
del chavismo y sus aliados (los que le quedan), que han buscado
desesperadamente bloquear la activación de la Carta y cualquier debate
institucional sobre la situación venezolana; y dos, la indudable vigencia,
cuestionada hasta hace poco, de dicho instrumento. Almagro ha logrado así instalar
la discusión formal sobre la crisis humanitaria y política/democrática por la
que atraviesa el país (que el régimen chavista niega), así como demostrar
la vigencia de la OEA y su CDIA como un instrumento válido y útil para
ello.
La Carta es
el resultado de un proceso histórico que comienza a principios de los 80 con el
retorno de la democracia en la gran
mayoría de los Estados del continente. El proceso incluye, entre otros, la aprobación de la Resolución 1080,
“Democracia Representativa,” en la Asamblea General de 1991, con la que los Estados
miembros se comprometen actuar inmediatamente ante una “interrupción abrupta o
irregular” del orden democrático en uno de ellos. La Resolución se aplicó en
cuatro casos, y en todos ellos se consiguió
restaurar la institucionalidad democrática: En Haití, en 1991; en Perú
en 1992; en Guatemala en 1993; y Paraguay en 1996 para prevenir un golpe de
estado. En 1992, los países miembros establecen
la posibilidad de suspender de la OEA a un gobierno que surja de un
golpe de estado.
La CDIA,
aprobada en 2001, avanza sobre esos
compromiso inter-americanos en la defensa colectiva de la democracia. En ella
los Estados miembros acuerdan (Art.1) por primera vez que la democracia “es un
derecho de los pueblos...y que los gobiernos tienen “la obligación de promoverla
y defenderla.” También fortalece el
rol de la OEA en la prevención de la
ruptura institucional, permitiendo (Art. 17) que el gobierno de un Estado
miembro pida asistencia al SG/OEA o al Consejo Permanente para preservar el
orden democrático cuando considere que éste o el legítimo ejercicio del poder
está en peligro. Así, a solicitud de los gobiernos de Nicaragua (2005), Ecuador
(2005) y Bolivia (2005 and 2008), el organismo actuó con diligencia y
efectividad, enviando una Misión de Buenos Oficios que logró que las crisis
políticas no llegasen a quebrar la institucionalidad democrática.
Para
convocar al CP/OEA, Almagro invocó el
Art 20 de la Carta que estipula que en caso que en un “Estado Miembro se
produzca una alteración al orden constitucional que afecte gravemente su orden
democrático,” y autoriza al SG/OEA “solicitar la convocatoria inmediata del CP/OEA para realizar una apreciación colectiva
de la situación.” Su informe sobre la crisis venezolana sustenta su petición y se
apega al mandato de la Asamblea General
(2014) de presentar “un informe al Consejo Permanente en todos los casos en que
su actuación sea prevista por la Carta…” Este no deja dudas de que en Venezuela
se ha alterado el orden democrático, pero esto es lo que los Estados miembros
tendrán que determinar en la reunión del 23 de junio.
El mandato de la Carta es
particularmente relevante y útil en el caso venezolano, donde el propio
gobierno altera veladamente (golpe en cámara lenta) el orden democrático. El
régimen chavista concentra y abusa el poder, creyendo que por haber ganado
elecciones presidenciales (fraudulentas) puede flagrantemente irrespetar la
separación e independencia de poderes,
restringir las libertades fundamentales, violentar el estado de derecho,
manipular las elecciones y descalificar y apresar a la oposición, que ahora es
mayoría y controla el poder legislativo.
El análisis colectivo de
la crisis venezolana puede servir de base para generar diálogo, negociación y la
construcción de consensos entre los contrincantes políticos/institucionales,
que podría contener la violencia y evitar una implosión o ruptura violenta del
orden democrático. Honduras, antes del
golpe de 2009, se podría haber beneficiado de este tipo de acción. El debate, sin embargo, para ser justo y constructivo,
debe incluir la voz del poder legislativo, en manos hoy de la oposición, con
abrumadora mayoría. Ello enriquecería el conocimiento de los Estados miembros
sobre la situación y fundamentaría una decisión colectiva en defensa de la
democracia. No sirve una sesión donde sólo se escucha al régimen chavista.
La reunión seguramente concluirá con un llamado al diálogo (tantas
veces prometido y no cumplido por el chavismo) pero deberá ser un diálogo con
el propósito concreto y perentorio de facilitar la realización del Referéndum
Revocatorio este año, con la observación del proceso por un grupo reducido y neutral
de Cancilleres. Es la manera cívica y constitucional de resolver la crisis y
evitar la implosión. El soberano pueblo es el que debe decidir la dirección del
país.
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