Thursday, February 13, 2020


Elección en la OEA y su Nueva Realidad
Rubén M. Perina, Ph.D.*

(versión modificada de la publicada en Clarin el 5 de febrero 2020
)

Para la elección del próximo Secretario General de la Organización de los Estados (OEA), el 20 de marzo próximo, los Estados miembros deberán tener en cuenta la nueva realidad de la Organización. Desde su creación (1948), la OEA ha sido el principal e indispensable foro inter-americano para la cooperación entre sus Estados miembros. En sus primeros 40 años se enfocó en la seguridad, la paz y el desarrollo socio-económico del continente. Hoy su realidad no es la misma:

1. Para 1985, la mayoría de sus miembros retornaron a la democracia y reformaron la Carta constitutiva para promover y defender colectivamente la democracia representativa. La Argentina lideró la iniciativa junto a Brasil, Chile y Uruguay, entre otros. México acompañó reluctante; EEUU se opuso al principio, pero en los 90 la apoyó con entusiasmo, sin dominarla. Aplicando la Resolución 1080 “Democracia Representativa” (1991) y luego la Carta Democrática Inter-Americana (2001), la organización contribuyó a revertir golpes de estados en Haití, Perú, Guatemala o prevenirlos en Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. En 2009 se suspendió al gobierno hondureño surgido de un golpe de estado.

2. Lo anterior cristalizó un cambio de paradigma en las relaciones inter-americanas a favor del principio pro-democracia, definido como la no-indiferencia a las transgresiones contra la democracia y el involucramiento solidario en su defensa. Así, la OEA ha dejado de ser un foro para tratar sólo asuntos de cooperación o de conflictos entre los Estados miembros, para ser uno donde también se consideran asuntos internos de sus miembros, cuando de proteger la democracia y los derechos humanos se trata.

3. El sacrosanto principio de la No-intervención ha perdido su supremacía absoluta. Al comprometerse los Estados miembros a ejercer y defender la democracia y respetar los derechos humanos, inevitablemente ceden grados de soberanía absoluta y no pueden invocar el principio para ocultar sus transgresiones.  Ya no hay silencio ni indiferencia cuando ellas ocurren.

4.  En los últimos años, sesiones del Consejo Permanente han tratado la situación política interna de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sin el consentimiento de sus respectivos representantes, y a pesar de su objeción y la de otros miembros, que rechazan esta nueva practica multilateral.

5. Recientemente, la organización se ha encontrado con un Secretario General (Luis Almagro) más autónomo o independiente y con más protagonismo político que sus antecesores. Para sus adherentes, sus informes sobre la tiranía chavista/madurista y la tragedia humanitaria causada, han logrado que los Estados miembros se enfoquen en la situación venezolana. Almagro desconoció la legitimidad de Nicolás Maduro, y reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente (e) de Venezuela. Para sus seguidores (exilados venezolanos, EEUU, Colombia y Ecuador, que han propuesto su re-elección), Almagro es un paladín de la democracia, que además ha elevado la visibilidad y presencia de la OEA en el hemisferio.

Para sus detractores, Almagro es una suerte de “Llanero Solitario” que se ha extralimitado en su rol, y que prácticamente ignora a los Estados miembros, no los consulta ni busca consenso para un mandato que le permita actuar en nombre de la organización en tiempos de crisis. Para éstos, sus duros informes y pronunciamientos públicos contra Maduro lo han descalificado para facilitar negociaciones entre el régimen y la oposición; y no han logrado su caída, pero sí su retirada de la OEA. Tampoco ha pasado desapercibido su comportamiento contradictorio en Bolivia, primero apoyando la re-elección de Evo Morales y luego acusándolo de intentar un golpe de estado vía fraude en las de elecciones del 20 de octubre de 2019. 

6. Varios países han criticado su actuación y no apoyan su re-elección, incluyendo el gobierno saliente de su país, Uruguay.  Antigua and Barbuda y St Vincent and the Grenadines hasta han presentado la candidatura de la ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Un escenario sin precedentes: dos candidatos a la Secretaría General que no tienen el apoyo de sus países.  Otro candidato, el embajador Hugo de Zela, sí cuenta con el aval de su país, Perú.

7. El Grupo de Lima, los principales 14 países del hemisferio (sin EEUU), se constituyó en 2017 bajo el liderazgo peruano para buscar fuera de la OEA una solución negociada a la crisis venezolana.  Se creó porque la polarización ideológica en el organismo impide consensuar una acción colectiva efectiva, y por la percepción de que la postura combativa de Almagro frente a Maduro no permite al organismo actuar como intermediario neutral en un proceso de negociación. 

8.  Con la misma lógica, en el Consejo Permanente se formó un Grupo de Trabajo sobre la situación en Nicaragua. Su propósito es facilitar la negociación entre el gobierno y la oposición.  La instancia además permite oír la voz de la oposición, inusual para un organismo inter-gubernamental donde sólo se escucha la voz del representante del poder ejecutivo.

Así, en su evaluación de los candidat@s para la Secretaría General, los Estados miembros tendrán que considerar cuál de ell@s representa la mejor opción para manejar una organización que en los últimos años ha experimentado cambios significativos en su naturaleza.




*  Ex funcionario de OEA. Autor del libro The Organization of American States as the Advocate and Guardian of Democracy, 2015

Clarin, 10/01/2020

Evo Morales, persona non-grata
La presencia del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en Argentina genera una serie de desafíos para el nuevo gobierno argentino. El político boliviano se ha dedicado a organizar a sus partidarios para las elecciones de mayo próximo, interviniendo directamente en la política boliviana y violando las condiciones de su asilo.

Además, la Fiscalía General de su país lo ha acusado de ordenar el asesinato en 2009 de tres ciudadanos húngaros que supuestamente conspiraban en el Hotel Las Américas de Santa Cruz; de ordenar a sus seguidores que no se permita la entrada de alimentos y gasolina en ciudades como Santa Cruz, copada por protestas contra el fraude electoral; y de usurpar funciones presidenciales al “inaugurar” una obra en Tarija vía celular desde Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno argentino sigue cobijando a Morales y no condena sus actividades contra el gobierno interino de Bolivia. Además, ha intentado bloquear su ingreso al Grupo de Lima, generando tensión con éste.


El apoyo del gobierno argentino a Morales más su acercamiento a Maduro y su desconocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó, en Venezuela, tampoco han caído bien entre los “latinoamericanistas” de la administración Trump, y también les preocupa la influencia del anti-norteamericanismo de Cristina Kirchner. Ya han advertido informalmente que esa tendencia podría costarle a Argentina el apoyo de Estados Unidos en el FMI para reestructurar la deuda y podría afectar las inversiones en Vaca Muerta.
Por otro lado, la mala información o la ceguera ideológica parecen no permitirle al Presidente Fernández y su equipo entender la naturaleza fraudulenta del régimen de Evo.   
 En primer lugar, Evo Morales cometió un fraude electoral que la Misión de Observación Electoral de la OEA constató en su contundente informe de auditoría sobre los comicios del 20 de octubre de 2019. Con ello, el ex mandatario boliviano violó los principios y compromisos de la Carta Democrática Inter-Americana de la OEA, lo que Argentina debería condenar.
Segundo, el fraude comenzó desde su re-elección en 2009. Con la mayoría de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en el poder legislativo, Evo Morales copó el poder judicial y electoral con sus adeptos, y adquirió un poder hegemónico que usó para buscar reelegirse indefinidamente y perpetuarse en el poder. Un (auto) golpe de estado en cámara lenta al estilo de Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua.
Con ese cometido, manipuló las instituciones para modificar la Constitución de 2008-9,que limita la re-elección a dos términos. Para eso, convocó el referéndum de febrero de 2016, pero la ciudadanía se lo negó. Contrariado por la derrota, desconoció el resultado y ordenó alTribunal Constitucional que derogue la prohibición constitucional, alegando que violaba sus derechos humanos. El Tribunal así lo hizo en noviembre de 2017, y el Tribunal Supremo Electoral habilitó su reelección al año siguiente.
En tercer lugar, su gobierno coartó la libertad de prensa y persiguió a opositores políticos y periodistas, como lo describen los informes del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos (Fundación Nueva Democracia) y como lo han denunciado varios líderes indígenas, laConfederación de Pueblos Indígenas (CIDOB) y la Central de Obreros Bolivianos (COB) que además pidió su renuncia.
Por último, también ha propagado la engañosa narrativa del golpe de estado. Cuando en realidad lo que produjo su renuncia y huída fue la movilización ciudadana que clamaba fraude y rechazaba su pretensión de perpetuarse en el gobierno. Contribuyó a ello la negativa de la Policía y las Fuerzas Armadas de reprimir a los manifestantes, y la sugerencia de su comandante de que renuncie.
Evo Morales ni esperó que la Asamblea Nacional considerase su renuncia; simplemente renunció y abandonó el poder y el país. Ante el inusitado vacío de poder, la segunda vice-presidente del Senado, Jeanine Añez, sin presencia de la mayoría “masista”, asumió la Presidencia de la República. El traspaso de poder fue irregular pero institucional y no inconstitucional.

Dadas las circunstancias excepcionales “de inmediatez y emergencia…y de la exigencia constitucional de resolver el vacío de poder”, la asunción fue constitucional. La misma fue ratificada por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional (12 de noviembre de 2019), y luego, un dato no menor, por los diputados del MAS que admitieron que Evo renunció y abandonó la presidencia.
La narrativa del golpe no tiene sustento fáctico. Nadie tomó el poder por la fuerza y por tiempo indefinido, ni se suspendieron las instituciones. Evo Morales ha violado las condiciones de asilo, es reclamado por la Justicia de su país y ha cometido fraude electoral para consolidar su propio auto-golpe y perpetuarse en el poder. Debería ser declarado persona non-grata en Argentina.
Rubén M. Perina es ex funcionario de la OEA y analista político residente en Washington.

Friday, September 27, 2019


Las recurrentes crisis argentinas

Politicos economistas: en 1988, Guido DiTella, Domingo Cavallo y Alvaro Alsogaray.
Politicos economistas: en 1988, Guido DiTella, Domingo Cavallo y Alvaro Alsogaray.

25 de septiembre de 2019
La presente incertidumbre financiera y política de la Argentina no es nada nuevo: forma parte de un patrón de círculos viciosos recurrentes. Una revisión rápida de la historia contemporánea argentina nos revela la cruda realidad de una república con una dirigencia política que periódicamente conduce el país a situaciones de crisis económica/financiera y política.
Desde 1952 ha habido ocho de ellas (1958/9, 1967, 1975/6, 1985, 1989, 2001 y 2018), con el colapso de la moneda argentina y la pérdida de ahorros y del valor de inversiones, activos e ingresos.
Todas relacionadas a déficit fiscales imprudentes, balanza de pagos negativa, emisión monetaria y endeudamiento excesivo, inflación y devaluación exorbitantes, corralitos y recesión económica. Como causa y/o efecto de ello, el país ha padecido golpes de estado, dramáticas renuncias y rápidas sucesiones presidenciales, tanto bajo regímenes militares como democráticos, y ahora una profunda polarización sociopolítica.
¿Cómo explicar este fenómeno perverso, en un país que hace 100 años poseía una de las 5 o 6 economías mas dinámicas del mundo? Una explicación hipotética quizás la encontramos en ciertos rasgos de la cultura política (valores, actitudes y prácticas políticas), que parecen prevalecer en una porción significativa de la ciudadanía y la dirigencia política argentina:
1. La inclinación autoritaria, que se refleja en los golpes de estado y las dictaduras militares, frecuentes en la historia argentina, y hasta en gobiernos electos, con transgresiones a libertades fundamentales, persecución política, represión estatal y violaciones a los derechos humanos. Este rasgo está asociado también al abuso de poder, al excesivo intervencionismo estatal en la vida económica, al control de precios y de cambio, a la manipulación de estadísticas y al proteccionismo.
2. El extremismo o ceguera política de derecha e izquierda, a pesar del retorno de la democracia en 1983, incluyendo la incapacidad de negociar y construir consensos sostenibles de gobernanza democrática, que frecuentemente conduce a la inestabilidad política o crisis de gobernabilidad, con su consecuente inseguridad financiera y cambiaria, estancamiento y recesión económica. Surge probablemente de este rasgo la llamada grieta, reflejada en la división y enfrentamiento entre populistas autoritarios y republicanos democráticos, entre sectores de menos recursos y los más pudientes, entre el campo agro-ganadero y la metrópolis tecno-industrial y burocrática, entre Buenos Aires y el Interior y entre piqueteros y ciudadanos ocupados. 
3. La tentación populista, demagógica y clientelista para ganar elecciones y permanecer en control del Estado. Ello abarca el ofrecimiento, y una vez en el poder, la provisión de subsidios para electricidad, transporte, agua, educación, salud y otros, de transferencias monetarias a familias en situación de pobreza (30%), de puestos estatales para políticos y el empoderamiento de dirigentes sociales (punteros y piqueteros de sindicatos y cooperativas) para movilizar el apoyo callejero y electoral --generando dependencia económica y sumisión política.
4. La adicción de la dirigencia política al déficit fiscal excesivo, para cubrir los costos del populismo y sostener un electoradodependiente y clientelista. Imprudencia fiscal que resulta en deuda, inflación, devaluación y default -que inevitablemente perjudica más a sectores de menos recursos, que sin embargo se mantienen disciplinados políticamente por los subsidios y los planes sociales. Los gastos del Estado incluyen transferencias a partidos políticos y sus dirigentes para actividades partidarias y electorales, así como pautas publicitarias para medios afines al gobierno. Unos 9 millones de contribuyentes cubren los gastos con sus tributos, mientras que 19 millones se benefician de ellos.
5. La prevalencia de la corrupción, por obsesión con el poder o por el deseo de enriquecimiento. Ello involucra a funcionarios públicos, individuos o corporaciones del sector privado que se enriquecen indebidamente, vía soborno, prebendas, lavado de dinero, fraude, todo cubierto con una dudosa legalidad que garantiza la impunidad. Su omnipresencia la revelan diariamente los medios y las causas judiciales. La corrupción y la impunidad socavan las instituciones republicanas, incluyendo el sistema de pesos y contrapesos, la Justicia, el sistema electoral y además sustraen del Estado recursos para servicios sociales. Con frecuencia acompaña a la corrupción la ineptitud/improvisación de la dirigencia política,  erosionádose así la confianza en la democracia.
¿Cómo evitar estas recurrentes crisis estructurales? No hay medidas mágicas para producir de un día para otro un cambio transformador en la cultura política e instaurar una normalidad republicana y democrática.
El cambio no resultará tampoco de una reforma del Estado o de nuevas leyes (aunque la dolarización de la economía podría atenuar la adicción al déficit y la tentación populista). Sólo se logrará fortaleciendo la cultura política republicana y democrática a través de un largo proceso de enseñanza y aprendizaje de valores y prácticas cívicas y democráticas como tolerancia, probidad, transparencia, rendición de cuenta, diálogo, moderación y prudencia, confianza mutua y respeto por la libertad y la igualdad, la diversidad y el pluralismo, etc. Valores y prácticas que se socializan a través del hogar, el sistema educativo, los clubes, los partidos políticos y los líderes sociales, entre otros. “Es la educación, estúpido”, diría Sarmiento.
Rubén M. Perina es Analista político, ex funcionario de la OEA y profesor de la George Washington University.


Tuesday, September 17, 2019


Venezuela y la vigencia del TIAR

Setiembre 2019
Debate

Ofrece el marco jurídico que justificaría la acci{on colectiva y coercitiva de sus miembros para eliminar la amenaza regional que representa la dictadura de Maduro.



09/09/2019 - 16:36
·       Crisis En Venezuela
·       Latinoamérica
La reciente decisión de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela de reincorporar el país al Tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca (TIAR) obliga a hacer un repaso de su naturaleza y propósitos. El TIAR es un instrumento jurídico inter-americano pactado en 1947, en los albores de la Guerra Fría, por todos los países latinoamericanos más Estados Unidos y Trinidad y Tobago, 22 en total, menos Cuba ahora. Los firmantes se comprometieron a “resolver pacíficamente las controversias entre si…” (Art. 2); así como a la defensa mutua en caso de un ataque o agresión de un Estado (miembro o no) contra un Estado parte, o en caso de un “…un hecho grave que pueda poner en peligro la paz de América….” (Art.5).  Con su firma se concretó una histórica aspiración Latinoamericana, desde mediados de siglo XIX, para unirse en contra del intento de la monarquía española de recuperar sus colonias, contra el intervencionismo norteamericano y luego contra la agresión comunista/castrista.

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Ha sido utilizado más de 20 veces en conflictos entre sus miembros: Entre otros para impedir el agravamiento de hostilidades fronterizas o ideológicas entre Nicaragua y Costa Rica, entre la República Dominicana y Venezuela, entre Haití y República Dominicana; para contrarrestar la agresión soviético/castrista contra Colombia, Venezuela y otros países y suspender por ello a Cuba de la OEA; o para restaurar la paz entre El Salvador y Honduras. Como se ve, NO es un instrumento anacrónico, ni obsoleto, ni diseñado sólo a conveniencia de EEUU para contener la expansión del comunismo internacional propagado por la ex Unión Soviética, como sus detractores arguyen. Al parecer, no se conocen su origen ni su razón de ser. Por ello o por su ceguera ideológica, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela lo denunciaron en la Asamblea General de la OEA de 2012 (México lo hizo en 2002). Adujeron además que el TIAR no funcionó para prevenir o contrarrestar la agresión británica de las Islas Malvinas en 1982. En realidad, en el marco del TIAR, se convocó la XX Reunión de Consulta, pero, aunque hubo expresiones de solidaridad con Argentina, no hubo consenso para una acción de defensa colectiva continental contra la Armada británica. (La guerra empezó con la desesperada y temeraria invasión militar de las islas por la dictadura militar argentina –dictadura represiva y a punto de caer. La triste y anunciada derrota produjo su colapso abrupto y el retorno de la democracia).
El TIAR ofrece el marco jurídico que justificaría la acción colectiva y coercitiva de sus miembros para eliminar la amenaza regional que representa la dictadura de Maduro, así como para restaurar la democracia en Venezuela.
La tragedia y la tiranía madurista han sido denunciadas ampliamente en la OEA por su Secretario General, su Consejo Permanente, su Asamblea General, su Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de Lima y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más de 50 democracias desconocen la legitimidad de Maduro y reconocen a Juan Guaido, presidente de la AN, como presidente interino de Venezuela. El régimen chavista, sustentado por Cuba, Rusia y China, ha desmantelado las instituciones democráticas, ha provocado una crisis humanitaria y migratoria (4 millores de refugiados) sin precedentes, ha cometido innumerables violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y ampara a narcotraficantes y a las guerrillas colombianas ELN y FARC. El régimen pretende ahora disolver la AN. Todo ello en violación de la Carta Democrática Inter-Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta constitutiva de la OEA. La Carta establece que la paz y la seguridad del continente “requieren...el ejercicio efectivo de la democracia representativa,” principio basado en la convicción de que las dictaduras son belicosas y agresivas, mientras quelas democracias por lo general cooperan y no se agreden entre sí.
En vista que la dictadura madurista es un“hecho grave” que amenaza la paz y la seguridad de sus vecinos, Colombia y Brasil, y de la región en general, la cuestión es ahora quién invocael Tratado y solicita una Reunión de Consulta, para tomar medidas colectivas de respuesta atal amenaza. Existen dos posibilidades: Una, que lo haga el presidente (e) Guaido,argumentandoque Maduro ha usurpado el poder legítimo y democrático del estado venezolano, y su alianza con los gobiernos anti-democráticos de Cuba, Rusia y China, más la presencia y sus relaciones con el ELN, las FARCS y el narcotráfico, son una verdadera amenaza para “la independencia y soberanía política de Venezuela” y por lo tanto para la paz y seguridad de las democracias del hemisferio. La otra, que lo invoquen los gobiernos de Brasil y Colombia, amenazados por la agresividad de Maduro, la avalancha migratoria y los santuarios de guerrilleros y narcotraficantes en Venezuela.

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La Reunión de Consulta puede tomar medidas colectivas coercitivas (Art. 8) que van de la ruptura o suspensión de relaciones, a sanciones/bloqueos financieros, económicos y comerciales, hasta acciones militares de cualquier tipo. También puede autorizar a sus miembros a tomar medidas colectivas o individuales, que consideren necesarias. Así, con el TIAR, los Estados partes podrán ayudar a revertir la tragedia humanitaria, restaurar la democracia en Venezuela y asegurar la paz y seguridad de la región. Por lo contrario, la inacción multilateral o colectiva de los miembros del TIAR allana el camino a la acción unilateral de los países poderosos.
Ruben M. Perina es Analista político, ex funcionario de la OEA y profesor de la George Washington University