Agosto 2019
https://www.perfil.com/noticias/ideas/una-perspectiva-estrategica-ruben-perina.phtml

Una perspectiva estratégica

Los benficios de un modelo alternativo basado en normas consensuadas y bien establecidas.

Por Rubén M. Perina y Peter Rashish

Después de 20 años de negociaciones, en junio pasado se anunció el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Aunque el pacto no parece entusiasmar a muchos, es de destacar que el mismo avanza hacia una visión liberal de la economía mundial, integrada vía acuerdos bilaterales e interregionales basados en normas consensuadas y bien establecidas. Es un modelo alternativo a los acuerdos empujados por al capitalismo de estado chino, o por las políticas comerciales norteamericanas actuales, basadas en el poder y marcadas por el proteccionismo, el nacionalismo y el uso de aranceles para presionar a sus socios comerciales

La urgencia del pacto. Los negociadores concluyeron el acuerdo en los últimos seis meses, durante la presidencia argentina (protempore) del Mercosur, con sorprendente rapidez. Varios factores desencadenaron la aparente urgencia en finalizar el pacto:

1. La incertidumbre de la reelección del presidente Macri en octubre. Una victoria de la dupla Fernández-Fernández de Kirchner (que ya cuestionó el pacto) rompería el consenso regional actual sobre mercado libre y apertura comercial. Macri insistió en concluir el acuerdo para romper el proteccionismo y aislamiento de Argentina y consolidar su reinserción en el mundo. El presidente Bolsonaro de Brasil lo apoyó.

2. Brexit y una nueva Comisión de la UE están a la vuelta de la esquina. Ambos podrían haber retrasado las negociaciones. La nueva mayoría centrista, moderada, en el Parlamento Europeo, dio a los negociadores europeos la confianza de que el pacto sería ratificado.

3. La creciente penetración económica e influencia china en los países del Mercosur. China es su principal socio comercial; la UE es el segundo. Rumores de negociaciones entre Estados Unidos y el Mercosur sobre un posible acuerdo de libre comercio, pudieron haber motivado a los negociadores europeos a concluir el pacto con rapidez.

4. La inseguridad sobre la economía mundial. La imprevisibilidad y la preferencia del presidente Trump por el unilateralismo y los acuerdos bilaterales, su rompimiento de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), su retirada de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y las turbulentas negociaciones comerciales con China no auguran bien para el continuo crecimiento de la economía mundial. El FMI ya ha pronosticado su desaceleración.

Ganadores y perdedores. En ambas regiones, los ganadores serán los consumidores, quienes tendrán acceso a una mayor y mejor oferta de bienes y servicios, sin presión inflacionaria. El mercado integrado tendrá unos 800 millones de consumidores, con un producto interno bruto de casi 24 billones de dólares. A corto plazo, los ganadores en los países europeos serán la industria automotriz y la aeronáutica, así como la de maquinarias, química y farmacéutica. Empresas de la UE podrán participar en licitaciones públicas para contratos gubernamentales, un mercado considerable. Aunque para ser competitivas, tendrán que transferir parte de su producción a países del Mercosur, los que se beneficiarán de las inversiones, con sus nuevas tecnologías y conocimientos, y de la consecuente creación de empleos. También accederán a un mercado de 28 naciones con un per cápita anual promedio de unos 30 mil dólares al año; y podrán vender sin aranceles sus productos agrícolas-ganaderos y sus derivados industriales.

En ambas regiones, el acuerdo ha suscitado oposición. En Europa el sector agrícola-ganadero de Francia, Irlanda y Polonia lo percibe como amenaza a sus intereses. Además, las exportaciones de Mercosur deberán superar las preocupaciones de los ambientalistas y cumplir con rigurosas normas sanitarias/fitosanitarias y laborales. Un inesperado obstáculo a la ratificación del acuerdo ha surgido a raíz de la tragedia ambiental en la Amazonía y un subsecuente un altercado diplomático entre el presidente Bolsonaro y el presidente Macron, quien ha retirado su apoyo al acuerdo. En el Mercosur, la oposición al acuerdo, al menos en Argentina, ha sido expresada por empresarios proteccionistas, líderes sindicales anacrónicos y políticos populistas.

Implicaciones estratégicas. Aunque el pacto tiene sus detractores, es de subrayar que el compromiso se basa no sólo en intereses económicos/comerciales, sino que también en una fuerte afinidad político cultural resultante de las grandes migraciones europeas que poblaron y desarrollaron los cuatro países del Mercosur en los siglos XIX y XX. Este vínculo histórico ha contribuido a superar la distancia y las asimetrías para formar una alianza que busca la prosperidad para ambas regiones.

El pacto, basado en normas y estándares rigurosos, tiene además implicaciones globales. Constituye una victoria de la cooperación entre dos bloques democráticos, con el potencial de devenir en una alianza estratégica y significativa en la defensa y promoción del libre comercio y la democracia. Ello de particular importancia en un mundo multipolar, cada vez más turbulento con la nueva prominencia de una China y Rusia antidemocráticas y revisionistas, y caracterizado por la lucha por el poder y su balance en lo económico, militar, cibernético y espacial. Un nuevo escenario global que ha sido facilitado por una administración estadounidense aislada y absorta en si misma, que parece ignorar su responsabilidad e interdependencia con el orden internacional liberal del que se ha beneficiado y que sus propios líderes construyeron después de la Segunda Guerra Mundial.

*Rubén M. Perina, ex funcionario de la OEA, enseña en la Universidad George Washington; Peter Rashish dirige un programa de geo-economía en la Universidad Johns Hopkins.

Agosto 2019
https://www.clarin.com/opinion/deficit-ajuste-dilema-gestion-desgastada_0_B1BiEr1BX.html 02/08/2018 - 0:

CLARIN. Debate
Déficit o ajuste, el dilema de una gestión desgastada

Rubén M. Perina
La inestabilidad económica provoca desilusión y pesimismo de parte de una ciudadanía irritada. Además, una puja distributiva descarnada entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Cómo consensuar políticas públicas que prevengan el déficit fiscal y sus consecuencia

 El déficit fiscal y su solución (como tantas veces en la historia argentina)  representan hoy, el desafío principal de la clase dirigente. Más allá de que es el resultado de gastar más de lo que se recauda, el déficit tiene raíces y consecuencias político-electorales.

Es el “déficit, estúpido,” diría un asesor político. Si bien existe un consenso ciudadano sobre cómo gobernarse (democracia representativa), no parece haberlo sobre cómo lograr prosperidad, mínima pobreza e inclusión/equidad social, con equilibrio fiscal, en una economía de mercado. Veamos distintos aspectos...

1. La génesis político-electoral del déficit 

En la competencia electoral por el control del Estado, los candidatos prometen gastos sociales “progresistas” para lograr la victoria que les permita gobernar. Se promete la reducción de la pobreza, programas de inclusión y seguridad social, subsidios para salud, educación, transporte, energía y otros. Promesas que rondan lo demagógico y “populista”, si no se identifican los recursos para cubrir sus costos.

Los nuevos gobernantes, para asegurar su popularidad y reelección, intentarán cumplir sus promesas, aunque ello signifique un déficit en las cuentas fiscales. Los beneficiados supuestamente serán los más necesitados, que en Argentina corresponden a un 25-30% de la población, porción significativa del electorado.

Si el déficit es abultado e incontenible (hoy más del 4% del PBI), es casi inevitable, a mediano plazo, una crisis financiera y económica, marcada, entre otros, por la alta inflación, la pérdida del valor adquisitivo del salario o de las transferencias y prestaciones sociales, la devaluación de la moneda, la corrida de divisas, la fuga de capitales, el estancamiento o recesión económica, el desempleo, el endeudamiento y hasta el cese de pagos de la deuda (default).

2. El déficit y sus consecuencias político-electorales

Como es de esperar, la inestabilidad económica genera inseguridad, insatisfacción e irritación en la ciudadanía, así como conflictividad social. Ello se expresa en una puja distributiva descarnada contra la inflación entre gobierno, sindicalistas y empresarios: el gobierno busca contener o disminuir sus gastos; los sindicalistas demandan aumentos salariales; los empresarios suben los precios y piden la baja de impuestos e intereses.

Se lo observa también en la calle, en las casi diarias protestas, piquetes, demostraciones, huelgas y violencia, así como en los medios, redes sociales y en las encuestas. El desgaste y la pérdida de capital político-electoral del Gobierno son notorios.

Su reelección se pone en dudas. En la historia reciente de la democracia argentina, el desenlace más dramático del desgaste y la desaprobación, como consecuencia de la incapacidad de contener el déficit fiscal, lo sufrieron los presidentes Alfonsín, Menem y de la Rúa.

Acompaña este escenario la debilidad de las instituciones (partidos, poder judicial, legislativo) y/o la incapacidad de la clase política para consensuar políticas públicas que prevengan el déficit fiscal y sus perversas consecuencias. La corrupción (el cáncer de la política argentina) lo complementa.

3. La alternativa: ¿el indeseado ajuste?

Tras la reciente turbulencia social y política (mayo 2018), causada por la alta y persistente inflación, la fuerte devaluación y la corrida del dólar, el presidente Macri finalmente expresó que “no se puede seguir gastando más de lo que se tiene” y que la “reducción del déficit, en forma contundente” (al 1,3% del PBI en 2019) es su objetivo principal.

Y eso no tiene otro nombre que un ajuste en los gastos del Estado. En términos del gasto social (75% del presupuesto), ello implica reducir o contener los subsidios a los servicios, las transferencias y prestaciones sociales, el seguro de desempleo y las jubilaciones; y congelar los salarios en educación, salud y seguridad.

Pero también significa contener o terminar el gasto “político”; esto es, frenar nuevas incorporaciones al sector público o nuevos contratos en instituciones y empresas del Estado (clientelismo político); congelar la obra pública y la emisión monetaria; rescindir las jubilaciones dobles y de privilegio, terminar con prebendas, coimas y sobreprecios en compras y contrataciones del estado (corrupción); controlar los subsidios a partidos políticos y los gastos en viajes, recepciones, publicidad y otros.

Pero, como es de esperar, el ajuste también conlleva, a corto plazo, el aumento del desempleo, la disminución del consumo, una menor inversión privada (por los altos intereses), una mayor evasión tributaria y trabajo en negro, con el inevitable estancamiento o recesión económica y su costo político.

Ante la deteriorada situación económica, la ciudadanía responsabiliza al Gobierno: en julio sólo un 30% a 36% aprueba su gestión. Cunde la desilusión, la insatisfacción y el pesimismo.

La oposición se envalentona y ve oportunidades electorales. El Gobierno, por su lado, espera que el ajuste genere, a mediano plazo, una baja considerable en la inflación, estabilidad cambiaria y confianza para atraer inversiones que reactiven la economía, el empleo y el consumo, con suficiente tiempo como para lograr una mayoría electoral que lo vuelva a elegir en las elecciones de noviembre de 2019. Allí el electorado podrá decidir qué prefiere: déficit fiscal o ajuste.

* Rubén M. Perina es catedrático de la Universidad de George Washington