09/02/2018 - 21:11
Venezuela, entre la
espada y la pared
Las negociaciones entre el gobierno venezolano y la
oposición en República Dominicana (7 de febrero), fracasaron una vez más. Como
era de esperar, el gobierno no aceptó ofrecer garantías para una elección presidencial
integra y confiable, con observación electoral, como propusieron los
cancilleres garantes (Chile, Mexico, Nicaragua, Bolivia) y la oposición.
El “diálogo” y las negociaciones siempre han sido una
farsa, evidente desde hace tiempo. La dictadura madurista lo ha usado para
engañar a la comunidad internacional y mostrarse “democrático,” mientras que al
mismo tiempo ejerce un control autoritario y descarado del poder electoral, el
poder judicial y el poder legislativo vía una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
inconstitucional, que actúa más bien como poder destituyente.
El régimen mantiene presos o exiliados a líderes
opositores, o simplemente los ejecuta extra-judicialmente como a al ex Capitán
Oscar Pérez y otros siete alzados en armas contra la dictadura; inhabilita
líderes de la oposición (Capriles, Ledesma, López, Machado); suprime la
libertad de prensa; desconoce la legítima Asamblea Nacional, con mayoría
absoluta de la oposición desde diciembre de 2015; organiza elecciones
regionales fraudulentas (octubre 2017); no permite la ayuda humanitaria, porque
develará la calamidad que azota al pueblo venezolano, y fuerza el éxodo de 4
millones de votantes de la oposición. En medio de las negociaciones proscribió
ilegalmente a la coalición opositora (Mesa de Unidad Democrática-MUD) para las
elecciones, y convocó elecciones anticipadas para el 22 de abril de este año.
A nadie le queda dudas ya de que el verdadero
propósito del régimen era usar las negociaciones para perpetuarse en el poder. Ante
la farsa, el Paraguay, uno de los invitados independientes como garante del
dialogo, nunca se presentó, México y Chile participaron pero se retiraron al
develarse las intenciones del régimen.
El fracaso de las negociación y la convocatoria
electoral pone a la oposición venezolana entre la espada y la pared. Si no
participa en las elecciones presidenciales convocadas adelantadamente por el
régimen chavista deja a la población sin alternativa y la cancha abierta a
Maduro y sus secuaces, para seguir subyugando al pueblo venezolano
indefinidamente y destruyendo al país. Si, por otro lado, participa en
elecciones dudosas, no confiables y no observadas, amañadas por el régimen, su
derrota está garantizada; y si gana, por si acaso y descuido del régimen, como
en las legislativas de diciembre de 2015, tampoco es seguro que el régimen le
permita asumir o que no tenga preparado su desconocimiento, como ocurrió con la
Asamblea Nacional (AN) por parte de la fraudulenta ANC.
Pero el régimen también se metió entre la espada y la
pared. La cúpula del régimen sabe que convocar elecciones limpias, justas y
observadas es un suicidio. Los narco-gobernantes y corruptos del régimen saben
que al perder, se les termina sus privilegios, inmunidad/impunidad, mantenidas
hasta ahora por las armas y la ilegalidad, y van todos presos o a exilio. Por
otro lado, si convocan y ganan elecciones no confiables, no observadas, la
comunidad internacional no reconocerá su victoria, su aislamiento será mayor y
las condenas y sanciones aumentarán, la crisis económica financiera y la
calamidad humanitaria empeorarán. Podrá sobrevivir sólo con más represión.
El Grupo del Lima (los 14 países mas importantes del
continente ), más Estados Unidos, finalmente se ha dado cuenta de la farsa.
Mientras que hasta hace poco le daban prioridad al diálogo, en su último
comunicado de Santiago de Chile (enero 2018), desconocen la ANC por
inconstitucional, condenan el adelanto de las elecciones (y menos sin garantías
suficientes) y advierten que no reconocerán al nuevo gobierno que surja de
tales comicios.
Además, Estados
Unidos, Canadá y la Unión Europea ya han impuesto sanciones financieras y
restricciones de viaje contra miembros del régimen, y se están considerando
otras sanciones económicas contra el estado venezolano. El Secretario General
de la OEA, Luis Almagro, inclusive ha pedido más sanciones contra miembros del
régimen. Así mismo, la Conferencia Episcopal Venezolana ha rechazado la
imposición de elecciones al igual que los partidos de Leopoldo López y de María
Corina Machado que además han abandonado el dialogo.
La única salida de democrática es un acuerdo y un
compromiso firme y vigilado por la comunidad internacional, para la convocación
de elecciones integras a su debido tiempo, o sea, elecciones libres, justas,
transparentes, sin ventajismos, con nuevas autoridades electorales en el CNE,
con libertad de prensa, y, por supuesto, observadas estrictamente por la
comunidad internacional.
El Grupo de Lima, convocado el 13 de febrero en Lima,
para considerar la situación venezolana debería considerar las consecuencias
para la paz y la seguridad regional de la radicalización y atrincheramiento de
la dictadura madurista y explorar la imposición, unilateral o colectiva, de
serias sanciones diplomáticas, comerciales y financieras contra individuos del
régimen y contra el estado venezolano. Podrían empezar excluyendo a Maduro de
la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en abril del corriente año.
Rubén M. Perina, ex-funcionario de
OEA, es profesor de la Universidad de
George Washington.
El Nacional, Caracas
La comunidad internacional y
Venezuela: más sanciones
10 DE FEBRERO DE 2018 12:10 AM
En círculos académicos, diplomáticos y periodísticos de esta capital
últimamente ha crecido la inquietud sobre qué más puede hacer la comunidad
internacional para contribuir a la restauración del orden democrático en
Venezuela.
Parece que la comunidad internacional ha llegado, finalmente, a dos
conclusiones: una, que el gobierno de Maduro es una dictadura, un régimen
tirano, sostenido solo por la fuerza y el control de los medios y todos los
poderes del Estado, y que además ha sumergido al país en la peor debacle
económica de su historia, con una profunda crisis humanitaria, alimentaria y de
salud pública; y la otra, que el régimen madurista no se irá “por las buenas”,
o sea, por una vía democrática de negociación y elecciones.
La única salida pacífica y democrática de una dictadura es a través
de elecciones íntegras y confiables, es decir, elecciones libres, justas,
transparentes, sin ventajismos y con libertad de prensa, con autoridades
electorales independientes y observadas internacionalmente. Y a esto es lo que
la comunidad internacional creyó por años que se llegaría por medio del diálogo
y la negociación. En República Dominicana la negociación fracasó (7 de
febrero de 2018) porque siempre ha sido una farsa. Por ello, Paraguay, uno de
los invitados como garante del diálogo, nunca se presentó y México se retiró,
al igual que Chile, el último esperanzado.
El régimen pretende dialogar y mostrarse democrático mientras ejerce
un control descarado del Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder
Legislativo vía una asamblea nacional constituyente inconstitucional, que actúa
más bien como poder destituyente. Es que el régimen no puede ir a elecciones
íntegras y observadas porque sabe que las pierde. Es suicidarse. La cúpula sabe
que al perder se le terminan sus privilegios e impunidad, mantenidos por las
armas y la ilegalidad, y van todos presos o al exilio. Pero aun si
hubiesen acordado realizar elecciones íntegras, quién podía creer que el
régimen las iba a respetar, si ni siquiera respeta su propia Constitución
chavista.
En vista del fracaso del diálogo ¿qué medidas o presiones,
colectivas o individuales, puede adoptar la comunidad internacional? Para, por
ejemplo, convencer a los personeros del régimen de que abandonen pacíficamente
su intención de perpetuarse en el poder, ofreciéndoles garantías de
seguridad/impunidad (ver el tratado de paz en Colombia) para exiliarse o
participar en elecciones íntegras. Veamos el amplio espectro disponible, de
declaraciones a sanciones/acciones posibles:
El Grupo del Lima (los 14 países más importantes del continente),
más Estados Unidos, hasta hace poco clamaba en la OEA por el diálogo; ahora, en
Santiago de Chile (enero de 2018), el grupo desconoció la ANC por
inconstitucional, condenó el adelanto de las elecciones (y sin garantías
suficientes) y advirtió que no reconocerá al nuevo gobierno electo en tales
comicios. El grupo podría excluir a Maduro de la cumbre que se realizará en
Lima en abril. Líderes del Congreso peruano ya han pedido que se le declare
persona no grata. Es probable que algunos presidentes se sientan incómodos con
la presencia de Maduro y Raúl Castro y no participen. Mercosur ya expulsó a
Maduro por violar su cláusula democrática en agosto de 2017.
El Grupo de Lima puede adoptar una serie de posibles sanciones no
militares contra los personeros del régimen y el Estado venezolano, más allá de
la condena, la exclusión o el no reconocimiento; incluyendo, por ejemplo, la
ruptura de relaciones diplomáticas, militares y comerciales, la
prohibición de viaje, el congelamiento de bienes y activos financieros,
el embargo (bloqueo) de armamentos, así como de petróleo y sus derivados.
Sanciones que podrían perjudicar a la población, pero ¿puede el pueblo
venezolano sufrir todavía más agravios y daños de los que está sufriendo ahora,
bajo el sofocante y tiránico régimen?
Estados Unidos, por su parte, ya ha sancionado a más de 40
funcionarios del régimen, con prohibición de viaje, congelamiento de bienes y
activos financieros, y comienza a explorar otras opciones (gira de Tillerson
por varios países de la región, febrero de 2018). El secretario de Estado
descartó la opción militar (mencionada por Trump). La región también rechaza
categóricamente esa posibilidad. En vista está un embargo petrolero, a pesar de
que afectaría importantes intereses económicos en Estados Unidos. Un embargo de
armas o un bloqueo militar es probable que no esté totalmente descartado,
particularmente si el régimen se convierte en una amenaza seria para la
seguridad y paz de la región.
Venezuela (y su petróleo) está controlada por militares, corruptos,
narcotraficantes y lavadores de dinero manejados por la inteligencia militar
cubana, una combinación vulnerable a la penetración de China y Rusia.
Esta última nación controla 49% de Citgo, la compañía venezolana de petróleo y
distribución de gasolina en Estados Unidos. El régimen madurista depende cada
vez más económica, financiera y militarmente de ambos países extra-continentales.
Tillerson podría expresarles su interés de que dejen de sostener la dictadura
madurista. La cercanía de Trump con Putin podría ayudar.
Por otro lado, Canadá, miembro del Grupo de Lima, y la Unión Europea
también han impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje
contra miembros del régimen, y han exigido la apertura de un canal
humanitario y la realización de elecciones íntegras y observadas. Las
sanciones probablemente aumenten.
La OEA, como entidad colectiva, no ha logrado condenar y
suspender a la dictadura de Maduro por su violación a la Carta Democrática
Interamericana. En la reunión de cancilleres de Cancún (junio de
2017), el Grupo de Lima no logró los 18 votos necesarios para adoptar una
resolución crítica de la situación en Venezuela. Se opuso la “alianza chavista”
compuesta por 14 países del Caribe más Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Sin
embargo, su secretario general, Luis Almagro, ha continuado (en solitario)
condenando las violaciones de los derechos humanos y a la democracia en
Venezuela (ver sus devastadores informes) y ha pedido a la comunidad
internacional aumentar las sanciones contra el régimen. También considera
enviar a la Corte Penal Internacional un informe de expertos sobre violación de
los derechos humanos de lesa humanidad, tras audiencias públicas convocadas por
él en la OEA.
El Consejo Permanente de la OEA debería debatir y pronunciarse sobre
el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
Venezuela. La organización es efectiva solo cuando sus diferentes instancias
actúan al unísono. ¿Se reunirán los 18 votos necesarios? Puede ser, Jamaica,
Santa Lucía (firmantes de la declaración del Grupo de Lima de Santiago) e
incluso el Ecuador de Lenín Moreno ya no se sienten cómodos con la dictadura de
Maduro, y podrían apoyar una condena al régimen.
Washington, D.C. 8 Febrero 2018
