La OEA y la erosión
de la democracia en Venezuela
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Disyuntiva en la OEA: ¿parálisis o sanciones?
Rubén M. Perina
13 de julio de 2017
La reunión de consulta de ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA (RC/OEA), realizada en Cancún el 19 de junio
pasado, tuvo que suspenderse otra vez por falta de mayoría o consenso entre los
Estados miembros. Se lograron sólo 20 de los 23 votos necesarios para
adoptar una declaración sobre la situación venezolana que había sido
propuesta por “los 14” (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y consensuada
con países caribeños (Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Santa
Lucía). Los demás se abstuvieron o se opusieron, argumentando, bajo presión o
extorsión venezolana, que la declaración era violatoria del principio de no
intervención. Para los demócratas del hemisferio y la mayoría de venezolanos el
resultado fue decepcionante.
La declaración no adoptada era menos exigente y
contundente que previas declaraciones de los países proponentes. Manifestaba su
preocupación por la situación venezolana; expresaba la urgente necesidad de “un
revalorizado diálogo y negociación”; llamaba al cese de la violencia, al
respeto del Estado de derecho y los derechos humanos, al acuerdo sobre un
calendario electoral, a la reconsideración de la convocatoria de la Asamblea
Constituyente, lo más controvertido; y proponía la conformación de un grupo de
apoyo y facilitación del diálogo. El documento no pedía la liberación de los
presos políticos o el cese de la represión, las detenciones arbitrarias y el
enjuiciamiento de civiles en la Justicia militar, ni la restauración de los
poderes de la Asamblea Nacional, ni la apertura humanitaria. Esto sí lo exigía
la declaración de 11 países al final de la reunión.
Sin embargo, dos recientes eventos han
despertado nuevas preocupaciones y desafíos. Uno, el violento ataque chavista a
la Asamblea Nacional y sus diputados el 5 de julio, que ha desatado la condena
de la comunidad internacional y del secretario general Luis Almagro, quien, una
vez más, se ha adelantado a los Estados miembros y ha solicitado la
convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA
(CP/OEA), lo que muestra nuevamente su liderazgo y su compromiso democrático.
La convocatoria tiene ahora más relevancia por el significado del otro evento:
la “liberación” del prominente líder político, Leopoldo López, en un régimen de
“casa por cárcel”.
Con la sorpresiva “liberación”, el régimen
pretende reducir o descomprimir la presión interna de la calle, de las redes
sociales y de la solidaridad externa, presión que ha mellado la confianza y la seguridad de sus miembros.
Ya se nota su creciente fragmentación y vulnerabilidad. El régimen intenta
distraer y generar dudas en la comunidad internacional y busca oxigenar a sus
aliados para que se opongan a cualquier intento de condena en la OEA. Pero la
concesión es tardía e insuficiente. Hay más de 1.400 presos políticos y más de
90 muertos, se sigue desconociendo a la Asamblea Nacional y ahora a la fiscal
general, y no hay calendario electoral.
Pero lo más grave y nefasto para la democracia
venezolana es que el régimen continúa con su intención de instalar la Asamblea
Constituyente, con la cual se eliminarán las instituciones republicanas, sus
garantías y sus libertades, la independencia de poderes, las elecciones
directas, libres, secretas y observadas, y se constituirá un régimen de control
absoluto por parte del madurismo.
En este crítico y apremiante momento para la
democracia venezolana, el grupo de “los 14”, se encuentra en la disyuntiva de,
por un lado, permanecer paralizado por la falta de mayoría o consenso; o, por
otro lado, intensificar los esfuerzos colectivos para salvar la democracia
venezolana y aliviar la crisis humanitaria. Si de esto último se trata, dada la
intransigencia caribeña para sumarse a los dos tercios en la RC/OEA, “los 14”
deberán, colectiva o individualmente, realizar todas las gestiones posibles con
los ocasionales aliados caribeños (Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía), para
asegurar una mayoría de 18 en la reunión del CP/OEA convocada por Almagro,
mayoría que permitiría adoptar una declaración similar a la de los 11 en
Cancún. Aunque su llamado al diálogo será en vano e inútil, ya que este tiene
que terminar necesariamente en un acuerdo sobre elecciones, la única solución
lógica y democrática a la crisis, y esto el régimen no lo puede aceptar porque
sabe que pierde y que es suicida, al menos que se otorgue a sus líderes
salvoconducto e inmunidad por los crímenes cometidos.
Pero existe otro escenario de posible acción
colectiva, más radical. Ello implicaría pasar de las declaraciones de
preocupación y crítica a las sanciones, fuera o dentro del marco institucional
de la OEA. En principio, una resolución del CP/OEA podría autorizar a los
Estados miembros para que, colectiva o individualmente, tomen medidas que
consideren pertinentes, incluyendo sanciones. Pero como es improbable que se
adopte tal resolución, los Estados miembros pueden, fuera de la OEA y en el
marco de sus potestades soberanas, aplicar una serie de posibles sanciones,
como ya lo han hecho algunos países, para presionar e inducir a Maduro a que
restaure el orden democrático y respete los derechos humanos y las libertades
fundamentales de sus ciudadanos.
Entre las posibles sanciones, colectivas o
individuales, figuran el retiro de embajadores (Paraguay), la suspensión de
relaciones diplomáticas y consulares, la expulsión de diplomáticos y agregados
militares, el embargo de armas y de equipos de represión (Brasil), la
suspensión de exportaciones (excepto alimentos y medicina) y de importación de
petróleo o productos derivados, o de permisos para su refinado, la suspensión
del pago de deuda por petróleo, el congelamiento de activos financieros o
económicos de individuos pertenecientes al régimen (Estados Unidos), la
suspensión de créditos, de proyectos de inversión o de programas de
cooperación, entre otras.
El autor es ex funcionario de OEA y profesor de la
George Washington University.
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El Caribe paraliza la OEA
Rubén Perina
14 de junio de 2017
La reunión de cancilleres de
la OEA del 31 de mayo pasado, para desilusión de los demócratas de este
hemisferio, concluyó sin consenso sobre qué decir o hacer sobre
Venezuela. La decisión se postergó hasta la reunión de la Asamblea
General de la OEA, a celebrarse en Cancún entre el 19 y el 21 de junio.
El proyecto de declaración
presentado por Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y Perú, acompañado por
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay y
Uruguay ("los 14") no obtuvo el apoyo de los países del Caribe
inglés, ni por supuesto de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y El Salvador. La
declaración pretendía expresar la "profunda preocupación" de los
Estados miembros sobre la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria
que azota Venezuela. Hacía un llamado al cese de la violencia; al respeto de
los derechos humanos, del Estado de derecho y de las competencias de la
Asamblea Nacional; al cese de las detenciones arbitrarias, de los juicios
militares y de la iniciativa de una Asamblea Constituyente; a la liberación de
presos políticos; a la elaboración de un calendario electoral, así como a una
renovada negociación que conduzca a un "acuerdo político amplio". Ofrecía
"proveer asistencia humanitaria" y conformar un grupo de Estados
miembros para facilitar el proceso de negociación entre la oposición y el
gobierno.
La declaración,
no intervencionista pero solidaria con el pueblo venezolano, que proponía una
solución negociada y democrática (elecciones), no pudo aprobarse, ni por
consenso o simple mayoría de 18 Estados miembros.
La OEA es efectiva sólo cuando
hay consenso y armonía entre sus Estados partes, y entre estos y el secretario
general. Por lo contrario, cuando hay división y tensión en estas relaciones,
ello deriva en parálisis o inacción, como ahora, a pesar de la tiranía y la
tragedia humanitaria que padece uno de sus miembros.
Esta vez la parálisis resultó
de la decisión en bloque de la Comunidad del Caribe Inglés más Haití (Caricom,
con unos diecisiete millones de habitantes aproximadamente) de no acompañar
la propuesta de la mayoría de los países latinoamericanos, más Estados
Unidos y Canadá (con unos mil millones de habitantes). Las reglas
"democráticas" de la organización (un país, un voto) permitieron que
una minoría demográfica obstruyese el intento diplomático de la mayoría de
avanzar en la defensa y la promoción colectiva de la democracia, tal cual
lo establece la Carta Democrática Interamericana (CDIA) de la OEA. "Nos
tienen de prisioneros" comentó un embajador latinoamericano.
En los últimos años la mayoría
de los países del Caricom miembros de la OEA, con la excepción ocasional de
Bahamas, Barbados, Jamaica y St. Lucia, ha rechazado, siguiendo la línea
chavista, cualquier intento de siquiera tratar la crisis venezolana en el
Consejo Permanente de la OEA. En esta ocasión, los
caribeños rechazaron la propuesta "los 14" y propusieron una
declaración alternativa, que coincidía en algunos puntos con la anterior,
pero que parecía más preocupada por no "violentar" el principio de no
intervención y no ofender a Nicolás Maduro. Al no lograrse una redacción
consensuada entre las dos, se acordó suspender la reunión y continuar
negociando hasta la Asamblea General.
La posición caribeña extraña a
los demócratas de las Américas, porque son países con tradición de democracia
parlamentaria liberal. Su postura además indigna porque parecieran ser
incapaces de sentir empatía con la mayoría de la población venezolana y su
sufrimiento, y parecieran desconocer la tiranía, la represión gubernamental,
las muertes diarias y la tragedia humanitaria. Los caribeños objetan el
tratamiento del tema venezolano, invocando el principio de no intervención y de
soberanía estatal, pero con ello ignoran el compromiso colectivo de
defender y promover la democracia representativa y la soberanía popular.
Prefieren así apegarse, presionados o extorsionados por Maduro, a los
beneficios coyunturales (menguantes) de la dádiva chavista vía PetroCaribe.
También parecen ignorar que
invocar el principio de la no intervención en este caso es un despropósito,
contrario a los consensos y los compromisos establecidos por todos los Estados
miembros en su CDIA; y que no se lo puede invocar para ocultar la ruptura del orden
democrático y la violación a los derechos humanos. Si el argumento es
desconocimiento de lo que ocurre en Venezuela, la reunión de cancilleres o la
Asamblea General podría escuchar un informe sobre la situación en Venezuela de
las autoridades de la Asamblea Nacional, de la fiscal general y de la Comisión
Interamericana de Derechos humanos, y no sólo una diatriba de la canciller
venezolana.
En América hoy día lo
prioritario es la vigencia y la defensa de los derechos humanos y la
democracia, y no la no intervención necesariamente.
El autor es ex funcionario de
OEA y profesor en la Universidad de George Washington.
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Fortaleza y Debilidad de
la OEA
EL NACIONAL, CARACAS,
21 DE ABRIL DE 2017 01:42 AM |
ACTUALIZADO EL 21 DE ABRIL DE 2017 07:41 AM
Rubén M. Perina, Ph.D.
El 5 de abril, la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se
presentó, por tercera vez en los últimos meses, en el Consejo Permanente de la
OEA (CP). Allí, pública y soezmente repitió sus insultos contra el
Secretario General (SG) Luis Almagro, por su actualizado informe sobre la
malversada democracia venezolana. También vilipendió a la mayoría de los
estados miembros que el 3 de abril habían resuelto, en el marco de la Carta
Democrática Interamericana (CDIA), que se había “alterado gravemente el
orden constitucional democrático,” que las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) “constituyen una violación del orden constitucional… a pesar de
su reciente revisión..” y que es “esencial que el gobierno…asegure la plena
restauración del orden democrático.” Todo ello a pesar de la estridente,
insolente y poco diplomática oposición de la delegación venezolana y sus
menguantes aliados, que se retiraron de la reunión.
La Resolución de la OEA fue un logro histórico de la Carta
Democrática. Por primera vez una mayoría de estados miembros activa la
Carta en contra de un gobierno que altera el orden democrático, y ya no en
contra de una amenaza o un golpe de estado tradicional contra un gobierno
democrático, como ha ocurrido en el pasado. La Resolución además significa una
nueva y rotunda derrota para la “diplomacia” del Presidente Maduro y sus
aliados; también representa un triunfo para los esfuerzos en defensa de la
democracia del secretario general y de los países invocadores de la CDIA,y una
reivindicación de la relevancia de la OEA. Confirma también la
validez y nueva fortaleza de la CDIA como el instrumento multilateral por
excelencia para la defensa y preservación colectiva de la democracia.
La canciller del chavismo, como de costumbre, también denigró a los
diputados de la Asamblea Nacional (AN) y los acusó de golpistas, vende patria,
desestabilizadores, lacayos del “hegemón”y de estar en desacato de la
Constitución, entre otros improperios; y aseguró que no ha habido ruptura
del orden constitucional y que las instituciones del poder público funcionan
según lo establece la Constitución.
Si bien los representantes de los estados miembros y el SG pueden
defenderse de tales abusos e insultos, los diputados o representantes de la AN
carecen de la posibilidad de responder “en vivo y en directo”en el CP a los
agravios de la canciller. La OEA es un ente intergubernamental tradicional, un
club de los Poderes Ejecutivos y de sus embajadores, y no consiente la
participación de otro Poder del estado en el seno del CP, sin la autorización
del Poder Ejecutivo. Al debatirse la alteración de la institucionalidad
democrática en un estado miembro supuestamente democrático, no permitir la
participación de todas las partes involucradas, excepto la del Poder ejecutivo,
es un despropósito; y hasta parece injusto y antidemocrático no escuchar la
otra parte del conflicto inter-institucional.Y aquí yace precisamente una
de las debilidades presentes de la OEA.
La OEA, siendo un foro de democracias representativas para la
preservación de la democracia, debería en principio poder oír el testimonio de
la otra parte del actual conflicto entre Poderes en Venezuela. Ningún
país ni el secretario general tienen la propiedad que posee el Poder
legislativo para responder a las agresiones del Poder ejecutivo y su
canciller. Con la voz del “otro” se podría lograr un entendimiento más completo
de la conflictiva realidad, lo que facilitaría la apreciación y decisión
colectiva. Hubiese sido beneficioso para todos oír a un representante de la AN
refutar a la canciller que, abusando de su exclusivo lugar en el CP, se dedicó
a atacar impunemente a la oposición y los diputados de la AN.
Es de destacar que la OEA ha dejado de ser un foro solamente para
la resolución de conflictos entre estados –propósito principal para el cual fue
fundada en 1948. Hoy día, con su papel de promotor/defensor de la
democracia es también un foro para la consideración y resolución de conflictos
internos que amenazan la democracia de un estado miembro, con el
potencial o no de amenazar la paz y seguridad regional.
Los conflictos inter-institucionales entre el ejecutivo y otros
Poderes del estado seguirán siendo en el futuro causa de la alteración del
orden democrático. Si se pretende que la OEA sea un justo y válido foro
de democracias representativas (cuyos Poderes públicos son supuestamente
iguales e independientes), para facilitar la negociación y la construcción de
consenso entre instituciones en conflicto en uno de los estados miembros,
éstos deberán tarde o temprano considerar una reforma a su carta orgánica
para permitir en su seno la voz de cualquiera de las instituciones agraviadas
en un conflicto inter-institucional, particularmente si el transgresor es
el Poder ejecutivo. En su defecto y mientras tanto, el secretario general
o un estado miembro podría solicitar un informe de la institución
agredida para presentarse al Consejo Permanente (o reunión de Cancilleres) al
momento de considerarse la alteración del orden democrático en el estado
miembro concernido.
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07/04/2017 - 00:00
Clarín,
Debate
Venezuela sigue fuera del límite
La
alteración del orden constitucional democrático en Venezuela continúa. Ello a
pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se retractó de las
sentencias que despojaban a los diputados de inmunidad parlamentaria y asumía
las competencias de la Asamblea Nacional, en flagrante violación del orden
constitucional y perpetrando un claro “golpe judicial.” En histórica decisión,
los estados miembros de la OEA adoptaron, el 3 de abril, una Resolución que por
primera vez activa la Carta Democrática Interamericana (CDIA) de la OEA; esto,
en términos de la alteración del orden democrático contra un gobierno
dictatorial que lo violenta, y no en contra de una amenaza o golpe militar
contra un gobierno democrático, como ha ocurrido en el pasado. La alteración constitucional
provocó la condena y la exigencia de la restauración del orden democrático por
parte de la comunidad internacional, incluyendo Unasur, Mercosur y la Unión
Europea. Hasta la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reconocida chavista,
expresó su preocupación por la sentencia del máximo tribunal.
También
ocasionó la nueva convocatoria del Consejo Permanente de la OEA (CP) por parte
del secretario general Luis Almagro y de una veintena de estados. En vista de
ello, el presidente Maduro obligó al TSJ a retractarse y anular sus sentencias.
Pero la retracción no restauró a plenitud las funciones del Poder legislativo.
Más de cincuenta sentencias del TSJ amarran y desconocen todavía las
competencias de la Asamblea Nacional y le otorgan -inconstitucionalmente- super
poderes al Presidente.
La
alteración ya había sido constatada en la reunión del CP del 28 marzo pasado,
convocada a raíz del contundente informe del secretario general y de la
solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Estos
países, ya habían expresado su profunda preocupación haciendo un llamado
urgente a “que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos
políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea
Nacional, y que se establezca un calendario electoral para las elecciones
pospuestas”. La reunión para analizar la situación venezolana se realizó a
pesar de la furiosa y poco diplomática oposición de Venezuela y de sus aliados,
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y algunos países caribeños, y no
obstante que su Canciller había exigido su cancelación.
Una
derrota que denotó el creciente aislamiento y desubicación del presidente
Maduro, evidente ya en su suspensión del Mercosur en 2016. Los diplomáticos
venezolanos se dedicaron, sí, a desdeñar a la organización, agraviar a los
estados miembros convocantes y denigrar a Almagro en términos soeces.
En
la reunión la mayoría de los países constató la “alteración del orden constitucional
democrático” en Venezuela”. México advirtió al chavismo que no se puede alegar
“intervencionismo” para ocultar la alteración del orden democrático y la
violación de los derechos humanos. A la reunión del 3 de abril, sin embargo,
inéditamente, el presidente pro-tempore del CP, el representante de Bolivia,
Diego Pary, decidió suspenderla, violando el reglamento. Un grave e inútil
episodio diplomático conjurado por la agonizante alianza chavista.
Los
países convocantes procedieron, con mayoría, a realizar la reunión con la
presidencia de Honduras, a pesar de la estridente y no diplomática oposición de
Venezuela y sus aliados, que se retiraron. La mayoría del CP aprobó la
Resolución, que expresa “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional
del orden democrático…y su apoyo… al diálogo y la negociación para… la
restauración pacífica del orden democrático”.
La
Resolución supone una nueva y rotunda derrota para la “diplomacia” madurista y
sus menguantes aliados; también representa un triunfo para los esfuerzos en
defensa de la democracia del secretario general, y de los países americanos
invocadores de la Carta Democrática, un triunfo de la OEA.
Confirma
también la validez de la CDIA como el instrumento multilateral por excelencia
para la defensa y preservación colectiva de la democracia. La supuesta
imprecisión del concepto de “alteración del orden democrático” (Arts. 19 y 20)
había conspirado contra la posibilidad de su aplicación. Establecer su
ocurrencia es un requisito para su invocación y aplicación.
Ahora
el régimen chavista ha provisto el modelo empírico de lo que significa ese
concepto; o sea, ha aportado los criterios para su aplicación. El próximo paso
requiere presión para el cumplimiento de lo resuelto por el CP, lo que podría
incluir los buenos oficios de los Cancilleres para una negociación entre el
Poder legislativo y el Poder ejecutivo, que acuerde los mecanismos para el
llamado a elecciones -la única solución democrática a la crisis- la liberación
de los presos políticos, la restauración de las funciones del Poder legislativo
y la apertura de un canal humanitario, o en su defecto la convocatoria de una
reunión de Cancilleres para considerar la suspensión de Venezuela de la
organización
Rubén M. Perina es ex funcionario de la OEA. Profesor de la George
Washington University
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